_{Foto: Carlos Alonzo}

En la resolución emitida tras la audiencia de primera declaración, la jueza estableció que no existen indicios suficientes para vincular a Rodríguez a un proceso penal por los delitos de asociación ilícita y tráfico de influencias.

“En ningún momento (…) encuentro alguna relación que me dé a mí el indicio racional para poder determinar que hubo asociación ilícita para realizar todas las reparaciones de los daños en las adjudicaciones que fueron realizadas”, dijo Cruz Toscano.

Sobre el caso

El caso Asalto al Ministerio de Salud expuso una red criminal que operó entre 2012 y 2014, durante el gobierno del extinto Partido Patriota, bajo la gestión del exministro de Salud, Jorge Villavicencio. Este fue revelado en julio de 2019 por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), bajo el liderazgo del exfiscal Juan Francisco Sandoval y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) a cargo de Iván Velásquez.

Según archivos de la CICIG, la investigación identificó cobros de comisiones ilícitas por más de Q53 millones relacionados con contratos de obras, servicios, plazas fantasmas y adjudicaciones irregulares, particularmente tras el Estado de calamidad decretado por el terremoto de San Marcos, en noviembre de 2012.  

Juan de Dios Rodríguez, entonces secretario privado del expresidente Otto Pérez Molina y posteriormente presidente del IGSS, fue señalado por el Ministerio Público (MP) de influir en Villavicencio para adjudicar contratos de reconstrucción y reparación de hospitales a empresas vinculadas a su entorno. 

Según la FECI, Rodríguez, a través de su intermediario Roberto Samuel Dávila Meza, habría obtenido al menos Q7 millones en comisiones ilícitas por obras de reposición, parte de los Q17 millones estimados en sobornos por estos proyectos. Además, se le imputó participar en la autorización de contratos para servicios no prestados, beneficiando a allegados.  

Ocho años después, en abril de 2025, Rodríguez se presentó al Juzgado y enfrentó una audiencia de primera declaración, donde se le imputaron los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero, tráfico de influencias y fraude. 

El MP solicitó ligarlo a proceso el 4 de junio, pero la audiencia se postergó hasta hoy, 13 de junio, cuando la jueza Cruz resolvió la falta de mérito, cerrando el proceso penal en su contra por este caso.