El proceso de elección de fiscal general está a punto de finalizar y se encuentra ahora en manos del presidente Bernardo Arévalo. 

En el segundo día de entrevistas, Arévalo se reunió con Carlos Alberto García Alvarado y César Augusto Ávila Aparicio. Estas se realizan en privado, por decisión del mandatario, y las preguntas no se dieron a conocer. 

El 30 de abril finalizan las entrevistas, las cuales son el último examen que se realizará a los seis finalistas. La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia informó que el mandatario evaluará la trayectoria profesional de los participantes, su independencia institucional, los vínculos que puedan comprometer su imparcialidad, su capacidad para conducir la persecución penal en beneficio del Estado de derecho y su vocación de rescate institucional. Esto con el objetivo de recuperar la credibilidad del Ministerio Público, indicó la Secretaría. Arévalo tomará en cuenta también los méritos éticos de los candidatos. 

Con base en la información recabada, el presidente Arévalo hará el nombramiento de un nuevo fiscal general. 

Amparos pendientes 

La organización Guatemala Visible informó que existen 17 amparos presentados dentro del proceso de elección, entre los que se cuentan 13 acciones legales activas a  las que aún no se les ha dado una resolución definitiva. 

Nueve de ellas podrían incidir en el desarrollo o en el resultado del proceso, indica la organización, ‘’lo cual evidencia que la judicialización sigue siendo un factor relevante’’. 

Entre estas acciones está pendiente un amparo planteado por el Centro para la Defensa de la Constitución de Guatemala (Cedecon). La organización solicita que se realice el proceso de elección a la fase de evaluación de expedientes y que se excluya de la nómina final a los candidatos que no acrediten haber ejercido la abogacía durante más de diez años, que no hayan desempeñado un período completo como magistrados en una sala de apelaciones o bien en un tribunal colegiado de igual categoría.

Un recurso similar, presentado por Raúl Falla, consiguió que se anulara la primera nómina realizada y se repitiera la calificación de expedientes. 

Serán las cortes que conozcan los amparos quienes analicen el cumplimiento de los mismos, explicó Guatemala Visible. Los magistrados decidirán si mantener lo actuado o cambiar algún punto ya realizado del proceso, pero esto depende de la petición de fondo de cada acción presentada. 

Sin embargo, en cuanto a una posible petición para forzar al presidente a escoger al postulante que haya obtenido el mejor puntaje, no existe ninguna norma que obligue al presidente a hacer esto, aseguran. 

‘’La Constitución establece que debe designar a uno de los seis candidatos propuestos, lo que implica un margen de decisión propio’’, expuso la asociación. ‘’El puntaje sirve como referencia técnica, pero no constituye una obligación jurídica vinculante’’. 

El proceso de elección de fiscal general culmina con la decisión del mandatario, explicó Guatemala Visible, la cual no es impugnable.