Foto: Carlos Alonzo
El caso revelado en julio de 2019 por la FECI y la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) expone una estructura criminal que operó en el Ministerio de Salud entre 2012 y 2014, durante la gestión del exministro Jorge Villavicencio. El proceso está a cargo de la jueza Abelina Cruz, quien suspendió la audiencia y se reprogramó para el 4 de junio.

Según la investigación, la red cobró millonarias comisiones ilícitas por contratos de obras, servicios y plazas fantasmas, favoreciendo a funcionarios y aliados políticos. Se estima que los sobornos superaron los Q50 millones.
Desde mayo de 2015, Rodríguez también enfrenta cargos por el caso IGSS-Pisa, en el que se adjudicó irregularmente un contrato para tratamientos de diálisis, causando la muerte de pacientes. Además, está vinculado al caso Cooptación del Estado, señalado de financiar regalos lujosos para la cúpula del Partido Patriota, con fondos que superan los Q4 millones.
El exfuncionario ha sido señalado en el caso IGSS-Ambulancias (también conocido como IGSS-SAP-Ambulancias), por anomalías en la compra de 50 ambulancias, el arrendamiento de un edificio y la instalación del sistema SAP, una de las herramientas principales utilizadas por empresas e instituciones para gestionar y controlar sus recursos . En 2020, Rodríguez fue beneficiado por el juez Víctor Cruz con arresto domiciliario.
Por otro lado, también estuvo implicado en el caso Red de Poder, Corrupción y Lavado, que involucra una estructura de corrupción y lavado de dinero. En agosto de 2020, la jueza Erika Aifán dictó falta de mérito a su favor y del expresidente Otto Pérez Molina.
Actualmente, Rodríguez no se encuentra en prisión preventiva. En diciembre de 2022, un juez le otorgó medidas sustitutivas en los casos IGSS-Pisa y Cooptación del Estado. Goza de arresto domiciliario, arraigo y una caución económica.
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