Arte: Amílcar Rodas
El Decreto 36-2024, fue aprobado por un monto de Q148 mil 526.47 millones, sin embargo, debido a varias modificaciones que se establecieron en algunos artículos el techo presupuestario podría aumentar a más de Q152 millones.
Se trata del primer presupuesto solicitado por Bernardo Arévalo, pues durante 2024 se ha trabajado con el mismo presupuesto de 2023. El Congreso también aprobó este año una ampliación presupuestaria de más de Q14 mil millones.
Distintas cámaras empresariales manifestaron su preocupación por el aumento del techo presupuestario. El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), señaló que un presupuesto que utiliza el 80.1 por ciento para cubrir gasto corriente y solo 19.9 por ciento para inversión pública “abandona el propósito social y pone en riesgo la salud fiscal del país”.
Por su parte, la Cámara de Industria dijo que ve con preocupación el “incremento de más del 28 por ciento en comparación con el año anterior y no refleja las necesidades del país en materia de inversión».
Hallazgos
Ricardo Barrientos, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), indicó que han analizado varios hallazgos que generan preocupación dentro del presupuesto y explicó que los diputados sacrificaron las asignaciones a otros ministerios, como por ejemplo en el de Educación, Trabajo y Comunicaciones.
“El artículo 127 del Decreto aprobado tiene una distribución por municipio que vuelve a replicar todo lo que criticamos del incremento al aporte extraordinario a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede) que se aprobó en la ampliación presupuestaria en agosto”, dijo Barrientos.
Afirmó que este aporte a los Codede, al igual que en la ampliación presupuestaria, no tiene explicación ni justificación. Por ejemplo, el departamento de Jutiapa es el más beneficiado, señalando que se trata únicamente de criterios políticos.
Otras ampliaciones e incrementos al Presupuesto que generan preocupación en el Icefi son las dictadas en el artículo 129, donde se estipula un aumento de Q400 millones para el Ministerio de la Defensa y el aporte extraordinario a los Codede, por más de Q5 mil millones.
Para el Icefi también es cuestionable el aumento del presupuesto para el Organismo Legislativo, mediante el cual los diputados se recetaron un aumento salarial de má del 50 por ciento.
“Vemos que son varios artículos los que quedaron con asignaciones cuestionables y también una serie de ampliaciones cuestionadas”, dijo Barrientos.
Deuda pública
Según el Decreto 36-2024, la deuda pública para 2025 quedará en Q19 mil 962.1 millones, un aumento del 11.6 por ciento respecto a la vigente en 2024 que es de Q17 mil 893.7 millones.
Para Barrientos, por sí sola la deuda no es mala, sin embargo, genera preocupación cuando esta se utiliza para gastos corrientes dentro del presupuesto, lo cual, señaló, ha ocurrido en gobiernos anteriores.
“Prácticamente la mitad de la deuda pública bonificada, que está en manos de bancos privados nacionales e internacionales, va a financiar gasto corriente. Hemos dicho que el gobierno tiene que hacer un esfuerzo extra en justificar y en explicar por qué esto es económica o socialmente beneficioso”, dijo.
Barrientos indicó que el artículo 61 del Decreto busca regular estos aspectos de la deuda, pero que no hay mayores justificaciones.
Una aprobación con intercambio
Para el analista político Renzo Rosal, la aprobación del Presupuesto 2025 es como un tipo de intercambio, ya que el oficialismo pudo haber entregado buena parte de los renglones del presupuesto y alcanzar los votos necesarios para reformar el artículo 82 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada.
“Esa parte se cuestiona todavía más porque, aunque el canje de votos es usual en el Congreso, el tema del canje está resultando muy caro, están canjeando no cualquier ley, están canjeando el Presupuesto”, dijo Rosal.
En junio pasado, eP Investiga documentó que el ministro de Finanzas negoció con diputados de distintas bancadas una ampliación presupuestaria para los Codede. Las negociaciones tuvieron lugar en mayo en el Ministerio de Finanzas Públicas. Los articuladores fueron los diputados oficialistas Román Castellanos y Samuel Pérez, acompañados del ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, quienes presentaron los recursos designados en los municipios.
Sobre estas negociaciones y lo aprobado en el Presupuesto 2025 para los Codedes Rosal dijo que son cuestionables las asignaciones debido a que son instituciones “que se pervirtieron hace bastante tiempo”.
Mencionó que estas instancias surgieron con motivos muy válidos, como propiciar la participación ciudadana, pero eso se quedó atrás, ya que en la práctica se convirtieron en un instrumento político.
La justificación del Ejecutivo
El ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, dijo en conferencia de prensa que el Presupuesto 2025 está sujeto a leyes de transparencia y gestión del gasto público y aseguró que “no ve” ningún artículo donde se entregue un cheque en blanco.
Según el Ejecutivo, este Presupuesto busca mejorar la calidad y eficiencia del gasto y la inversión pública, además de que se busca garantizar la sostenibilidad de la deuda pública en un marco amplio de desarrollo.
Además, Menkos justificó que la Junta Monetaria emitió dictamen favorable para la colocación de la deuda.
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