La propuesta plantea crear la Ley de Apoyo Temporal de Emergencia para los Consumidores de Diésel y Gasolina Regular, la cual contempla un aporte estatal de Q12 por galón de diésel y Q3 por galón de gasolina regular para los consumidores finales en el territorio nacional.
Esta iniciativa fue anunciada el pasado viernes por el presidente Bernardo Arévalo, así como por el ministro de Energía y Minas, Erwin Barrios, y el ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos.
Tras ese anuncio del viernes, la iniciativa finalmente fue presentada por los diputados oficialistas José Carlos Sanabria, Victoria Godoy Palala, Brenda Mejía, Alma Luz Guerrero, Olga Villalba, Luis Ventura y Raúl Barrera.
Según la iniciativa, el subsidio estaría vigente desde la entrada en vigor de la normativa hasta el 31 de diciembre de 2026. No obstante, también establece que el beneficio concluiría de forma anticipada si se agotan los recursos asignados o si durante 15 días consecutivos los precios internacionales de referencia descienden por debajo de US$2.20 por galón para la gasolina regular y US$2.40 por galón para el diésel.
Para financiar la medida, los legisladores proponen una combinación de recortes y readecuaciones presupuestarias. El proyecto contempla una reducción de Q474 millones en asignaciones de distintas entidades del Estado, una ampliación presupuestaria por Q1,754 millones y readecuaciones por Q1,726 millones, incluyendo recursos asignados a la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP).
En total, el Ejecutivo destinará un total de Q3 mil 480 millones para este subsidio, tal y como había sido anunciado el pasado viernes por el ministro Menkos.
La iniciativa también establece que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) será la entidad responsable de implementar y administrar el subsidio, mientras que la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) deberá verificar que el beneficio se refleje en los precios cobrados en las estaciones de servicio.
De ser aprobada por el Congreso de la República, la normativa entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario de Centro América.
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