El 2 de marzo, el Ministerio Público (MP) ligó a proceso a cinco campesinos y campesinas, entre ellos, tres personas de la tercera edad, por acusaciones de usurpación de tierras en la Hacienda La Asunción, de Quetzaltenango. 

La denuncia fue promovida por la familia Quintanal Campollo luego de que el grupo exigiera el pago de cuotas al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), que sus empleadores descontaron de sus salarios durante más de 30 años, pero nunca pagaron. La familia Quintanal Campollo habría estafado de esta forma a alrededor de 300 exempleados, por un monto de Q3.5 millones. 

La detención y desalojo de Teófilo Castro, Teresa Barrera, Clemencio Barrera y sus hijos Regina Barrera y José González Barrera se realizó con el apoyo de 25 policías y dos vehículos blindados, denunció el Comité de Unidad Campesina (CUC), sin informarles de los hechos y delitos que se les imputaba.

Este no es un caso único, solo el más reciente en el que terratenientes utilizan el sistema de justicia penal y al ministerio que la ejecuta para salvaguardar sus intereses.

El informe Desalojo y criminalización de los pueblos indígenas en Guatemala: el rol del Ministerio Público, presentado el 10 de marzo, identifica una relación histórica entre el despojo de tierras indígenas y la concentración de la tierra en manos de finqueros, empresas ganaderas y megaproyectos energéticos y agrícolas. Esto incluye la palma africana y la caña de azúcar, quienes son los principales beneficiados con la actuación del MP, refleja el documento.

Las acusaciones por usurpación y las órdenes de desalojo y aprehensión se han convertido en un mecanismo de intimidación y despojo, facilitado por el MP y potenciado bajo la gestión de la fiscal general Consuelo Porras, denuncia el estudio. Bajo su régimen se creó, en el 2020, la Fiscalía Especializada Contra los Delitos de Usurpación, a la que se habilitó una Oficina de Atención Permanente. 

Desalojos aumentaron en los últimos años

Las solicitudes de desalojo se sextuplicaron en apenas tres años. Del 1 de abril de 2022 al 31 de marzo de 2023, el MP registró 25 desalojos solicitados. Del 1 de abril de 2023 al 31 de marzo de 2024 se reportaron 94, y entre el 1 de abril de 2024 y el 31 de marzo del 2025, las solicitudes ya sumaban 154. 

Sin embargo, de los 14 mil 049 casos por usurpación y usurpación agravada, solo 140 han llegado a procesos judiciales. En un 42.8 por ciento de estos hechos, los denunciados fueron absueltos. 

‘’La función principal de estos procesos no es la obtención de sentencias condenatorias, sino generar efectos punitivos anticipados y desalojos inmediatos’’, indica el informe. 

Las diligencias de desalojo se realizan de forma extremadamente violenta, destruyendo las viviendas y propiedades de las personas desalojadas y violando su derecho a la defensa, sin notificación previa, sin la debida individualización de las conductas sindicadas y sin ofrecer garantías de reasentamiento. Además, las denuncias que originan estos operativos suelen estar  fundamentadas en testimonios inconsistentes, señala el informe, que también recoge casos en los que el sistema de justicia no tomó en cuenta los títulos de propiedad comunal aportados por las comunidades.

Alta Verapaz, Baja Verapaz, Quiché, Izabal, Santa Rosa, Escuintla y Suchitepéquez son los departamentos donde se registró un mayor número de desalojos forzados.

Según la investigación, este sistema de criminalización restringe la movilidad de las personas, destruye sus medios de subsistencia e interrumpe su acceso a la educación, la salud y el registro civil.

‘’Normalmente, las comunidades desalojadas quedan en situación de calle y sin acceso a servicios básicos como salud, educación y vivienda’’, explica el documento. 

Recomendaciones 

La persecución penal de comunidades y líderes indígenas impulsada por el MP forma parte del contexto de debilitamiento y cooptación de las instituciones de justicia en Guatemala, concluye. En esta situación, Porras tuvo un papel protagónico, como lo señalan diversas organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos.

Una copia de este informe fue entregada el 12 de marzo, en el último día del período de recepción de tachas, a la Comisión de Postulación para Fiscal General del MP. El proceso en curso para designar al próximo jefe de la institución constituye una oportunidad ‘’para avanzar hacia un enfoque más respetuoso de los derechos de los pueblos indígenas’’.

El documento incluye la recomendación de considerar en la evaluación de los planes de trabajo presentados por las y los candidatos el rol que asumirá el MP frente a los conflictos territoriales que afectan a las comunidades indígenas y campesinas.