Un estudio elaborado por organizaciones de derechos humanos documenta la utilización del sistema penal guatemalteco, bajo la dirección de la fiscal Consuelo Porras, para resolver disputas agrarias a favor de intereses privados.
Defensores/as de derechos humanos, ambientalistas y líderes comunitarios también han sido blanco de una guerra jurídica de larga duración y que ha sido parte de un patrón de criminalización que precede a la llegada de Consuelo Porras al Ministerio Público, pero que se ha agravado desde su llegada a dicha institución. Denuncias penales infundadas y…
