El juzgado Duodécimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal resolvió a favor de un grupo de diputados oficialistas y ordenó al Ministerio Público (MP) que se inicie una investigación en contra de los miembros del STEG.
El documento especifica que deberá perseguir al líder magisterial Joviel Acevedo, miembros del Comité Ejecutivo Nacional del magisterio, afiliadas y afiliados del STEG, así como cualquier otra persona involucrada en “la posible comisión de delitos de usurpación agravada, contaminación y depredación de bienes culturales”.
La querella fue presentada el 17 de julio, por los diputados Samuel Pérez, Elena Motta, Andrea Villagrán, Luis Cáceres, Mercedes Monzón y Andrea Reyes. En ese entonces, el magisterio mantenía un campamento sobre la Plaza de la Constitución y en los alrededores del Palacio Nacional de la Cultura.
“En virtud de los hechos denunciados en el escrito que se resuelve, remítase la presente querella al Ministerio Público para que proceda a su inmediata investigación”, indica la resolución del juez.
El magisterio mantuvo un cese de labores desde el 19 de mayo cuando se declaró en asamblea permanente para exigir al Ministerio de Educación (Mineduc) la homologación del pacto colectivo. Durante la protesta, alrededor de 5 mil establecimientos educativos se mantuvieron cerrados, lo que dejó sin clases a unos 300 mil estudiantes, según datos oficiales. El paro finalizó el pasado 5 de agosto, luego de que se realizara un desalojo parcial en el plantón instalado frente al palacio.
El Ministerio de Cultura también presentó una denuncia penal ante el MP en contra de quienes resultaran responsables de los daños al edificio durante la protesta.
Diputado de oposición pide amnistía para maestros
El 19 de agosto, el diputado de Vamos, Boris España, presentó una iniciativa de ley para otorgar amnistía a los docentes que estuvieron involucrados en la huelga. La propuesta no solo plantea que se perdonen las faltas administrativas de los docentes, sino que también busca dejar sin efecto las medidas judiciales.
De ser aprobada en el Pleno del Congreso, la medida podría dejar sin efecto las multas interpuestas en contra de los maestros que se negaron a retornar a las aulas. También revocaría las sanciones administrativas que amonestan al magisterio con diez días sin goce de salario.
