Un grupo de diputados oficialistas, del bloque Raíces, presentaron una iniciativa de ley con la cual se busca intervenir, por un año, a la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), luego de la crisis que se ha generado en esa casa de estudios por la elección de rector. 

El diputado Samuel Pérez indicó que con esta iniciativa de ley se busca dar la facultad al presidente Bernardo Arévalo para que pueda nombrar a un interventor en la Usac, por el plazo de un año, con el único objetivo de que se realice un proceso electoral legítimo y transparente para la elección de rector. 

“Somos conscientes de la autonomía universitaria, pero también de la urgencia de tomar acción frente a las enormes injusticias”, dijo Pérez. “La autonomía no es ni un blindaje para la impunidad, ni una excusa para la inacción”, añadió, y aseguró que se trata de un asunto de Estado. 

Según el diputado Román Castellanos, existen antecedentes de intervención en entidades autónomas y mencionó el caso del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), que fue intervenido en el año 2003, debido a altos casos de corrupción. 

Esa intervención se dio durante el gobierno de Oscar Berger, cuando mediante el Acuerdo Gubernativo 321-2003 se dio la intervención del IGSS por razones de fuerza mayor.  

“Nosotros estudiamos esas experiencias y esos precedentes para plantear esta iniciativa”, dijo Castellanos. Agregó que las autoridades universitarias, durante los últimos dos periodos, se han escudado en la autonomía de la Usac para no rendir cuentas. 

Castellanos reiteró que la iniciativa busca intervenir únicamente de manera temporal en la Usac con el fin de restaurar la democracia universitaria, la gobernanza institucional y la continuidad educativa. Esto último se refiere a que en los últimos años las clases en la Usac se han dado principalmente en línea. 

Mencionó también que la “autonomía no significa un Estado dentro de otro Estado”. “La autonomía tiene tres sentidos: la libertad de cátedra, el autogobierno y sobre todo la autonomía económica y financiera”, añadió. 

El diputado Pérez mencionó que bajo el pretexto de la autonomía, se han dejado pasar “puñaladas” en contra de la Usac y mencionó que el actual rector, Walter Mazariegos, ha cometido abusos durante su mandato, el cual aseguró obtuvo de manera fraudulenta en 2022. 

Lo que dice la Constitución

La legislación guatemalteca no establece una figura general que permita la intervención directa de entidades autónomas por parte del Estado. La Constitución Política de la República reconoce la existencia de estas instituciones y define su funcionamiento bajo un régimen de autonomía, con ciertos mecanismos de control y coordinación.

El artículo 134 constitucional señala que las entidades autónomas actúan por delegación del Estado y deben coordinar su política con la política general del mismo. Asimismo, están sujetas a fiscalización y a la obligación de rendir cuentas, principalmente a través de sus presupuestos e informes de gestión.

En el caso de la Usac, la Constitución establece un régimen específico. El artículo 82 le reconoce personalidad jurídica propia y le otorga autonomía en lo académico, administrativo y económico, así como la facultad de gobernarse por sus propias autoridades.

Además, en el artículo 120 se contempla la intervención estatal en empresas que prestan servicios públicos esenciales, en situaciones de fuerza mayor y de forma temporal. Esta disposición está dirigida a la continuidad de servicios y no regula la organización o el gobierno de entidades autónomas, por lo que existen dudas si esto es aplicable a la Usac.

A criterio del abogado constitucionalista, Édgar Ortiz, una intervención en la Usac es altamente cuestionable, debido a que la autonomía le otorga a la Usac su propia regulación y su propio gobierno, pero mencionó que esa autonomía no es absoluta. 

“¿En qué casos se puede matizar? Bueno, en casos como los que dice la Constitución para la prestación de servicios públicos, aunque el artículo (120 constitucional) dice empresas”, señala Ortiz, y menciona que no existe una figura de intervención que pueda afectar a la Usac. 

Según Ortiz, una figura de un interventor puede ser inconstitucional, debido a que lo que establece el artículo 82 de la Constitución respecto al gobierno universitario. 

“La autonomía no es soberanía, hay que entender cuáles son los parámetros para intervenir un servicio. Lo que normalmente te da la pauta para intervenir un ente autónomo es garantizar la continuidad de un servicio”, indicó Ortiz. 

No obstante, mencionó que en el caso de la Usac es distinto, porque aunque se esté de acuerdo en actuar por la situación de la universidad, puede ser cuestionable presentar alguna iniciativa de ley, ya que implica intervenir en el gobierno universitario. 

“La Constitución es bien celosa, por razones históricas, respecto al gobierno de la Usac”, señala Ortiz, y añade que es complicado, constitucionalmente hablando, intervenir el gobierno universitario para corregirlo.

¿Única salida a la crisis en la Usac?

Por su parte el abogado Javier Monterroso considera que una intervención es la única salida ante la crisis que enfrenta la Usac, argumentando la falta de respuesta del sistema de justicia ante amparos preventivos que se presentaron mediante los cuales se buscaba evitar el actual escenario ante la elección de rector. 

“La única salida que está quedando es una intervención de la universidad, amparados en el debido proceso legal. Puede ser una intervención de tipo judicial o puede ser una intervención por medio de una ley especial, como lo están planteando los diputados”, indicó. 

Monterroso citó el artículo 134 de la Constitución como base para estas acciones, ya que las entidades autónomas deben coordinar sus políticas con el Estado y mencionó también que la autonomía no es sinónimo de soberanía. 

“Lo que tenemos actualmente es una universidad de San Carlos, que ahora está controlada por un grupo que no obedece la ley y que quiere confundir la autonomía con una total independencia de los procedimientos legales y que se nota que están falseando procedimientos legítimos”, dijo. 

En ese sentido, indicó que ante la inacción del sistema de justicia, se requiere de una ley especial para sanear la universidad, pero recordó que para esto se requerirían de 107 votos.

Otro escenario que se contempla es la reforma a la Ley Orgánica de la Usac, que fue aprobada en 1952. Indicó que en la reforma se podrían incluir artículos transitorios en los que se pueda incluir una intervención.

Hasta el momento, el Organismo Ejecutivo no ha emitido ningún pronunciamiento por la propuesta presentada por los diputados oficialistas para que la Usac sea intervenida.