^{Foto de portada: Lucía Reinoso}

Previo a su partida, el diplomático conversó con eP Investiga sobre lo que vivió en Guatemala y se refirió al papel que la UE desempeñó en los últimos años, como en el proceso electoral de 2023 y el apoyo que se brindaba a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) hasta la salida de Juan Francisco Sandoval, la cual, asegura, se convirtió en un instrumento de persecución. 

Además, abordó sobre una investigación que se está desarrollando contra los netcenters, las elecciones de segundo orden que se desarrollarán en 2026 y las sanciones que se han impulsado contra actores guatemaltecos desde la UE.

¿Qué imagen tenía de Guatemala cuando asumió el cargo y con qué imagen se va? 

Yo no pensé que iban a ser tantos retos y tanta conflictividad política, tanta polarización y un rol tan importante, pero también tan pesado para la Unión Europea. Es un poco excepcional el papel que estamos jugando aquí.

También hay que recordar que tenemos un cargo de cooperación bastante importante. Más que en muchos otros países, Guatemala es el país que todavía recibe la contribución de cooperación más larga de todos los países de América Latina y el Caribe. Entonces, todo eso junto tiene un papel bastante importante, que es distinto al de otros países. 

Eso quizás fue subestimado al principio. Y luego, al final, ese papel aumentó aún más en importancia durante y después de las elecciones de 2023, también por la presencia de nuestra misión de observación electoral y, posteriormente, por el apoyo al proceso democrático y al Estado de Derecho, rechazando fuertemente la narrativa de un fraude electoral.

¿Qué le dice a la UE el hecho de que Consuelo Porras sea una de las personas más sancionadas a nivel mundial, no solo por la Unión Europea, sino también por Estados Unidos, Canadá y Suiza? 

Bueno, el mensaje es bastante claro: ella es una de las operadoras más sancionadas y con un cargo muy importante en el MP, responsable de la persecución y difamación de varios operadores independientes de justicia. Están limpiando la institución de personas independientes y persiguiendo a periodistas y defensores de derechos humanos, pero ni siquiera se concentran en su trabajo principal. Ahí hay muchísimos retrasos, como sabemos. Nuestra indignación principal fue que, justo después de la segunda vuelta de las elecciones y la toma de posesión de Arévalo, lanzaron toda esa campaña de que hubo fraude. 

Han perseguido también a personas que participaron en el proceso electoral, con intimidaciones fuertes. ¿Qué podemos decir con sinceridad? Estamos muy seguros de que no hubo fraude. ¿Por qué lo sabemos?, porque estuvimos presentes en el país, en el terreno, con más de 120 observadores y expertos internacionales. No solo nosotros, sino también la OEA y varias misiones nacionales, como la MOE-GT. Fue una de las elecciones más observadas en la historia de Guatemala. 

Toda esa narrativa la construyeron y, cuando se presentaron en la conferencia de prensa, con nombre y rostro, diciendo que hubo fraude y que esas elecciones eran ilegítimas, en ese momento tuvimos que actuar, porque si no, también se caía la credibilidad de nuestra propia misión y se ponía al país en un gran riesgo de caer en el caos y la inestabilidad.

¿Cómo calificaría esa insistencia del MP de imponer la narrativa de fraude electoral? 

Si en la observación electoral más amplia de la historia de Guatemala ninguna de esas organizaciones encontró fraude electoral, eso ya dice algo. Nosotros, como ya he dicho, visitamos muchísimas mesas electorales, yo también personalmente. 

En todas esas mesas había fiscales de los partidos políticos; en muy pocas hubo protestas de alguno de ellos, pero en el 99 por ciento de los casos todos firmaron los documentos, y esos son los que entran en los resultados oficiales. El famoso TREP nunca entra en los resultados; es un conteo electrónico aparte para dar información sobre tendencias, pero no se utiliza para los resultados oficiales. Entonces, esa narrativa de que con el TREP se falsificaron los resultados electorales es una tontería total, porque no tiene ninguna incidencia.

Que haya pequeños errores, eso pasa en todo el mundo, pero son tan pocos votos que no cambian el resultado; estamos hablando quizá de un uno por ciento, si es mucho, incluso menos. Eso no cambia nada. Todo esto se construyó con la intención de deslegitimar al gobierno de Bernardo Arévalo. Ese es el objetivo central: crear una situación de inestabilidad para garantizar los intereses del Pacto de corruptos, que es la impunidad de sus miembros y aliados por sus actos criminales.

¿Cómo califica la gestión del MP y los casos que se impulsaron bajo la gestión de Consuelo Porras?

Al principio fue muy diferente porque nosotros teníamos proyectos de cooperación y asistencia técnica con el MP. Yo tuve varias reuniones con la señora Porras y uno de los proyectos principales de nuestra asistencia técnica fue justamente el apoyo a la FECI. Ya habíamos observado varias tensiones entre la señora Porras y el señor (Juan Francisco) Sandoval, que culminaron en su salida del país por la persecución que ya habían construido. 

Desde ese momento ya no hubo más reuniones y, al final, tuvimos que parar el apoyo a la FECI porque se ha cambiado en un instrumento de intimidación y persecución de operadores de justicia, defensores de derechos humanos y periodistas. Se había desarrollado una cooperación bastante amplia y buena hasta el momento en que sancionamos a la cúpula del MP.

¿Se dejó de apoyar a la FECI definitivamente?

Completamente, sí. Porque se transformó en un instrumento de persecución contra personas que defendían los derechos humanos, el Estado de Derecho y la democracia. Es exactamente lo contrario a lo que debería ser su papel. En ese momento fue imposible continuar con ese apoyo.

¿Qué alcances tienen las sanciones que la Unión Europea ha interpuesto contra personajes de la política de Guatemala?

Bueno, esa gente no puede viajar más a Europa, no puede hacer transacciones ni negocios financieros en la Unión Europea. Esto aplica en los 27 países miembros y tampoco pueden recibir dinero de dentro de la Unión Europea. Tiene un impacto bastante fuerte. Aparte de eso, también se les nombra como actores corruptos, y eso tiene un efecto claro como mensaje, no solo para ellos, sino también para la sociedad en general sobre lo que pensamos de sus acciones.

¿Las sanciones también se aplican contra los familiares?

No. No tenemos ese tipo de acciones. Si una persona sancionada tiene un hijo o una hija que quizá tiene opiniones muy diferentes, castigarlos no sería justo.

Usted, en un tuit, mencionó que hay investigaciones en torno a los netcenters que acosan y amenazan a través de redes sociales. ¿Qué tipo de investigación es esta?

En el pasado hicimos esto con expertos durante la observación electoral y es parte de nuestro informe. Ahí mostramos las diferentes actividades de esa guerra de difamación e intimidación a través de las redes sociales con bots, con troll farms, gente pagada que ni siquiera son guatemaltecos; son personas que viven en Bangladesh o en Pakistán y reciben dinero para hacerlo. 

Eso es parte de una amplia lucha contra diferentes actores que ellos identifican como enemigos, y es un proceso donde empiezan con ataques en redes sociales, luego siguen con investigaciones del Ministerio Público y, al final, con la ayuda de jueces corruptos, logran condenas. Ejemplos hay varios y por eso también hay más de 100 personas de esas categorías en el exilio que todavía no pueden volver.

¿Entonces muchas de estas cuentas operan desde fuera del país?

Eso es lo que se puede saber preliminarmente por las investigaciones y testimonios en el exilio.

¿Cómo ve el futuro del país en cuanto a la situación de derechos humanos? En los últimos años hemos visto un retroceso en materia de derechos humanos y de garantías procesales.

Lamentablemente es así, pero mire, hay una gran oportunidad, un gran reto también, en 2026, donde habrá una coyuntura extraordinaria de un posible cambio en el liderazgo y la gestión del Ministerio Público, en la Fiscalía General, también en la Corte de Constitucionalidad, la Contraloría General de Cuentas, el Tribunal Supremo Electoral… todas esas instituciones, incluyendo la Usac. Ahí hay posibles cambios hacia más transparencia y hacia la llegada de gente idónea que pueda asumir esas funciones y terminar con el abuso de las instituciones, sobre todo del sistema de justicia cooptado en contra del Estado de Derecho y en beneficio de un Pacto de corruptos.

¿Qué calificación le daría usted al gobierno de Bernardo Arévalo?

No me corresponde juzgar los resultados que ha logrado un gobierno. Ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo, como aliado de Guatemala, no es alinearnos con un partido o un gobierno específico, sino ayudar al país en su camino democrático. Estamos hablando de cosas muy básicas: una de las más importantes en una democracia es aceptar los resultados de las elecciones. No estoy hablando de si es un gobierno de derecha o izquierda, eso no importa. Es un principio básico: si no aceptamos los resultados de elecciones tan importantes como las presidenciales y legislativas, es el fin de la democracia.

Sobre si se construyen o no carreteras, eso es un discurso político que corresponde al Congreso y a la ciudadanía, pero nosotros no vamos a entrar en eso. No estamos juzgando la gestión de un gobierno, estamos defendiendo principios, y ese es uno de los más importantes.

Guatemala no es el único país donde imponemos sanciones. En la región hay sanciones en Nicaragua y Venezuela; a nivel global tenemos sanciones en 40 casos. Lo que sí es único es que, en Guatemala, las sanciones han sido contra un fiscal general. Es muy excepcional: hay muy pocos casos en que un fiscal general tenga tanto poder, un papel tan político y esté tan protegido legalmente por la Constitución. Eso en su momento pudo haber sido por buenas intenciones, pero fue un error político que ha dejado a esa figura fuera de cualquier control. Por eso también tenemos esta crisis política, con un sistema de justicia cooptado y un gobierno en una situación casi imposible.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho un llamado para hacer una evaluación al Ministerio Público. ¿Qué opina al respecto?

Claro, totalmente de acuerdo. Ese tipo de declaraciones también las ha hecho la OEA. Como saben, hubo varias misiones y, al final, todos llegamos a los mismos resultados con los mismos análisis. Es tan obvio que no es complicado de ver. Además, ellos se sienten tan poderosos que hacen este tipo de declaraciones en público, en los medios y en redes sociales, y hasta están orgullosos de ello. Entonces, ni siquiera se necesita tanta investigación: nuestras acciones se basan en gran parte en sus propias declaraciones.

El próximo año usted ya no estará aquí como embajador, pero en Guatemala se tendrán muchos procesos de elección, como el de la Corte de Constitucionalidad o el Tribunal Supremo Electoral. Muchos sectores dicen que será una etapa trascendental para la democracia. ¿Qué análisis hace al respecto?

Extremadamente importante, por el papel que juegan esas instituciones. Ya lo mencionamos anteriormente: lo importante es una participación amplia y fuerte de la sociedad civil y de la población, porque al final todas esas decisiones dependen de los guatemaltecos y guatemaltecas, no de la comunidad internacional. Si nos lo piden, claramente podemos dar apoyo con expertos, pero no tomamos esas decisiones ni podemos influir; solo podemos ayudar a la sociedad civil en el proceso. Nuestro papel es ese y nada más. Lo importante es que se movilicen y participen, para que el proceso sea transparente y para que personas justas e idóneas estén en la selección para esos cargos tan importantes.

¿Qué más considera usted que puede hacer la Unión Europea para fortalecer la cooperación con Guatemala?

Francamente, estamos haciendo ya tanto aquí, más que en cualquier otro país del continente, que no me puedo imaginar mucho más. No hacemos tanto en muchos otros países. En cuanto a cooperación, depende siempre de los recursos. Lo que ahora estamos haciendo es abrir nuestra cooperación a otro nivel con el Global Gateway, donde podemos movilizar muchos más recursos a través de créditos de instituciones internacionales, como el Banco Europeo de Inversión, por ejemplo. Con eso se pueden impulsar grandes proyectos de infraestructura, como el que estamos trabajando ahora para la posible limpieza del río Motagua.