La acción constitucional fue presentada este viernes 4 de septiembre de 2026 y señala como autoridades responsables al ministro de Finanzas, Jonathan Menkos Zeissig; al viceministro de Transparencia Fiscal y Adquisiciones del Estado, Carlos Augusto Melgar Peña; y a la subdirectora Técnica III, Xiomara Lorena Morales Gordillo.
El origen del reclamo se encuentra en una serie de cambios realizados en Guatecompras el pasado 21 de julio, particularmente en la herramienta denominada “Buscar un proveedor”, administrada por la Dirección General de Adquisiciones del Estado (DIGAE).
Según los diputados, antes de las modificaciones, esta herramienta permitía consultar una base de datos alimentada mediante un convenio con la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y registraba un promedio de 600 mil búsquedas mensuales. A criterio de los legisladores, los cambios introdujeron una “barrera tecnológica” que limita de manera sustancial la posibilidad de localizar información relacionada con contrataciones públicas.
Los congresistas sostienen que esta situación afecta los principios de publicidad y transparencia de los actos administrativos, además del derecho de acceso a información pública y las labores de fiscalización del gasto estatal.
Minfin defiende los cambios
Las autoridades de Finanzas han argumentado que las modificaciones tienen como objetivo evitar consultas que no estén relacionadas con procesos de contratación pública. Además, mejorar el rendimiento y estabilidad de la plataforma y concentrar los resultados en personas y empresas que tengan relación con el Estado como proveedores o contratistas.
Sin embargo, los diputados consideran que, aun cuando esos objetivos puedan ser legítimos, el Minfin debió implementar alternativas menos restrictivas para garantizar el acceso a la información. Entre ellas mencionan ampliar la infraestructura tecnológica, crear índices separados, establecer filtros o aplicar límites de frecuencia a las consultas.
“La transparencia no se satisface únicamente mediante la conservación formal de documentos dentro de una base de datos. Para que exista transparencia efectiva, la información debe ser susceptible de consulta y utilización razonable”, señala el memorial presentado ante la CC.
Otro de los cuestionamientos planteados en el amparo es la falta de dictámenes jurídicos y técnicos que, según los legisladores, sustenten las modificaciones. Los diputados aseguran que solicitaron dichos documentos a las autoridades, pero que se les indicó que posteriormente serían trasladados a las oficinas de la bancada.
Los amparistas señalan que esta situación también contraviene el artículo 4 bis de la Ley de Contrataciones del Estado, que establece que la consulta de Guatecompras es pública, irrestricta y gratuita. A su criterio, una autoridad administrativa no puede establecer restricciones materiales que no estén contempladas en la legislación.
Ante los cambios en el portal Guatecompras, los diputados de VOS solicitaron a la CC que se otorgue un amparo provisional para evitar que continúen los efectos de las modificaciones implementadas en Guatecompras.
Otros pronunciamientos
Diversos sectores han expresado posturas contrarias a la decisión del Minfin de restringir búsquedas en el portal Guatecompras. Tal es el caso del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), que manifestó su rechazo a los cambios e hizo un llamado a la cartera del tesoro para que revise y revierta esas modificaciones.
El Consejo Nacional Empresarial (CNE) también se pronunció y cuestionó la decisión del Minfin con el argumento de que la transparencia ha sido una de las principales banderas del gobierno de Bernardo Arévalo y, por lo tanto, se debe actuar con “absoluta congruencia y coherencia”. En un comunicado que publicaron, hicieron la solicitud de revertir esos cambios.
Además, la asociación civil Poder Ciudadano también cuestionó los cambios en Guatecompras y aseguraron que están preparando una acción legal para que el Minfin revierta estas modificaciones.
