El análisis, denominado “Guatemala: desafíos en la defensa de los derechos humanos 2020-2025”, se basa en la información recopilada por Oacnudh y busca visibilizar los factores de riesgo que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos. 

Según la información analizada, los 1,546 ataques se dieron en contra de un total de 940 personas defensoras de derechos humanos, los casos consisten principalmente en criminalización, intimidación, amenazas y difamación. En ese mismo periodo de tiempo que comprende el informe, se registraron también 35 asesinatos. 

La Oacnudh sostiene que ha existido una reducción en el número de personas defensoras de derechos humanos, pero que esto se ha contrastado con el número de personas que han sido criminalizadas. 

“En este análisis se recopila, aunque en pocas líneas, las consecuencias de los ataques sistemáticos contra personas defensoras de derechos humanos”, dijo Mika Kanervavuori, representante de Oacnudh en Guatemala. 

Libertad de prensa y criminalización 

El informe de la Oacnudh indica que de los 1,546 ataques contra personas defensoras de derechos humanos, la gran mayoría corresponde a casos de criminalización, con un total de 745. 

Asimismo, el informe establece que la mayoría de personas que han sido criminalizadas son defensoras de la tierra y el territorio, seguido de operadores de justicia, líderes comunitarios, ambientalistas, periodistas y activistas por los derechos humanos. 

En el caso de la criminalización y ataques contra periodistas, la Oacnudh sostiene que estos responden a una campaña estructurada desde altas esferas del poder político, con el objetivo de perseguir y silenciar a las voces críticas. 

“Si bien persisten los atentados contra la vida e integridad personal, en el periodo analizado se observa un aumento en la criminalización y los ataques en el espacio digital”, afirman en el informe. 

Además, se menciona que el acoso en las esferas digitales es más severo contra las mujeres indígenas y mujeres periodistas, donde reciben comentarios misóginos y racistas. 

Operadores de justicia

Este análisis también la situación de los operadores de justicia que han sido atacados y criminalizados, como es el caso de jueces, fiscales, magistrados, abogados y abogadas. 

En ese sentido, el informe señala que 206 operadores de justicia han recibido distintos tipos de ataques desde el año 2020. De ese total, 66 han sido criminalizadas, de las cuales 38 formaron parte de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). 

Se resalta que estas personas han sido señaladas principalmente por delitos como abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, obstaculización a la acción penal y revelación de información confidencial o reservada. 

Exilio 

En el análisis se menciona que casi un centenar de personas han sido forzadas a salir al exilio para salvaguardar su integridad debido a que han sido víctimas de algún tipo de ataque. 

Según los registros recabados por la Oacnudh, actualmente hay seis líderes y lideresas indígenas exiliadas, así como un total de 22 periodistas y también 60 operadores de justicia, principalmente por casos de criminalización, amenazas directas y campañas de desprestigio.