Fue en febrero de 2024 cuando la UE anunció las sanciones contra Porras, medidas que también alcanzaron al jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche; a la fiscal, Leonor Morales; al secretario general del MP, Ángel Pineda; y también al juez séptimo, Fredy Orellana.
Estas acciones fueron adoptadas en enero de 2024 y anunciadas en febrero del mismo año. Según la UE, estas acciones fueron parte del compromiso con Guatemala en apoyo a la democracia.
¿Qué repercusiones tienen las sanciones de la UE?
A diferencia de las penalizaciones que aplican otros países como Estados Unidos que incluyen prohibiciones en temas migratorios y diplomáticos, las de la UE tienen consecuencias financieras.
Según el embajador saliente de la UE en Guatemala, Thomas Peyker, estas sanciones se aplican en el sentido migratorio, diplomático, pero también financiero, ya que les impide hacer negocios en Europa.
“Esa gente no puede viajar más a Europa y no puede hacer transacciones financieras, negocios financieros en la Unión Europea. Esto aplica en los 27 países miembros y tampoco pueden recibir dinero dentro de la Unión Europea”, dijo Peyker en una entrevista con eP Investiga.
Para Peyker, este tipo de sanciones “tienen un impacto fuerte”, ya que también representan señalamientos más contundentes.
“Aparte de eso, también se nombra a esa gente como actores corruptos y tiene un efecto claro como mensaje a la sociedad en general sobre qué estamos pensando de ellos y sus acciones”, indicó.
Sin embargo, Peyker mencionó que este tipo de sanciones no alcanzan a sus familias.
Las sanciones de Suiza, país que también señaló a Porras y sus funcionarios cercanos como antidemocráticos y corruptos, también incluyen medidas que les prohíben la entrada a su territorio y restricciones financieras. Además, incluyen la inmovilización de bienes que los funcionarios puedan tener en ese país.
Las medidas aplicadas por el Reino Unido incluyen la cancelación de activos y la prohibición de entrar a su territorio.
El cese de la cooperación
Javier Monterroso, abogado y exsecretario privado del MP, señala que nunca un fiscal de algún país había tenido tantas sanciones como el caso de Porras. A esto se suma que implican un cese en la cooperación con otros países.
“Es una vergüenza a nivel internacional que la fiscal general de Guatemala esté sancionada por acciones antidemocráticas y por proteger la corrupción, que son los dos tipos de sanciones que tiene”, indicó Monterroso.
El analista señaló que la FECI, además de la Fiscalía de Derechos Humanos y la de la Mujer, recibían apoyo técnico de la UE y también de Naciones Unidas, pero esto ya no ocurre por los señalamientos hacia Porras y los demás funcionarios.
El mismo embajador Peyker reconoció recientemente que, debido a las acciones que se emprendieron desde el MP contra el exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, se dejó de apoyar y cooperar con la referida fiscalía.
Además, Monterroso señala que el MP ha tenido un fortalecimiento presupuestario en los últimos años que no ha tenido precedentes, pero no se traduce en buenos resultados para las personas que buscan acceder a la justicia.
“Las cifras de impunidad han llegado a lo más alto. Estamos hablando de un 94 o 96 por ciento de impunidad en los delitos. No solo es contar con presupuesto, no solo es contar con recursos; es ahí donde es importante el apoyo técnico que otras instancias puedan dar”, mencionó.
Agrega que el MP de Guatemala no sabía investigar casos de forma estratégica antes del 2007 y fue el apoyo de la cooperación internacional lo que permitió contar con mecanismos de persecución estratégica.
Luis Mack: “No le quita el sueño”
A decir del analista político, Luis Mack, si bien el MP de Consuelo Porras es mal visto por la comunidad internacional, esto “no le quita el sueño” a la fiscal general, debido a que, aunque le quiten la cooperación, el presupuesto nacional que se le ha asignado es suficiente para mantenerse. “No le afecta en nada, ese guion ya lo sabemos, no va a modificar ni las acciones del MP ni la estrategia que tiene en contra de este gobierno”, mencionó.
Explica que, si bien la imagen de Porras ha estado por los suelos desde hace varios años, no ha pasado nada, ya que ella continúa en el cargo.
“Uno tiene que entender que en la política los funcionarios o los actores se comportan dependiendo del piso político que tienen y obviamente, Porras es solo la punta del iceberg, no está sola. Porras no es solamente un actor que está actuando de manera aislada”, dijo.
En ese sentido, Mack señala que la fiscal general “representa un conjunto de intereses ocultos dentro del Estado, dentro del mismo sistema político” y, mientras siga teniendo ese respaldo, no cambiará nada, a pesar de las sanciones. Señala que su base de poder no se ha erosionado y que esto ha permitido que continúe en el cargo e incluso, pese a su impopularidad, puede que le concedan algún cargo en alguna institución estatal.
Porras logró algo inédito durante su gestión como jefa del MP, ya que fue la primera fiscal general en ser reelecta y su segundo mandato concluye en mayo de 2026.
A pesar de que cumplirá ocho años en el puesto, solo ha servido para que acumule las sanciones de más de 20 países.
Por decisión de su Consejo, la UE renovó las sanciones contra Porras y su círculo cercano en diciembre del 2024 con el argumento de que se estaba haciendo un “mal uso e instrumentalización del sistema de justicia en Guatemala”.
Por si fuera poco, en junio de 2025 al menos 10 países más que no son miembros de la UE se sumaron a las sanciones contra Porras; estos son Albania, Armenia, Bosnia y Herzegovina, Islandia, Liechtenstein, Macedonia del Norte, Montenegro, Noruega, Moldavia y Ucrania. Las medidas contra Porras también las tomaron países como Canadá, Suiza, el Reino Unido y Colombia.
