A esto se suma una acusación por el presunto plagio de su tesis doctoral, una situación que, aunque no ha tenido consecuencias legales ni académicas, ha generado cuestionamientos sobre su legitimidad académica y ética.
El 26 de julio de 2021, Marco Fonseca, doctor en filosofía política y profesor adjunto de estudios internacionales del Glendon College de la Universidad de York de Toronto, Canadá, reveló que supuestamente la fiscal general habría plagiado su tesis para obtener un doctorado por la Universidad Mariano Gálvez (UMG) en 2012.
El caso cobró más relevancia en 2022, cuando estaba en desarrollo el trabajo de la Comisión de Postulación para la elección de fiscal general. En este proceso, el supuesto plagio se presentó como señalamiento contra Porras.
La Comisión de Postulación aceptó en aquel entonces dos tachas contra Porras, una de estas por su inclusión en la Lista Engel y otra por el presunto plagio de su tesis. Esta última fue presentada por el abogado Marco Vinicio Mejía.
Pese a esto, una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) obligó a los comisionados a incluir a Porras en la nómina final porque se otorgó un amparo al abogado Erick Castillo.
El amparo presentado por Castillo buscaba que los comisionados tomaran en cuenta la “meritocracia” al momento de elegir a quienes integrarían la nómina de aspirantes que se envió al entonces presidente Alejandro Giammattei.
En aquel entonces, Porras incluso amenazó a los comisionados para que no investigaran la situación de su tesis doctoral. Finalmente, Giammattei la eligió para un segundo período en el MP.
Nadie asume responsabilidad
Fonseca conversó con eP Investiga para abordar el tema de su descubrimiento, afirmando que nadie ha asumido su responsabilidad por este caso.
“La Universidad Mariano Gálvez lo ha ignorado y cerraron el acceso a su tesario, por lo menos desde el exterior, por obvias razones. Y, por supuesto, las Comisiones de Postulación de esos momentos no han rendido cuentas por tomar en cuenta credenciales fraudulentas”, dijo Fonseca.
Hasta la fecha, según pudo verificar eP Investiga, no se puede acceder al tesario de la UMG.
Además, aseguró que tampoco el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) ha hecho lo que le corresponde, que se trata de expulsar a cualquier colegiado o colegiada que haya falsificado sus credenciales a cualquier nivel.
Fonseca señaló que el caso de Porras no es el único, asegurando que se ha identificado lo mismo en tesis de las magistradas de la CC, Dina Ochoa y Leyla Lemus.
“En cualquier otro país del mundo, medio ilustrado, nadie con semejantes deshonestidades podría haberse mantenido de pie y en una posición de tanta importancia en el sistema de justicia”, dijo.
Para Fonseca, estos señalamientos contra Porras solo la han opacado dentro de sus críticos, pero no dentro del proyecto de la extrema derecha en Guatemala.
Sobre si podría existir alguna consecuencia en el futuro por este caso, Fonseca señala que todo dependerá de hacia “dónde soplen los vientos” y mencionó la necesidad de cambios en el sistema académico del país.
“Habría que refundar el sistema académico comenzando con el cancelamiento de programas doctorales de cartón que han proliferado en Guatemala. Habría que refundar todo el proceso de postulaciones para que organismos corruptos como el CANG y las facultades de derecho no tengan el papel que hoy tienen”, afirmó.
El plagio
Según Fonseca, en la tesis de doctorado de Porras, titulada “Inadecuada aplicación del reenvío en el proceso penal guatemalteco”, se encontraron varias citas que habrían sido plagiadas de la tesis de licenciatura de Benigno Ramírez Choc, titulada “El reenvío en el proceso penal guatemalteco, sus efectos y consecuencias”, publicada en 2005.
Según las publicaciones de Fonseca, en la tesis de Porras se encontraron páginas copiadas literalmente del trabajo de Ramírez sin citarlo.
Uno de estos ejemplos es el siguiente párrafo que se encuentra en el trabajo de Ramírez Choc:
“De lo manifestado se puede concluir que el Juicio de Reenvío es el conjunto de actuaciones que tienen por objeto la sustitución de la sentencia anulada por una nueva decisión, dictada por jueces distintos, pero de igual categoría, sin los vicios anotados por el tribunal superior”.
Mientras, la tesis de Porras dice lo siguiente:
“De lo anteriormente relacionado, se puede concluir diciendo que el Juicio de Reenvío es el conjunto de actuaciones que tienen por objeto la sustitución de la sentencia anulada por una nueva decisión, dictada por jueces distintos, pero de igual categoría, sin los vicios anotados por el tribunal superior”.
Ambas tesis tuvieron como revisor al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Vladimir Osman Aguilar Guerra, quien fue señalado por posibles hechos de corrupción en el caso TCQ. Aguilar renunció a su cargo como magistrado en 2016 tras los señalamientos en su contra.
Otra anomalía que Fonseca señala en su investigación es que Porras obtuvo dicho doctorado en menos de un año, ya que en 2011 culminó una maestría en la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).
En ese entonces, el MP, dirigido por Porras, rechazó los señalamientos realizados por Fonseca y calificó la información difundida al respecto como falsa, asegurando que la fiscal general cumplió con todos los requisitos y procedimientos para obtener el grado académico.
Consuelo Porras, quien encabeza el MP desde 2018 y fue reelecta para un segundo mandato en 2022, ha sido cuestionada, tanto a nivel nacional como internacional, por su trabajo al frente de la fiscalía.
Desde 2021, figura en la Lista Engel del Departamento de Estado de EE. UU. por “obstrucción a procesos anticorrupción”. También fue sancionada por el Reino Unido, Suiza y la Unión Europea.
Recientemente, a Porras y a su círculo cercano se les vetó también en Colombia, luego de que solicitaran órdenes de captura contra su embajador en El Vaticano, Iván Velásquez, y contra la fiscal general de ese país, Luz Camargo, quienes formaron parte de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
En mayo del próximo año, Consuelo Porras dejará el cargo de fiscal general, el cual ocupó durante dos periodos. Durante este tiempo ha sido señalada de desbaratar la lucha contra la corrupción, así como propiciar la criminalización y la impunidad.
