El documento evidencia retrocesos en la resolución de delitos de alto impacto, también revela un patrón sistemático de criminalización contra operadores de justicia, periodistas y líderes sociales. Además, cuestiona la manipulación de cifras oficiales para proyectar una eficiencia inexistente.
En el análisis destaca que durante la gestión de Porras el MP incrementó su presupuesto en un 162 por ciento —de Q1,842 millones a Q4 mil 828 millones—; sin embargo, la tasa de eficacia se redujo de 14.03 por ciento a 6.44 por ciento. Esto significa que más del 93 por ciento de los casos penales no obtuvieron una respuesta de calidad.
En delitos de alto impacto social, como homicidios, femicidios, violaciones, corrupción y crimen organizado, la eficacia promedio apenas alcanza el 6.31 por ciento, revelando un grave nivel de impunidad. Cada fiscal resuelve en promedio solo ocho casos eficaces por año, mientras que las cifras oficiales inflan artificialmente los resultados al contabilizar como casos “resueltos” aquellos archivados o desestimados sin investigación.
El informe también documenta que la mayoría de casos de criminalización han sido impulsados en coordinación con actores como la Fundación Contra el Terrorismo y personas que fueron investigadas años atrás.
Además, destaca la desarticulación de fiscalías especializadas y la designación de personal sin idoneidad técnica, lo que ha facilitado la pérdida de pruebas, retrasos procesales y la devolución de bienes a sindicados por corrupción.
Julián Alfie, investigador de INECIP, conversó con eP Investiga sobre los principales hallazgos, las implicaciones para el Estado de Derecho y los desafíos de cara a la elección de la próxima Fiscalía General.
Respecto a la impunidad en delitos graves, ¿cómo se compara con las estadísticas de casos de criminalización?
El dato clave es que alrededor del 93 por ciento de los casos de alto impacto social —homicidios, violencia contra la mujer, asesinatos, gran corrupción— presentan en promedio una tasa de eficacia del 6 por ciento. Esto significa que el MP no logra respuestas efectivas en los casos más relevantes para la sociedad guatemalteca y para la protección de los derechos humanos.
Por el contrario, cuando analizamos los casos en los que sí logra resultados, muchas veces se trata de persecución arbitraria o criminalización política de ciertos sectores. Esto muestra un uso selectivo y arbitrario de la justicia penal, dejando sin resolver la mayoría de delitos sin interés político.
El informe retrata que muchos casos de criminalización provienen de denuncias hechas por la Fundación Contra el Terrorismo o de personas investigadas por la CICIG. ¿Qué revela esto sobre el funcionamiento actual del MP?
Esto plantea la pregunta de a qué intereses responde realmente. Su mandato constitucional es defender la legalidad, la democracia y perseguir delitos que afectan derechos humanos y la institucionalidad.
Sin embargo, los datos muestran que parece responder a intereses de grupos específicos, muchos de ellos investigados anteriormente como responsables de los delitos que debería perseguir. En lugar de investigar a esos actores, se acepta sus denuncias y se persigue a quienes los investigaron y sancionaron.
El presupuesto del MP incrementó durante la gestión de Consuelo Porras, pero la eficacia no, ¿qué nos indica esto sobre la gestión de sus recursos?
Es preocupante. El presupuesto aumentó un 162 por ciento —más del doble que al inicio de su gestión—, pero la eficacia es la mitad en términos relativos y absolutos. Se han creado nuevas fiscalías y oficinas, lo cual es positivo en teoría, pero si las denuncias que reciben terminan archivadas o desestimadas sin una respuesta de calidad, no se garantiza acceso a la justicia.
Al contrario, la falta de resultados desacredita aún más a la institución, pues la ciudadanía percibe que sus denuncias no prosperan.
¿Identificaron algún patrón que muestre cómo el MP desarticula casos de corrupción?
Sí, encontramos patrones claros de obstrucción de la justicia en casos de gran corrupción. Un aspecto clave es el desmantelamiento de unidades especializadas y la persecución de fiscales de la FECI y otras unidades anticorrupción. Esto ha generado temor entre los funcionarios que quedaron, facilitando maniobras para cerrar casos sin sanciones o con penas mínimas.
También se anularon acuerdos de colaboración eficaz, usan recursos procesales como la falta de mérito o el sobreseimiento en casos que no lo ameritan y se dejan cientos de denuncias abiertas o sin resolver, lo que garantiza impunidad para actores políticos y económicos de alto nivel.
Hemos documentado varios casos emblemáticos para la sociedad guatemalteca, como el caso La Línea o Cooptación del Estado. Estos ilustran patrones sistemáticos de impunidad aplicados precisamente en los procesos más significativos de corrupción en la historia reciente.
Lo preocupante es que estos casos, que lograron sanciones históricas, ahora se revierten, y esa reversión ha sido acompañada de la persecución de jueces y fiscales como forma de enviar un mensaje de disciplinamiento a quienes busquen continuar ese trabajo.
Según sus hallazgos, ¿cómo han impactado las acciones del MP al Estado de derecho?
La vigencia del Estado de derecho parte de que todos sean tratados igual ante la ley, pero hoy vemos que no es así. Hay personas responsables de actos ilegales que han sido investigadas y hasta sancionadas, pero ahora se benefician de mecanismos de impunidad. Al mismo tiempo, quienes actuaron conforme a la ley son perseguidos, encarcelados o forzados al exilio.
Esto no lo decimos solo nosotros: organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Naciones Unidas lo han denunciado. Lamentablemente, como en otros episodios históricos en América Latina, estos organismos son desacreditados para encubrir violaciones sistemáticas de derechos humanos.
El próximo año se elige a una nueva persona para el cargo de fiscal general. ¿Qué perfil debería tener para revertir este retroceso?
Es una decisión crucial para la sociedad guatemalteca. El MP puede ser un garante de impunidad para sectores que la necesitan o puede ser una institución que defienda el Estado de derecho y la democracia. Guatemala necesita una fiscal general sin vínculos con sectores ilegales y que represente a la sociedad en su conjunto, no a grupos de poder específicos.
Para lograrlo, el proceso de selección debe ser transparente y contar con participación ciudadana activa para evitar manipulaciones que pongan en riesgo su independencia y compromiso con la justicia.
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