El Congreso aprobó esa Ley el pasado 11 de noviembre con el respaldo de 95 diputados. La normativa garantiza a los usuarios el cambio de compañía telefónica sin perder su número de teléfono. Según el Legislativo, en la actualidad el número de teléfono “funciona como un identificador personal”, de igual forma que el número de DPI. 

Los usuarios podrán solicitar el cambio de compañía telefónica de manera gratuita, ya que serán las mismas empresas las que asuman los costos.

El diputado León Felipe Barrera, ponente de la ley, indicó que las empresas de telefonía tendrán un periodo de hasta seis meses para implementar las acciones necesarias para que los usuarios puedan cambiar de compañía sin perder su número telefónico. 

Además, la nueva ley establece que la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) deberá elaborar el reglamento para su implementación en un periodo de dos meses. 

“Esta es una ley general que tiene aspectos que se pensaron mejor que quedarán desarrollados en el reglamento de la ley. Entonces en dos meses, la SIT tiene que redactar el reglamento para la implementación. En la ley hay condiciones y principios que deben cumplirse, pero el reglamento deberá desarrollar el procedimiento que debería ser ágil”, dijo el congresista. 

Competencia

Para el diputado, esta ley es un primer paso para que se abran las condiciones de competencia en el mercado de las empresas de telefonía, e indicó que esta normativa, incluso, tiene relación con la Ley de Competencia que se aprobó en 2024. 

“Lo que se crea es un ecosistema más favorable, más abierto para que cualquier empresa pueda explorar oportunidades en Guatemala”, dijo Barrera. 

Según el diputado, en otros países donde se han implementado leyes similares se han registrado disminuciones en las tarifas, así como mejora en la calidad del servicio y también una mejor atención al cliente porque “las empresas ya no están acomodadas” y que ahora sí deben “empezar a competir” para mantener y captar clientes. 

“Antes mucha gente no cambiaba de empresa porque no podía llevarse su número de teléfono, pero ahora ya hay otro tipo de incentivos”, dijo. 

Extorsiones 

Barrera dijo que en la ley se incluyó una obligación para que las empresas de telefonía en un plazo de 24 horas, mediante resolución de juez competente, inhabiliten número telefónicos que estén relacionados al tema de las extorsiones. 

Actualmente, los procesos legales para desactivar números telefónicos vinculados a hechos delictivos como las extorsiones es muy lento, según explicó el diputado. Señaló que es positivo haber incorporado a la ley este aspecto y que así esas acciones se apliquen de forma más ágil.