El mismo día que tomó posesión la nueva magistratura de la CC, tres magistrados solicitaron a la presidenta Anabella Morfín Mansilla conocer un amparo que busca que la Comisión de Postulación para fiscal general del Ministerio Público (MP) pueda dejar fuera a los jueces que aspiran al cargo, entre ellos Marco Antonio Villeda, actual ministro de Gobernación.
La conformación de esta magistratura en la CC coincidió con la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral, la integración de la Comisión de Postulación que nominará a aspirantes a fiscal general y con el proceso de elección de rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), el cual ya ha sido señalado como fraudulento. Todas estas elecciones son clave para la institucionalidad del país.
Expertos consultados por eP Investiga coinciden en que esta nueva CC tendrá a su cargo corregir ciertos aspectos que la anterior magistratura dejó pasar, así como fortalecer el Estado de derecho y la aplicación de justicia.
Un movimiento estratégico
Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, señaló que la designación de Morfín por parte del presidente Bernardo Arévalo pudo tratarse de un movimiento estratégico para su “tranquilidad”, debido a que es la magistrada que asumió la primera presidencia de la IX magistratura.
“Sin duda alguna es algo muy bueno para él. Ahora bien, ¿qué representa eso? Quien preside la CC maneja la agenda, pero es un solo voto a la hora de tomar decisiones”, planteó Ibarra, al señalar que también dirige la parte administrativa de la Corte.
Además, mencionó que esto implica la comunicación y coordinación con los demás magistrados para tratar los temas en agenda. Sin embargo, aclaró que no deben responder a quienes los nombraron en los cargos.
“No son representantes de esos entes y, por lo tanto, no pueden recibir instrucciones de ellos”.
Agregó que fue una elección estratégica, tomando en cuenta la trayectoria de Morfín y que su edad le permitía asumir la primera presidencia de la CC.
Respecto a qué se puede esperar de esta CC, Ibarra dijo que es prematuro emitir una opinión, ya que en estos momentos deben resolver temas administrativos, como la contratación de sus equipos de confianza, previo a conocer las distintas acciones legales presentadas.
Acciones contra la propia CC
El excanciller Gabriel Orellana señaló que entre los retos inmediatos de los magistrados están resolver las acciones promovidas contra algunos de los magistrados recién entrantes, lo que podría derivar en cuestionamientos sobre su imparcialidad y eventuales conflictos de interés dentro de los casos que deberá conocer la Corte.
“Esto genera cierto resquemor, por la posibilidad de que tengan interés en los asuntos. Puede ser que ellos mismos se autoapartén del caso, se excusen, se inhiban o, por el contrario, hagan valer el privilegio que les da la ley. Eso ya ha ocurrido: algunos magistrados no se inhibieron y participaron en decisiones sobre sus propios casos”, dijo.
Sobre el rol que deberá asumir la CC en el contexto actual, Orellana consideró que existe una percepción equivocada en la opinión pública sobre sus funciones, particularmente al asociarla exclusivamente con la resolución de casos penales.
“Lamentablemente, para la opinión pública —o la mayoría de legos en la materia— se ha confundido el concepto de que la CC prácticamente se limita a resolver casos penales. Y no hay nada más falso que eso”, afirmó.
Señaló que uno de los temas en los que, a su juicio, podría justificarse un mayor activismo de la Corte es el relacionado con la mora judicial y la situación de personas en prisión preventiva por períodos prolongados, incluso superiores a las penas que eventualmente podrían recibir.
“Hay una gran cantidad de personas que guardan prisión desde hace mucho tiempo e incluso han sobrepasado el tiempo de la condena máxima que se les hubiera impuesto. El punto no es solo estas personas víctimas del sistema, sino deducir responsabilidades a jueces y magistrados que permitieron semejante aberración”.
Añadió que esta problemática podría derivar en responsabilidades internacionales para el Estado de Guatemala, lo que, en última instancia, impacta a los ciudadanos.
Cambios esperados
La exdiputada Nineth Montenegro planteó sus expectativas sobre la nueva CC, al señalar que debe actuar con respeto a la independencia de poderes, sin interferencias indebidas, pero con un rol activo en la defensa del orden democrático y el Estado de derecho.
“Que tenga más respeto a la independencia de poderes, que no sea intrusiva, pero que realmente vigile la democracia, el Estado de derecho y la institucionalidad del país. Y que sus opiniones, al ser consultada o al conocer amparos o cualquier recurso, estén basadas en imparcialidad y objetividad, y que se luche realmente contra la impunidad”.
Montenegro advirtió que el país atraviesa un momento crítico, marcado por afectaciones a la independencia de poderes y por un debilitamiento del sistema de justicia, lo cual —a su criterio— no fue atendido de manera adecuada por la anterior integración de la Corte.
“Creo que Guatemala está viviendo momentos cruciales, en los que la independencia de poderes se ha visto afectada y, sobre todo, el sistema de justicia y el sistema investigativo se han criminalizado. La CC no jugó el papel que se requería en momentos clave, salvo algunas excepciones. Se espera un cambio que ayude a recuperar la institucionalidad y el Estado de derecho”.
Montenegro también advirtió sobre posibles riesgos en la configuración actual de la CC, especialmente por la continuidad de algunos magistrados de la anterior magistratura, lo que podría incidir en el equilibrio de sus decisiones, indicó.
“Hay un riesgo en ese sentido y es donde más hay que estar atentos. La sociedad civil debe mantenerse vigilante, denunciar y ejercer presión social. Solo la denuncia pública y la evidencia de funcionarios que actúan fuera de la ley permitirán que Guatemala avance, aunque sea de forma mínima”, concluyó.
Las designaciones
En las designaciones de los magistrados de la nueva CC se observó un proceso de elección de magistrados con señalamientos de intromisión de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, por medio del encargado de negocios, John Barrett. Diputados y otras fuentes confirmaron a Plaza Pública que el diplomático habría presionado para que el Organismo Legislativo eligiera a Roberto Molina Barreto como magistrado titular.
Además, en la elección del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) se registraron dos hechos que empañaron el proceso: las ciencias afines fueron excluidas de la elección a pesar de haber participado en todos los procesos anteriores, y fiscales del Ministerio Público (MP) irrumpieron en los centros de votación durante la segunda vuelta electoral para realizar supuestas diligencias de investigación, lo que generó críticas de diversos actores nacionales e internacionales.
Esa situación también derivó en un supuesto pedido de captura contra Lemus, que hasta la fecha no ha sido confirmado ni desmentido por el MP.
En el caso de la Usac, el proceso se llevó a cabo en medio de acciones judiciales que cuestionaron la legalidad de la integración del Consejo Superior Universitario (CSU), debido a que la mayoría de sus integrantes tiene los cargos vencidos.
En el caso del CSU, también se presentaron acciones legales para evitar que Julia Rivera asumiera como magistrada titular, debido a la cuestionada integración de ese órgano.
En contraste, la elección de magistrados por parte del Organismo Ejecutivo y del Organismo Judicial se desarrolló con relativa normalidad.
