La carta firmada por Dina Ochoa, Roberto Molina Barreto y Julia Rivera Aguilar urge a la CC convocar al pleno para conocer el expediente 1926-2026, presentado por Raúl Falla el 4 de marzo de 2026. Esto ocurre luego de que, durante la evaluación de expedientes, iniciada el 13 de abril, los comisionados debatieron nuevamente si la carrera de juez debe ser admitida en el rubro que califica los méritos profesionales.
Este criterio equivale a 50 puntos de una calificación mínima requerida de 75, por lo que es determinante para llegar a la nómina final de candidatos. Entre los aspirantes que se desempeñaron como jueces, y a quienes afectaría esta medida, destaca Marco Antonio Villeda, titular del Ministerio de Gobernación.
Villeda tiene una trayectoria profesional de 25 años, la mayor parte de ella desempeñada en diferentes juzgados, desde 1996 hasta el 2024, de forma casi ininterrumpida.
La solicitud constituye el primer acto de Rivera Aguilar como magistrada de la CC, a pocas horas de haber tomado posesión. Fue electa por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, grupo cuestionado por su respaldo a Walter Mazariegos.
La designación de Rivera dejó fuera a Consuelo Porras, quien ahora está participando en la elección a fiscal general que se encuentra en curso.
La decisión de convocar al pleno corresponde a Anabella Morfín, presidenta de CC designada por el presidente Bernardo Arévalo.
El amparo
El amparo fue presentado por el abogado Raúl Falla, de la Fundación contra el terrorismo, el 4 de marzo del 2026. En este solicitó a la CC que la presidenta de la comisión, Claudia Paredes, excluyera a todos los participantes que no reunieran los requisitos previstos en las leyes.
La Ley Orgánica del MP exige para el cargo de fiscal general ser abogado colegiado y ‘’tener las mismas calidades que se requieren para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia’’. De acuerdo a la Constitución, estas son haber ejercido la abogacía por más de diez años o bien haber desempeñado un periodo completo como magistrado de la Sala de Apelaciones o de tribunales colegiados con la misma calidad.
El descontento de Falla responde a la decisión tomada por las y los comisionados en una sesión realizada el 10 de abril. En esta, por votación unánime acordaron especificar estos requisitos para incluir a los jueces, asesores y consultores, en vista de que a los fiscales se les admite en el proceso de elección. El decano Luis Lepe, de la Universidad Regional, argumentó que dentro del ejercicio de la abogacía se incluyen las carreras mencionadas.
Como resultado, se modificó la tabla de gradación, definiendo dentro de la experiencia profesional requerida haberse desempeñado ‘’en el área constitucional, penal o investigación criminal o forense’’. La tabla también especifica dentro de este rubro el ejercicio de cargos públicos ‘’en instituciones relacionadas con el sector justicia en materia penal o afines’’.
Para alcanzar el mismo fin de excluir a aspirantes con ejercicio profesional como jueces, el titular de la Fundación Contra el Terrorismo, Ricardo Méndez Ruíz, también presentó una denuncia. Esta es contra la presidenta del CANG, Patricia Gámez, y otros comisionados.
Según Ruiz, se cometieron delitos al tomar en cuenta a quienes ejercieron como jueces y solo se debe tomar en cuenta a los abogados y magistrados.
