La propuesta busca autorizar, por un período de tres años, contrataciones y compras gubernamentales sin aplicar los controles establecidos en la Ley de Compras y Contrataciones del Estado. Esto aplicaría para ciertos ministerios, municipalidades y consejos de desarrollo (Codedes), con el objetivo de acelerar la ejecución del gasto público.

Para el sector privado organizado la iniciativa representa un riesgo. A través de un comunicado, el Cacif advirtió que la propuesta puede propiciar corrupción. 

“El sector privado organizado considera que esta propuesta es contraria a los principios de transparencia, abre espacios a la arbitrariedad y puede generar incentivos que profundicen la corrupción y el clientelismo, en detrimento del interés nacional”, anotaron.

La organización señaló que aunque reconocen que una baja ejecución presupuestaria puede afectar la prestación de servicios públicos esenciales, “la opacidad y la eliminación de controles no son la vía para resolver esta problemática”.

También mencionaron que la clave para una mejor ejecución del presupuesto es asegurar la calidad del gasto público a través de procesos establecidos por ley, por lo que consideran necesario fortalecer la profesionalización del sector público. 

El Cacif hizo un llamado al Congreso a priorizar la reforma a la Ley de Servicio Civil, como una herramienta para mejorar la planificación y ejecución de la obra pública.

Diputado ponentes sin pronunciarse

eP Investiga solicitó una postura a los diputados ponentes de la iniciativa, Victoria Palala y José Carlos Sanabria, ante el comunicado del Cacif, pero hasta el momento no han dado alguna respuesta. 

Sin embargo, en la última sesión extraordinaria en el Congreso de la República, la diputada Palala aseguró que en la iniciativa se han fortalecido la transparencia y la rendición de cuentas. 

“Hay un tema que limita, que es el tema burocrático que hoy nos está superando y nos está bloqueando”, afirmó Palala en la sesión pasada. Agregó que la Ley de Compras y Contrataciones del Estado es limitada. 

Palala dijo que se busca agilizar y presionar a las instituciones para que a la brevedad se tengan dictámenes que permitan más efectivos para ejecutar los recursos. 

En tanto del diputado Sanabria, dijo que en la iniciativa se ha incluido que todas las instituciones publiquen mensualmente en sus sitios web el avance de las obras que se están ejecutando.

“La iniciativa de agilización lo que busca es generar condiciones para poder llevar las inversiones que el Gobierno de Guatemala, junto con el Congreso de la República aprobamos para llegar a los lugares donde nadie ha llegado”, mencionó. 

Sanabria dijo que hay desinformación maliciosa en torno a la iniciativa, generando confusión a la población.