Con el argumento de “agilizar la inversión pública”, diputados oficialistas presentaron una propuesta de ley que modificaría de forma profunda el régimen de contrataciones del Estado. Sin embargo, la iniciativa abre la puerta a adjudicaciones sin licitación y mecanismos que debilitan la fiscalización del gasto público.

La Ley de Agilización de la Inversión Pública, presentada el 10 de julio por los diputados oficialistas José Carlos Sanabria y Victoria Godoy, propone declarar “de urgencia nacional” los proyectos estratégicos de inversión pública. Esta categoría abarcaría todas las fases del proceso: preinversión, estudios, diseño, ejecución, equipamiento, supervisión y mantenimiento. La normativa aplicaría tanto a entidades del gobierno central y descentralizadas, como a municipalidades y Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede).

La iniciativa también establece plazos exprés para la autorización de permisos e inscripción de proyectos financiados con recursos de los Codede. Además, propone elevar los montos permitidos para realizar compras directas, cotizaciones y licitaciones, y plantea la inclusión de un artículo que agilice el pago a contratistas de obra pública.

Se espera que la propuesta sea conocida en una próxima sesión plenaria, en un contexto marcado por el interés de los diputados en acelerar la ejecución de más de Q12 mil millones en obras asignadas a los Codede. De ese total, más de Q7 mil 500 millones corresponden a proyectos impulsados directamente por congresistas, lo que evidencia una fuerte presión política para su pronta ejecución.

Contrataciones directas y convenios sin licitación

Uno de los aspectos más controversiales de la iniciativa es que autoriza a numerosas instituciones del Ejecutivo —como los ministerios de Comunicaciones, Agricultura, Cultura, Defensa, Educación, Finanzas, Gobernación y Salud— a contratar directamente, sin procesos de licitación pública, los estudios de prefactibilidad, factibilidad, diseño y ejecución de proyectos “estratégicos”.

La medida también se extiende a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Ferrocarriles de Guatemala, la Empresa Portuaria Quetzal y las municipalidades.

Además, el artículo 4 faculta a estas entidades a suscribir convenios de ejecución con organismos internacionales, como la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos.

Obras priorizadas y nuevo fondo público

Entre los proyectos señalados como prioritarios se encuentran seis ciudades deportivas a ser construidas por el Ministerio de Cultura en Chimaltenango, Huehuetenango, Izabal, Jutiapa, Petén y San Marcos. También se contempla la construcción de nueve institutos regionales a cargo del Ministerio de Educación en Baja Verapaz, Escuintla, Guatemala, Petén, Quiché, Retalhuleu, Santa Rosa, Sololá y Zacapa.

Para financiar estas obras, el proyecto propone crear el Fondo para la Ejecución de Inversión Estratégica (Foinves), administrado por el Crédito Hipotecario Nacional (CHN). Este fondo estaría vigente hasta que concluyan todos los contratos que el CHN suscriba con los organismos internacionales.

Codede: plazos exprés y aprobación automática

Otro elemento clave está en el artículo 6, que impone plazos estrictos a entidades públicas para aprobar proyectos provenientes de los Codede. 

Las instituciones tendrán solo cinco días hábiles para emitir resoluciones, avales o autorizaciones. Si no responden en ese plazo, el trámite se considerará aprobado automáticamente, y la autoridad deberá emitir el documento correspondiente en un máximo de tres días.

Adicionalmente, las entidades sólo tendrán dos días hábiles para solicitar requisitos o documentos adicionales. Si no lo hacen en ese lapso, se asumirá que el expediente está completo.

Entre las entidades que se verían afectadas están los ministerios de Ambiente, Comunicaciones, Cultura, Salud y Finanzas; así como la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP); y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

En cuanto a la Segeplan, se establece un plazo de 20 días calendario para emitir su opinión técnica sobre proyectos de inversión. Si no lo hace, se entenderá que la opinión es favorable, y el proyecto se registrará automáticamente en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

eP Investiga intentó obtener la postura de los diputados oficialistas José Carlos Sanabria y Victoria Godoy Palala, pero no respondieron a las llamadas realizadas a sus teléfonos móviles.

Cambios a los montos de contratación y pagos exprés

Siguiendo una línea similar a propuestas anteriores del partido Vamos, los legisladores de Semilla también impulsan reformas a los montos establecidos para cada modalidad de contratación:

Las licitaciones serían obligatorias solo para montos superiores a Q2 millones (el límite actual es de Q900 mil). Las cotizaciones aumentarían en compras que no excedan los Q2 millones. Y las compras directas podrían hacerse hasta por Q200 mil, más del doble del límite actual de Q90 mil.

La iniciativa también modifica el artículo 17 de la Ley de Contrataciones del Estado para establecer plazos de pago a contratistas. Los pagos por estimaciones de obra deberán realizarse en un máximo de 30 días tras recibir la documentación completa.

En el caso de obras ejecutadas mediante Codede, la unidad ejecutora deberá pagar en un plazo máximo de ocho días después de haber recibido los fondos correspondientes.

Acción Ciudadana: “Una reforma de ese calibre requiere una amplia discusión”

Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana, expresó su sorpresa y preocupación ante la propuesta de ley impulsada por diputados oficialistas. “Veo que se busca agilizar el gasto público, pero a costa de sacrificar su calidad. Pareciera que lo que se pretende es facilitar un saqueo acelerado”, advirtió.

Según Marroquín, una reforma de tal magnitud debería ser sometida a una discusión amplia e incluyente. “El oficialismo debería involucrar a diversos sectores, porque si se aprueba tal como está redactada, las obras podrían autorizarse por simple silencio administrativo, es decir, por la falta de respuesta de las instituciones. Y todos sabemos que los órganos de control —la Contraloría, el Ministerio Público, los juzgados— son débiles y están contaminados por la corrupción. Por lo tanto, no habría sanciones para quienes ejecuten obras de mala calidad”.

El experto en temas de transparencia reconoció que hay proyectos estratégicos cuya urgencia está justificada, como el caso del Puerto Quetzal o el desarrollo de un sistema ferroviario en el país. Sin embargo, señaló que la propuesta actual es demasiado amplia. “Incluir a tantas entidades abre la puerta para que cualquier obra sea declarada ‘estratégica’, lo cual permitiría evadir los procesos de licitación y adjudicar contratos de forma discrecional”, alertó.

Marroquín también subrayó la importancia de fortalecer las capacidades del Estado, en lugar de depender de organismos internacionales para ejecutar obras. “Es fundamental que la contratación a través de estos organismos no se convierta en un respirador artificial que perpetúe la incapacidad estatal para diseñar y ejecutar proyectos de calidad”, afirmó.

Sobre los cambios que afectan a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede), Marroquín fue contundente: “Reducir los plazos para ejecutar obras con fondos de los Codede va a poner felices a todos los diputados, porque se sienten dueños de los más de Q7 mil millones asignados de forma extraordinaria. Esta ley corre el riesgo de convertirse en una herramienta clientelar, electoral y de corrupción”.

En conclusión, señaló que la iniciativa parece diseñada más para que se mejore la eficiencia en el reparto de contratos que para responder a las verdaderas necesidades de infraestructura del país. “Si bien es cierto que Guatemala necesita un sistema de inversión pública más eficaz, también es cierto que necesita controles y sanciones eficientes, que están ausentes en esta propuesta. Además, al tratarse del dinero de todos los guatemaltecos, la iniciativa debería al menos ser sometida a un debate más amplio e incluyente, y no ser discutida únicamente entre diputados que, además, son parte interesada en ejecutar fondos sin calidad, sin controles y sin consecuencias”.