El viceministro de Gobernación, Felipe Sánchez, presentó dos solicitudes de ampliación en días consecutivos ante la Corte de Constitucionalidad (CC), con el efecto de postergar la ejecución de un desalojo que ordena devolver una vivienda a su propietario legítimo. La propiedad permanece ocupada ilegalmente por el político Carlos Estuardo Carranza Castillo desde octubre de 2021. Las acciones del funcionario continúan dilatando el cumplimiento de una sentencia en firme.

Originalmente el tribunal constitucional había programado que para el jueves pasado se ejecutará el operativo de lanzamiento y recuperación del inmueble situado en el condominio Bristol, en Ciudad San Cristóbal, Mixco y que es usurpado por Carranza Castillo, integrante del Comité Ejecutivo Nacional de Cabal, organización dirigida por el diputado Luis Aguirre.

Sin embargo, un día antes, es decir el miércoles 15 de octubre, el segundo viceministro administrativo, Felipe Sánchez, remitió el oficio DM-SADM-1556-2025/FES/rc/202535030 a la Corte de Constitucionalidad. En el documento, argumentó que los recientes cambios y destituciones en el Ministerio de Gobernación, anunciados por el presidente Bernardo Arévalo, habían modificado la estructura jerárquica de la institución, y que las autoridades señaladas en la resolución ya no ocupaban los cargos respectivos.

Por esa razón, solicitó ampliar la resolución con el fin de evitar que su cumplimiento generara procesos disciplinarios internos, reparos de la Contraloría General de Cuentas o denuncias del Ministerio Público contra funcionarios que ya no forman parte de la administración actual.

La CC respondió que la orden está dirigida al ministro de Gobernación en funciones, al primer viceministro de Seguridad y al director general de la Policía Nacional Civil (PNC), sin importar si los funcionarios ocupan los cargos de manera interina o permanente. Los magistrados constitucionales recordaron que los cambios administrativos no suspenden el cumplimiento de resoluciones judiciales e instaron a Sánchez a evitar excusas burocráticas para justificar el retraso. Además se reprogramó el desalojo para hoy.

Pese a la advertencia, Sánchez envió un segundo oficio, identificado como DM-SADM-1570-2025/FES y fechado ayer, 16 de octubre, en el que volvió a pedir “unas horas más” para cumplir la orden. Alegó que aún se estaban realizando coordinaciones con dos juzgados que habían emitido órdenes de lanzamiento en el área metropolitana y que necesitaba el aval del Ministerio de Gobernación para movilizar las unidades policiales de apoyo.

Esta segunda gestión motivó una nueva resolución de la Corte, que reafirmó la obligatoriedad absoluta de sus fallos y advirtió que el incumplimiento podría implicar responsabilidad directa para los mandos del Ministerio de Gobernación y de la PNC.

Ambos oficios fueron incorporados al expediente 3059-2025, dentro del proceso de amparo definitivo que reconoce el derecho de propiedad del inmueble. La CC afirmó en su última resolución que la causa judicial ya está agotada y que ninguna autoridad puede seguir presentando recursos o excusas administrativas para retrasar la restitución del bien inmueble a su legítimo propietario.

Jiménez involucrado en el intento de bloqueo del desalojo

Las acciones del viceministro Sánchez se suman a una serie de maniobras previas del ex ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, quien a finales de septiembre promovió, junto con los abogados María Gabriela Campos y Gabriel Wer Arrivillaga, un amparo a favor del propio Ministerio, con el propósito de suspender provisionalmente la orden judicial de desalojo.

Jiménez no solo incumplió la instrucción de brindar apoyo policial al operativo, sino que buscó protección judicial para justificar su inacción. La CC rechazó categóricamente ese amparo y recordó que ninguna autoridad, ni siquiera aquellas que gozan de antejuicio, puede resistirse a cumplir una resolución judicial.

El expediente también documenta que Jiménez, junto con el entonces viceministro José Ronaldo Portillo Salazar y el director de la PNC, David Estuardo Custodio Boteo, incurrieron en incumplimientos reiterados de órdenes constitucionales, presentando recursos improcedentes y excusas administrativas que la CC calificó como obstrucción a la justicia y retardo malicioso del debido proceso.

El 2 de octubre, eP Investiga envió un cuestionario al entonces ministro Jiménez —a través de su comunicador Mario Campos— para solicitar su versión. Sin embargo, las preguntas no fueron respondidas. 

Entre las preguntas enviadas figuraban los motivos por los cuales la PNC no ha ejecutado el desalojo, las instrucciones internas emitidas respecto al caso, la base legal del amparo interpuesto, y si el exfuncionario reconocía que su actuación favorecía indirectamente a un ocupante ilegal vinculado al partido Cabal.

El manto de impunidad que protege al político de Cabal

El pasado 8 de octubre, eP Investiga dio a conocer cómo Carlos Estuardo Carranza Castillo, ex candidato a diputado y actual secretario de Acción Política del Comité Ejecutivo Nacional de Cabal, lleva cuatro años ocupando ilegalmente una vivienda en Mixco. A pesar de que la CC ya ordenó su desalojo, el político ha logrado aplazar la ejecución más de 50 veces, gracias a una red de protección político-judicial integrada por funcionarios y magistrados vinculados a Cabal. Durante este tiempo no ha pagado la renta de Q5 mil mensuales ni el mantenimiento del condominio, acumulando una deuda cercana a los Q400 mil.

Aunque Carranza no figura como asesor del Congreso, su hija, Daniela Melisa Carranza Robles, ocupa una plaza 0-29 como asesora en la Dirección de Estudios e Investigación Legislativa, con un salario de Q18 mil mensuales, según información pública del Legislativo, lo que refuerza los lazos familiares y políticos del caso.

Mientras tanto, el fallo de la CC sigue sin cumplirse. Ni el Ministerio Público ni las fuerzas de seguridad han actuado para devolver el inmueble a su propietario, un adulto mayor. La CC instó recientemente al presidente Bernardo Arévalo a ordenar el cumplimiento inmediato de la sentencia y a destituir a los funcionarios que continúen desobedeciendo.

Recientemente, la Procuraduría General de la Nación (PGN) admitió que en este caso judicial existen anomalías y retardo procesal malicioso. La oficina del abogado del Estado también indicó que es observadora del proceso para garantizar que se cumpla la ejecución de la sentencia y ofreció que en caso de surgir nuevas maniobras dilatorias tomaría acciones legales “muy severas” contra quienes resulten responsables, ya sean funcionarios públicos o abogados particulares.

Nota de Redacción:

Posterior a la publicación de esta investigación, la familia afectada presentó una denuncia penal contra la persona que se presentó como su abogado, señalándolo de haberles entregado durante tres años resoluciones judiciales y administrativas falsas. Esta información da un nuevo giro al caso y fue desarrollada en una investigación posterior: https://epinvestiga.com/investigacion/propietario-de-vivienda-ocupada-ilegalmente-por-dirigente-de-cabal-denuncia-a-supuesto-abogado-por-falsificar-resoluciones-judiciales/