En un oficio fechado el 14 de octubre de 2025 y firmado por la Secretaría General de la PGN reconoció que dentro del expediente 3059-2025 se han documentado actuaciones irregulares y “recursos improcedentes” que han postergado la ejecución de una sentencia firme emitida por la Corte de Constitucionalidad (CC), que ordena la restitución del inmueble al propietario legítimo.

El caso se remonta a una disputa por una propiedad ubicada en el Condominio Bristol de Ciudad San Cristóbal en Mixco, donde, pese a que varias instancias judiciales incluida la CC fallaron a favor del propietario, el desalojo nunca se ha ejecutado debido a la presentación de recursos y maniobras judiciales por parte del ocupante ilegal y funcionarios públicos.

El documento de la PGN reconoce explícitamente la gravedad de la situación. “Se ha observado un retardo evidente en el proceso y anomalías registradas desde el inicio del mismo”. La oficina del abogado del Estado añade que ya presentó denuncias penales ante el Ministerio Público (MP) contra varios funcionarios y empleados públicos por su presunta participación en la obstrucción del proceso.

Saavedra agregó que, en adelante, la PGN continuará como observadora del proceso para garantizar que se cumpla la sentencia y advirtió que, si surgen nuevas maniobras destinadas a aplazar la resolución, la entidad que dirige tomará acciones legales “muy severas” contra quienes resulten responsables, ya sean funcionarios públicos o abogados particulares.

Falta de apoyo de la PDH

El oficio también señala la ausencia de acompañamiento de la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), pese a que el afectado supera los 70 años y se encuentra en condición de vulnerabilidad.

“Resulta lamentable que en el presente caso no exista el respaldo de la PDH, ya que el agraviado es una persona catalogada como adulto mayor… la vulnerabilidad de sus derechos constitucionales y humanos es evidente”, cita el documento de la PGN.

El afectado ha denunciado en reiteradas ocasiones que las dilaciones judiciales le han causado graves afectaciones a su salud y bienestar familiar debido a que a sus 74 años, continúa esperando que el Estado le restituya el control de su propiedad.

Político evidenciado

Una publicación de eP Investiga reveló el pasado 8 de octubre que Carlos Estuardo Carranza Castillo cuenta con una red de protección político-judicial, integrada por funcionarios y magistrados electos con apoyo de Cabal, lo que le ha permitido aplazar en más de 50 ocasiones el desalojo del inmueble que ocupa ilegalmente.

Carranza Castillo, es un excandidato a diputado y secretario de Acción Política del Comité Ejecutivo Nacional de Cabal, y permanece en la vivienda desde hace cuatro años donde no paga la renta de Q5 mil mensuales ni el mantenimiento del condominio, por lo que acumula una deuda cercana a los Q400 mil.

Aunque Carranza no figura como asesor parlamentario, su hija, Daniela Melisa Carranza Robles, sí labora en el Congreso de la República bajo una plaza 0-29 como asesora en la Dirección de Estudios e Investigación Legislativa, con un salario mensual de Q18 mil, según registros de información pública del Congreso de la República. Esta relación refuerza los vínculos familiares y políticos del ocupante ilegal del inmueble de Mixco con la estructura vinculada al partido Cabal.

Hasta la fecha, la sentencia de la CC continúa sin ejecutarse. Ni el Ministerio Público (MP), ni el Ministerio de Gobernación, ni la Policía Nacional Civil (PNC) han informado sobre acciones concretas para restituir la propiedad al adulto mayor.

En sus más recientes resoluciones la CC también instó al presidente Bernardo Arévalo a tomar medidas inmediatas para garantizar el cumplimiento definitivo de las sentencias emitidas en el proceso.

El tribunal constitucional enfatizó que el presidente debe asegurar el respeto al orden constitucional y ejercer su autoridad para ordenar a sus ministros que acaten inmediatamente las resoluciones judiciales. El pleno de la CC también le recordó al mandatario que, como jefe del Ejecutivo y presidente del Consejo de Ministros, le corresponde dictar órdenes claras a sus funcionarios para que cumplan a cabalidad con lo resuelto.

Los magistrados constitucionales agregaron que en caso de persistir el incumplimiento, el presidente está obligado a solicitar la destitución inmediata del ministro responsable.