Esta decisión, publicada el 5 de mayo de 2025 en el Diario de Centro América, desató una intensa controversia, alimentada por desinformación en redes sociales y la presentación de amparos por parte de diversas organizaciones y ciudadanos que consideran que esta medida vulnera la supremacía constitucional.
El artículo 27 establece que un Estado no puede invocar su derecho interno, incluida su Constitución, para justificar el incumplimiento de un tratado internacional. La reserva formulada en 1997 reafirmaba la preeminencia de la Constitución Política de Guatemala sobre cualquier tratado.
La CC, al otorgar el amparo provisional, argumentó que esta reserva protege el principio de supremacía constitucional (artículos 44 y 175 de la Constitución) y ordenó al presidente Arévalo notificar a la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La medida permanecerá vigente hasta que se resuelvan los amparos en definitiva.
El 13 de mayo, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) defendió el retiro, argumentando que el artículo 27 ya se aplicaba en la práctica bajo el principio de buena fe y que su eliminación fortalece la certeza jurídica para inversionistas y las relaciones internacionales. Además, aclaró que la Convención de Viena aplica solo entre Estados y no permite injerencias en temas internos como el aborto o el matrimonio igualitario, desmintiendo afirmaciones en redes sociales.
Los amparos que llevaron a la suspensión fueron presentados por Melkin Amílcar Escobar Palma, con dos acciones a título personal; Walter Brenner Vásquez Gómez, también de forma individual. Además, Armando Castillo, secretario general del partido VIVA, argumentó que el Ejecutivo carecía de competencia sin aval del Congreso.
Ricardo Méndez Ruiz también planteó un recurso a título personal y como presidente de la Fundación contra el Terrorismo Guatemala, alegando una amenaza a la supremacía constitucional.
Otras personas y organizaciones que plantearon un amparo fueron Ricardo Sagastume Morales, la Asociación Centro para la Defensa de la Constitución (CEDECON), representada por Francisco Javier Quezada Sandoval y Roberto Antonio Cano López, junto con Vilma y Nadia Castellanos. El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) se pronunció “valorando” la decisión.
El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), presidido por Patricia Gámez, emitió una postura el 9 de mayo de 2025, expresando preocupación por la desinformación y los análisis jurídicos imprecisos que circularon en redes sociales sobre el retiro de la reserva al artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.
A través de un comunicado compartido en X, el CANG instó a la población y a los profesionales del derecho a fundamentar las discusiones en principios jurídicos sólidos. Pidió evitar especulaciones que asociaban la medida con temas como el aborto o el matrimonio igualitario, los cuales no guardan relación con la Convención.
El CANG subrayó la importancia de un debate técnico y riguroso para esclarecer las implicaciones del Acuerdo Gubernativo 65-2025, destacando que la Constitución no se ve comprometida por el retiro, pero llamó a la prudencia para evitar polarización innecesaria.
La suspensión permanecerá vigente hasta que la CC resuelva los amparos de manera definitiva. El canciller Carlos Ramiro Martínez indicó que el gobierno acatará el fallo y analizará los términos del amparo, pero aseguró que no se intentará buscar otra vía para levantar la reserva del artículo 27 de la Convención de Viena nuevamente.
