La pena, equivalente a seis años, está por debajo de la sugerencia hecha por la fiscalía estadounidense, que estableció en su acusación una condena de no menos de 10 años, hasta cadena perpetua, además de una multa mayor a US$10 millones. 

La brecha podría ser una señal de que Marroquín Tupas negoció una reducción de su condena a cambio de cooperar con las autoridades estadounidenses.

Según la sentencia, Marroquín Tupas también deberá cumplir cinco años de libertad supervisada tras su liberación, y será deportado de forma inmediata al salir de prisión, cederá a favor de Estados Unidos una suma de US$250 mil en bienes o dinero relacionados con el delito, de acuerdo con lo pactado en el acuerdo con la fiscalía. 

Además, quedó inhabilitado para recibir beneficios federales durante cinco años. Por su parte, el tribunal recomendó que cumpliera su condena en el centro federal FCI Texarkana, una cárcel de baja seguridad ubicada en el distrito Este de Texas, la cual alberga alrededor de 1 mil 492 reclusos según el Buró Federal de Prisiones.

Un proceso judicial de siete años

El caso en contra del alcalde de Cuilapa, Santa Rosa, se abrió en Estados Unidos en 2019, cuando un gran jurado lo señaló por el delito de conspiración para fabricar y distribuir cocaína con destino a ese país, delito que, según la acusación formal, habría cometido desde 2015 junto a otras personas en Colombia, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Guatemala y México. 

La detención en Guatemala ocurrió hasta julio de 2023, cuando todavía ejercía como alcalde, y su extradición a Texas se concretó hasta mayo de 2024.

Tras su extradición a Estados Unidos, el caso se aplazó en varias ocasiones hasta que el 18 de agosto de 2025 Marroquín Tupas firmó un acuerdo de culpabilidad sellado con la fiscalía. 

La formalización de ese acuerdo ante un juez se dio en una audiencia el 15 de septiembre de 2025, cuando el magistrado J. Boone Baxter recomendó al juez de distrito aceptar tanto el acuerdo como la declaración de culpabilidad.

El expediente muestra que ese trámite tomó varios meses más: no fue sino hasta el 16 de mayo de 2026 que el juez Richard A. Schell adoptó formalmente el informe del magistrado y declaró culpable a Marroquín Tupas del Cargo Uno de la acusación “conspiración para fabricar y distribuir cocaína, bajo el artículo 963 del Título 21 del Código de Estados Unidos”, aunque en ese momento difirió la aceptación del propio acuerdo de culpabilidad hasta conocer el informe previo a la sentencia. El segundo cargo en su contra fue desestimado a solicitud de la fiscalía. Dos meses después, el 17 de julio, se dictó la sentencia definitiva.

Poder político al servicio del narcotráfico

Según había señalado el Ministerio Público tras la captura de Marroquín Tupas en 2023, el exalcalde «usaba su poder e influencia política para facilitar las operaciones de la organización en la región, inclusive para facilitar el paso de aviones y embarcaciones marítimas cargadas de cocaína». 

Su trayectoria política refleja cómo los operadores locales del narcotráfico se mueven entre distintos partidos en busca de lograr ser electos. Tupas compitió en 2015 con el Partido Patriota, mientras que en 2019 participó con la agrupación Podemos con la cual logró la reelección, mientras que en 2023 su planilla participó con Vamos, la agrupación que llevó a la presidencia a Alejandro Giammattei.

Aunque no fue inscrito en las elecciones de 2023 debido a la acusación y a la solicitud de extradición en su contra, la planilla con la que competía ganó la alcaldía de Cuilapa con Vamos. Su pareja, Maryflor Morales Contreras, asumió el cargo municipal tras un corrimiento de los puestos, luego de quedar vacante su cargo. 

Durante un acto público, el propio Marroquín había justificado su cercanía con el oficialismo de entonces al declarar: «uno tiene que estar en la teta que tiene leche, y aquí la que tiene leche es la del señor presidente», en referencia a Giammattei.

Un patrón que se repite con los políticos

La condena de Marroquín Tupas se suma a una lista creciente de políticos guatemaltecos sentenciados en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico.

José Armando Ubico Aguilar, exdiputado del partido político Todos fue condenado a 18 años de prisión tras declararse culpable de narcotráfico, mientras Crysthian Omar Escobar Ángel, exalcalde de El Rodeo, San Marcos, fue condenado a 27 años de cárcel el pasado 7 de abril por el mismo delito.

En septiembre de 2024, Carlos Preciado Navarijo, ex alcalde de Ocos, San Marcos, hermano de la diputada Vivian Preciado Navarijo, e hijo de la alcaldesa de La Blanca, Edilma Elizabeth Navarijo de León, fue condenado a 10 años de prisión también por el delito de narcotráfico.

Mientras tanto, Juan José Morales Cifuentes, esposo de la alcaldesa de Ayutla, San Marcos, Isel Suñiga, hija del ex alcalde de ese municipio y también señalado por narcotráfico, Erik Suñiga, se declaró culpable del delito de “conspiración para fabricar y distribuir cocaína” con el conocimiento de que esta sería llevada a Estados Unidos.

Por su parte, Freddy Arnoldo Salazar Flores, diputado suplente del Parlacen y yerno de Aler Samayoa Recinos, alias «El Chicharra», se encuentra negociando la aceptación de cargos en Estados Unidos, al igual que Romeo Ramos Cruz, ex alcalde de Santa Lucía Cotzumalguapa.

Todos los políticos procesados por Estados Unidos tienen en común haber establecido sus cacicazgos en municipios fronterizos o ser vecinos del Pacífico guatemalteco, a excepción de Ubico.