El Programa de Aporte Económico al Adulto Mayor, administrado por el Ministerio de Trabajo, experimentó en Sololá un crecimiento inusual durante este año debido a que en apenas 60 días el padrón de beneficiarios pasó de 6 mil 799 a 9 mil 964 personas, es decir que registró un aumento del 46.6 por ciento.
Una auditoría social llevada a cabo por eP Investiga, Acción Ciudadana y residentes de Sololá reveló un aumento inusual en el padrón de beneficiarios del programa social durante 2025. Esta variación se documenta a partir de dos solicitudes de información pública dirigidas al Ministerio de Trabajo la primera con datos actualizados al 31 de julio y la segunda con información al 30 de septiembre. La comparación entre ambos cortes oficiales permite dimensionar con precisión la magnitud del crecimiento.

De acuerdo con la información oficial proporcionada por las autoridades del PAM, también se pudo constatar que solo en la cabecera municipal, las nuevas incorporaciones aumentaron de 80 personas en 2024 a 501 en 2025, lo que representa un incremento superior al 500 por ciento.
Los datos entregados por las autoridades también muestran alta concentración de beneficiarios del PAM en tres municipios específicos. En Nahualá se registran 1 mil 775 beneficiarios, en Sololá 1 mil 220, y en Santa Catarina Ixtahuacán 1 mil 79. Estos tres municipios representan conjuntamente el 40.8 por ciento del total de beneficiarios del padrón departamental.
Sin embargo, los municipios pequeños como Santa María Visitación (con 111 beneficiarios) o San Marcos La Laguna (con 124 beneficiarios) mantienen padrones reducidos y estables, sin variaciones notorias, lo cual sugiere que los procesos de acceso no avanzan con el mismo ritmo en todo el territorio.
La auditoría social realizada refleja que a pesar de las incorporaciones masivas realizadas entre julio y septiembre de este año, la lista de espera para ingresar al programa no ha disminuido, sino que ha crecido. Desde 2020, se han registrado 9 mil 172 solicitudes. A finales de julio de este año, habían 2 mil 470 expedientes pendientes de resolver, cifra que ascendió a 2 mil 586 personas a finales de septiembre.


Este aumento coincide con la principal falla detectada en el PAM que es el cuello de botella de las visitas domiciliarias, requisito obligatorio para que un solicitante pueda completar el proceso. Sin suficientes trabajadores sociales, los expedientes se acumulan sin ser revisados.
El programa también registró 371 rechazos, principalmente por incumplimiento del Decreto 85-2008: ingresos superiores al límite permitido, errores en la documentación o problemas para comprobar el lugar de residencia de los adultos mayores.
A esto se suma otro factor determinante que es que 2 mil 574 beneficiarios fallecieron entre 2020 y 2025. Estas bajas naturales obligan al Estado a habilitar cupos constantemente, pero la velocidad para cubrirlos no depende solo de la demanda, sino de la capacidad operativa del Ministerio de Trabajo.
El padrón departamental también refleja una característica estructural del PAM, pues la mayoría de personas beneficiarias son mujeres. Al último corte disponible, 5 mil 628 de los 9 mil 964 beneficiarios son mujeres, es decir, más del 56 por ciento del total. La tendencia, que se replica a nivel nacional, está vinculada a trayectorias laborales informales, menor acceso a pensiones contributivas y mayores niveles de vulnerabilidad económica en la vejez.

Sololá maneja un presupuesto anual considerable, superando los Q36.5 millones. De esta suma, Q31.9 millones se destinan al pago directo del aporte económico, y al 30 de septiembre se habían empleado Q4.5 millones en gastos administrativos en ese departamento.
Riesgo de politización
Para Jacobo Castañeda, investigador de Acción Ciudadana, el Programa de Aporte Económico al Adulto Mayor no es un programa cualquiera. “Es una de las transferencias sociales más visibles del Estado guatemalteco y una de las pocas que llega de forma directa a una población altamente vulnerable”. Precisamente por eso, advierte, históricamente ha sido un terreno fértil para prácticas clientelares, sobre todo cuando el calendario electoral comienza a acercarse.
“La experiencia en Guatemala muestra que estos programas suelen ser utilizados con fines políticos, especialmente en períodos preelectorales”, señaló Castañeda. Desde esa perspectiva, la expansión extraordinaria registrada en 2025, aunque pueda explicarse por un rezago acumulado de años anteriores, enciende una alerta temprana que no debería ignorarse.
El riesgo, explicó, no está únicamente en el crecimiento del padrón, sino en cómo ocurre ese crecimiento. Si las incorporaciones no se rigen por criterios técnicos claros y si la información pública no se actualiza de forma periódica, el PAM puede transformarse fácilmente en un instrumento de presión política. “La opacidad abre la puerta a la discrecionalidad”, resumió.
Con el fin de evitar ese escenario, Acción Ciudadana considera que se deben tomar medidas concretas como que el Ministerio de Trabajo publique mensualmente el número de nuevas incorporaciones y bajas; que cada ingreso esté respaldado por una justificación técnica verificable; que se prohíban expresamente campañas de difusión del programa vinculadas a actores políticos; y que se realicen auditorías independientes antes del proceso electoral.
Pero el problema no es solo político. También es operativo. Según Castañeda, para que el PAM cumpla realmente su función social, el Ministerio de Trabajo necesita fortalecer su capacidad institucional. Eso implica reforzar el personal encargado de las visitas domiciliarias, principal cuello de botella del programa; integrar los registros del Renap para depurar en tiempo real los fallecimientos; publicar criterios claros y unificados de priorización y abrir los datos del padrón en formatos accesibles para la ciudadanía.

El silencio del Mintrab
Desde la tarde del jueves de la semana pasada, eP Investiga intentó establecer comunicación con el Ministerio de Trabajo. Se contactó a Lesvia Salguero, comunicadora del Mintrab, para confirmar si continuaba a cargo de la comunicación institucional a lo que respondió afirmativamente. Seguidamente se le informó que se trabajaba en una nota sobre la evolución del Programa de Aporte Económico al Adulto Mayor en Sololá y se le consultó si las preguntas debían enviarse por su conducto o directamente al responsable del programa.
Tras ese intercambio inicial, no hubo respuesta. El viernes por la mañana, se le envió un nuevo mensaje para dar seguimiento a la solicitud, advirtiendo que la nota debía cerrarse esa misma tarde. Hasta el cierre de esta publicación, el Ministerio de Trabajo no había indicado el canal para proporcionar su versión oficial.
eP Investiga deseaba plantear una serie de preguntas específicas orientadas a esclarecer los puntos más sensibles del comportamiento reciente del PAM en Sololá. El interés central era entender qué ocurrió en 2025 para que, en un lapso de apenas dos meses, el padrón creciera de forma tan acelerada.
Entre las consultas que se intentó remitir al Ministerio de Trabajo estaba la necesidad de explicar qué factores administrativos, presupuestarios o técnicos hicieron posible que entre julio y septiembre el padrón del PAM en Sololá se expandiera en un 46.6 por ciento, y si ese fenómeno se replicó en otros departamentos del país o si se trató de un caso excepcional.
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