Uno de los principales ejes investigados fue el avance del nepotismo en la Contraloría General de Cuentas (CGC), una institución llamada a fiscalizar el uso de los recursos públicos, pero que ha dado signos claros de colonización política. Las investigaciones documentaron empleados con nexos directos con actores políticos y la contratación de familiares de figuras de alto perfil, como el hijo del expresidente Jimmy Morales, pese a antecedentes cuestionables. Estos hallazgos evidenciaron cómo el órgano contralor ha perdido independencia a lo largo del tiempo y hoy en día está integrado a un sistema de favores del poder político. (El nepotismo se apodera de la Contraloría General de Cuentas; Los empleados de la Contraloría con nexos con políticos; La Contraloría contrata al hijo de Jimmy Morales)
Otro foco central de las investigaciones se refirió a las compras del Ejército sin licitación, que confirmaron a esta institución como uno de los mayores ejecutores de gasto con menores niveles de control. Durante 2025 se documentaron adquisiciones de municiones y equipo militar sin procesos competitivos, pagos millonarios por boletos aéreos a empresas sin registro legal y contratos por más de Q81.7 millones adjudicados a compañías vinculadas a figuras del gobierno de Alejandro Giammattei. Este conjunto de reportajes mostró un patrón de proveedores recurrentes y mecanismos diseñados para eludir la fiscalización. (El Ejército adquiere municiones y equipo militar sin licitación; Ejército paga Q3.3 millones en boletos aéreos a empresa sin registro legal; Ejército otorga contratos por Q81.7 millones a empresa vinculada a figuras del gobierno de Giammattei)
En este entramado, las sanciones de Estados Unidos contra Miguel Martínez se convirtieron en un eje transversal del trabajo investigativo. eP Investiga analizó documentos de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) que detallan los indicios de corrupción significativa atribuidos al exfuncionario cercano a Giammattei, así como las incongruencias entre su declaración patrimonial y la información entregada a las autoridades estadounidenses. Las investigaciones también mostraron cómo empresas relacionadas con su entorno obtuvieron contratos estatales. (Documentos presentados por OFAC dan indicios sobre razones de sanción a Martínez; Las incongruencias entre la declaración patrimonial de Martínez y sus respuestas a la OFAC; Martínez: OFAC señaló que nueva información sustenta mantenerlo bajo la lista SDN)
Las investigaciones también revelaron empresas vinculadas al entorno presidencial que se beneficiaron directamente del poder político. Un caso documentó cómo una compañía que otorgó un vehículo a Miguel Martínez recibió posteriormente contratos del Ejército, mientras que otro reportaje expuso el cierre temporal de La Botica, farmacéutica propiedad de un amigo cercano de Martínez y del expresidente Giammattei, tras señalamientos sobre su operación y vínculos con el Estado. (Empresa que otorgó vehículo a Miguel Martínez recibe contratos en el Ejército; Ordenan cierre temporal de farmacéutica La Botica)
En el ámbito legislativo, eP Investiga examinó las decisiones del Congreso que reducen la fiscalización, desde la promoción de estados de emergencia para agilizar obras de los CODEDE hasta el resurgimiento del negocio del fertilizante y la contratación de familiares de figuras históricas del poder, como el hijo de Francisco Ortega Menaldo. A ello se sumaron asignaciones a ONG con conexiones políticas incluidas en el Presupuesto 2026, lo que evidenció cómo la captura del Estado también se construye desde la ley y el presupuesto. (Oficialismo propone declarar de urgencia nacional proyectos de inversión; El negocio del fertilizante resurgió en el Congreso; Hijo de Ortega Menaldo es contratado en el Congreso; Asignaciones a ONG en el Presupuesto 2026 muestran conexiones políticas)
La relación entre política y crimen organizado fue otro de los temas recurrentes. Las investigaciones incluyeron testimonios en tribunales de Estados Unidos sobre financiamiento del narcotráfico a campañas electorales, nuevas tramas que vinculan a Aler Samayoa Recinos, alias “Chicharra”, con un exagente de la DEA, y la participación de funcionarios en actos públicos junto a alcaldes requeridos en extradición por narcotráfico, lo que evidenció la normalización de estas relaciones. También se documentaron reuniones privadas sostenidas en Casa Presidencial durante el gobierno de Jimmy Morales con el extraditado narcotraficante Federico Machado. (Narcotraficante declara en EE. UU. que financió a la UNE en 2007; A luz nueva trama donde se involucra a Aler Samayoa Recinos; Funcionarios inauguran obra junto a alcaldes requeridos en extradición; Jimmy Morales recibió tres veces a Federico Machado)
A nivel territorial, las investigaciones mostraron que las redes locales de poder replican los mismos patrones. Se documentaron vínculos entre los hermanos del fiscal Rafael Curruchiche y la municipalidad de San Benito, Petén, contrataciones de ex empleados de la empresa del alcalde de Antigua Guatemala dentro de la comuna y adjudicaciones de la Municipalidad de Guatemala a un ex financista de Giammattei señalado en el caso B410, confirmando que el clientelismo también opera desde lo local. (Los hermanos de Rafael Curruchiche y la municipalidad de San Benito; Exempleados de la empresa del alcalde Asturias son contratados en la comuna; Muniguate adjudica millonario contrato a exfinancista de Giammattei).
Finalmente, eP Investiga expuso cómo las constructoras y los grandes proveedores del Estado continúan operando pese a señalamientos previos. Los reportajes revelaron la expansión del clan Córdova hacia nuevos territorios, nuevas adjudicaciones de Covial a empresas señaladas en el caso de plazas fantasma, y cómo desde el Congreso se fraguó una millonaria compra de maquinaria pesada para el Ejército. A esto se sumaron investigaciones sobre el negocio de la limpieza en el INDE durante la gestión de Quijivix y sobre la red de corrupción que benefició a Tigo Guatemala. (El clan Córdova se extiende de Alta Verapaz a Quiché; Covial otorga nuevos contratos a empresas del Consorcio H; Millonaria compra de maquinaria pesada para el Ejército se fraguó en el Congreso; El negocio de la limpieza en el INDE en tiempos de Quijivix; Sobornos, helicópteros y leyes a la medida)
El balance de 2025 muestra que las investigaciones de eP Investiga no retratan hechos aislados, sino un sistema que se mantiene en el tiempo. Las redes cambian de forma, pero conservan su esencia al capturar instituciones, controlar recursos públicos y garantizar impunidad.
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