El pasado 2 de abril,  el Concejo Municipal de la Ciudad de Guatemala resolvió aprobar lo actuado por la Junta de Licitación para el evento de mejoramiento de la Calle Martí y Calzada José Milla y Vidaurre, de esa cuenta el proyecto queda a cargo de la empresa Coamco, propiedad de Juan Pablo Mansilla Morales.

Tanto la constructora como su dueño han sido señalados en múltiples ocasiones de tener participación en esquemas relacionados con corrupción y financiamiento electoral no registrado.

El costo inicial de la obra en la Calle Martí y Calzada José Milla y Vidaurre es de Q42 millones 997 mil 618 y el trabajo está previsto se desarrolle durante 17 meses.

Durante la licitación, la comuna recibió otra oferta además de la presentada por Coamco. Esta provenía de la empresa Arquitectura e Ingeniería Total, propiedad de José Rodrigo Villatoro Guillén, por un monto de Q51.9 millones. Sin embargo, la Junta de Licitación desestimó esta propuesta al considerar que no cumplía con los requisitos fundamentales.

De acuerdo con las bases de licitación, Coamco deberá realizar trabajos de levantamiento, recapeo y señalización con pintura termoplástica desde el Puente Belice en la zona 6 hasta la 12 avenida de la zona 2.

Desde 2018, la Municipalidad de Guatemala ha otorgado Q164 millones 751 mil 928 en contratos a Juan Pablo Mansilla Morales y su empresa Coamco.

Empresa vinculada a casos de corrupción

Juan Pablo Mansilla Morales es un constructor que ha ganado contratos de obra pública desde 2013, por medio de su empresa mercantil Coamco. A la fecha ha obtenido Q927 millones 118 mil 887.37 en adjudicaciones con el Estado, según datos consignados en Guatecompras.

Durante el gobierno de Jimmy Morales, Coamco cobró relevancia al empezar a ganar grandes contratos con el Ministerio de Comunicaciones. Entre 2016 y 2019 facturó Q368 millones 437 mil 097.17 a entidades públicas.

En febrero de 2022, el medio salvadoreño El Faro publicó un reportaje en el que dio a conocer la existencia de la declaración de un testigo que reveló un esquema de financiamiento ilegal para la campaña electoral de Alejandro Giammattei que provenía de sobornos que otorgaban constructoras.

Entre el grupo de empresas que conformaban el esquema. se encontraba la constructora Coamco de Juan Pablo Mansilla Morales quien habría ayudado a financiar la entrega de aproximadamente Q20 millones a Giammattei a cambio de que el entonces ministro de Comunicaciones, José Luis Benito, continuara en el cargo por un año y les fueran asignadas más contratos de obra pública.

Aunque Giammattei no cumplió con que permaneciera en el cargo de Benito, Coamco, si obtuvo generosas adjudicaciones de obra pública en el Ministerio de Comunicaciones y ganó Q411 millones 393 mil 160 entre 2020 y 2023. Tras la publicación de la nota del medio salvadoreño, la empresa de Mansilla Morales ya no obtuvo más contratos con el gobierno central.

Coamco y su dueño también fueron vinculados al caso de defraudación tributaria conocido como B410, en el cual la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) identificó a 410 empresas que entre 2021 y 2024 facturaron Q6 mil 400 millones al Estado pero sólo pagaron Q26 millones en impuestos y se estima que pudieron evadir el pago de más de Q800 millones.

La empresa de Juan Pablo Mansilla Morales fue una de las que se beneficiaron del esquema y por ello, la SAT inhabilitó a la entidad por insolvencia tributaria del 21 de agosto al 10 de octubre de 2024.

Vínculos con Progeyco

Otra empresa que se relaciona con Mansilla Morales es Proyectos Generales y Construcciones, S.A. (Progeyco) la cual ha facturado Q519 millones 499 mil 985 al Estado entre 2015 y 2024, según consta en los registros de Guatecompras.

Antiguas investigaciones realizadas por elPeriódico revelaron que en el pasado tanto Coamco como Progeyco compartían domicilio en la colonia Tecún Umán de la zona 15 capitalina.

Además el representante legal de Proyeco es Juan Pablo Monzón Woc, a quien Juan Pablo Mansilla Morales pagó sus cuotas patronales en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de febrero de 2019 a mayo de 2020, es decir Monzón Woc fue empleado de Mansilla Morales.

elPeriódico también reportó que durante una gira para supervisar la construcción del hospital de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, el 28 de agosto de 2020, el entonces presidente Alejandro Giammattei agradeció a Coamco por la donación de asfalto utilizado para habilitar el centro. “Gracias a la empresa Coamco, que de alguna manera gratuita nos donó (sic) el asfalto que hacía falta. Muchísimas gracias, Juan Pablo”, le dijo Giammattei al constructor Juan Pablo Monzón Woc, quien asistió al acto en representación de Coamco.

Según la nota periodística, Monzón Woc se acomodó entre los funcionarios que estuvieron en la supervisión y le hablaba al oído al entonces ministro de Comunicaciones, Josué Edmundo Lemus.

Antes de ser uno de los constructores favoritos en el CIV; en 2009, Monzón Woc fue coordinador jurídico en el Fondo Social de Solidaridad (FSS). Seis años después se postuló, sin éxito, como candidato a diputado con la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) en la tercera casilla del Distrito Central.

MuniGuate: “La empresa no tiene ninguna inhabilitación”

eP Investiga se comunicó con la Unidad de Prensa de la Municipalidad de Guatemala a la que le cuestionó sobre los antecedentes del constructor Juan Pablo Mansilla Morales y su empresa Coamco como financista de Alejandro Giammattei y su reciente vinculación al caso B410.

La comuna capitalina respondió que “La Municipalidad de Guatemala actúa conforme al marco legal vigente. En el caso del contratista Juan Pablo Mansilla Morales y su empresa, al momento del proceso de adjudicación no se encontraba ninguna inhabilitación judicial, administrativa o tributaria registrada que impidiera su participación. De hecho, el proveedor cuenta con registro activo en el Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE) y no presenta incumplimientos tributarios, conforme al documento oficial emitido por la SAT con fecha 11 de abril de 2025”.
“Legalmente, corresponde al Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE) verificar la capacidad técnica y financiera de los proveedores, a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) certificar el cumplimiento tributario, y al sistema judicial emitir condenas o inhabilitaciones por la comisión de delitos. Si dichas entidades no han emitido restricciones dentro del ámbito de su competencia, cualquier junta evaluadora debe regirse por los principios de legalidad, presunción de inocencia que ampara a todos los oferentes”, señaló la MuniGuate.

Además las autoridades capitalinas indicaron que “todos los procesos de adquisición se realizan conforme a la Ley de Contrataciones del Estado, a través de Guatecompras y con mecanismos públicos de fiscalización. El proceso de adjudicación al proveedor Coamco se efectuó bajo los criterios técnicos establecidos en las bases de licitación, en igualdad de condiciones con los demás oferentes”.

Agregaron que “la Municipalidad de Guatemala reafirma su compromiso con la legalidad, la transparencia y la correcta ejecución de la obra pública, en beneficio de los vecinos de la ciudad”.

Acción Ciudadana: “No se puede negar la carga de señalamientos de esta empresa”

César Vega, analista de Acción Ciudadana, expresó que “en primera instancia me parece que las empresas vinculadas a actos de corrupción continúan ganando millonarios contratos con total impunidad gracias a la inoperancia de los órganos de control y fiscalización como la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público”.

“Por otra parte resulta penoso el argumento de la Municipalidad de Guatemala respecto a recurrir al argumento de la presunción de inocencia para adjudicar un contrato de obra pública a una empresa que tiene graves señalamientos de participar en esquemas de corrupción”, indicó Vega.

El analista agregó que “si bien es cierto que hay una verdad jurídica, no se puede ignorar la carga de señalamientos históricos en contra de esta empresa y su dueño, y lo que se evidencia es que no existe una voluntad política por parte de las autoridades de la Municipalidad de Guatemala de trabajar con transparencia y con contratistas éticos que generen confianza a los vecinos de la ciudad capital”.