La iniciativa fue propuesta por el diputado del bloque Compromiso Renovación y Orden (Creo), José Pablo Mendoza y el diputado del bloque Viva, Gustavo Cruz. Esta se presentó a la Dirección Legislativa el 27 de febrero de 2024.
En marzo de 2024, la propuesta se presentó ante el pleno y obtuvo dictamen favorable por parte de la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional, presidida por el diputado Jorge Mario Villagrán, el pasado 26 de agosto de 2025.
La propuesta ya fue discutida en el pleno del Congreso en primer y segundo debate. Se había incluido en la agenda de la sesión del martes 30 de septiembre para su aprobación, pero la sesión plenaria no llegó hasta ese punto.
Según el Congreso, esta iniciativa establece un marco jurídico integral para prevenir, investigar y sancionar los delitos cibernéticos.
Esta propuesta contempla la tipificación de nuevos delitos informáticos, como el acceso e interceptación ilícita, el fraude informático y el abuso de dispositivos tecnológicos. Crea también el Centro de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática de Guatemala (CSIRTGT), como órgano técnico responsable del análisis, gestión, coordinación y respuesta ante incidentes de ciberseguridad a nivel nacional.
Además, afirman que la ley fortalece al Ministerio Público, el Organismo Judicial, la Policía Nacional Civil y otras instituciones del Estado.
Cuestionada propuesta
Varios sectores han cuestionado la propuesta dictaminada favorablemente en el Congreso y han asegurado que esta podría atentar contra derechos fundamentales, como lo es la libertad de expresión.
La Alianza para un Congreso Eficiente emitió el martes un comunicado en el que expresaron estar preocupados por el contenido de esta propuesta, asegurando que hay riesgos si se aprueba sin una revisión técnica y jurídica.
“Este tipo de leyes, por sus implicaciones en la institucionalidad y en el marco jurídico vigente, deben construirse con el respaldo de expertos en ciberseguridad y en derecho penal y constitucional”, indicaron.
Expresaron que el dictamen favorable que le dio a esta iniciativa no refleja de forma suficiente la opinión de especialistas técnicos y jurídicos y que esto podría suponer riesgos en su aprobación, limitando derechos.
“Contiene disposiciones que pueden afectar derechos fundamentales como la
libertad de expresión y la privacidad. Carece de armonización con la legislación vigente y con estándares internacionales”, afirmaron.
Ante estos cuestionamientos, la Alianza pidió al Congreso que esta iniciativa sea revisada nuevamente por expertos en la materia para resguardar derechos ciudadanos.
El colectivo #JusticiaYa criticó el avance de la iniciativa en el Congreso y aseguraron que este un proyecto de ley “preocupante”, debido a que entrega controles al Mindef, dejando fuera a la sociedad civil y empresas.
Además, indicaron que esta permite compras secretas y que fija castigos desproporcionados.
“La ciberseguridad es necesaria, pero no a costa de derechos ni de darle más poder a los militares”, aseguraron.
Atenta contra la Constitución
Según un análisis del Centro de Investigaciones Económicas y Nacionales (CIEN), la iniciativa 6347 contiene artículos que atentan contra la Constitución Política de la República.
El CIEN señala en su informe que el contenido de la iniciativa atenta contra el artículo 43 de la Constitución debido a que no establece una diferencia clara entre infraestructuras críticas de carácter gubernamental o privado.
“Se faculta al Ministerio de la Defensa para actuar permanentemente en acciones para la ciberdefensa, promoviendo así su intervención sobre infraestructuras privadas”, indica el análisis del CIEN.
Asimismo, se indicó que las penas por ciberdelitos previstas en la propuesta son desproporcionadas y que incluso algunas superan a las sanciones por homicidio culposo o robo.
En ese sentido, indicaron que si bien es un avance que exista una iniciativa que adecue el marco penal guatemalteco al entorno digital, la actual propuesta necesita ajustes y una revisión que corrija sus debilidades, ya que de aprobarse sin esos análisis podría representar efectos contraproducentes y vacíos legales.
