Durante la última etapa de la audiencia de ofrecimiento de prueba, Bremer aceptó en su totalidad los medios de prueba presentados por el Ministerio Público (MP) y la parte querellante, que es la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Blanca Stalling.

Sin embargo, rechazó la mayoría de los propuestos por la defensa de González, incluidos testimonios de exfuncionarios internacionales y varios documentos, argumentando falta de pertinencia, idoneidad o relación con los hechos.

La defensa interpuso un recurso de reposición al considerar que la decisión vulnera el derecho a la defensa en igualdad de condiciones, señalando que se rechazaron testimonios clave de exjefes de la CICIG mientras que a los querellantes se les admitieron pruebas de naturaleza similar.

Con esto, la defensa señaló que les deja en una desigualdad de condiciones y vulnera su derecho a una defensa plena.

Tanto el MP como la parte querellante solicitaron que el recurso presentado por González fuera declarado sin lugar.

El expediente fue remitido al Tribunal Séptimo de Sentencia Penal, que fijó para el 1 de septiembre de 2026 el inicio del debate oral y público contra González.

El caso se originó luego de que Stalling denunciara a González por supuestamente incurrir en abuso de autoridad al iniciar investigaciones en su contra sin haber sido despojada de su derecho de antejuicio. 

Este caso se deriva de presuntas presiones que Stalling habría ejercido en contra del exjuez Carlos Ruano para favorecer a su hijo, Otto Fernando Molina Stalling, en el caso IGSS-Pisa.