La resolución fue emitida por el juez del Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal, Arnulfo Carrera, quien no atendió lo requerido por el INDE y la PGN, según se pudo conocer.
El INDE, como agraviado dentro del caso, había solicitado que Quijivix pagara una reparación digna de Q15 millones, mientras que la PGN pidió un pago de Q14 millones por las afectaciones causadas al Estado, según informó La Hora.
Se solicitó más información a la PGN sobre la resolución emitida por el juez, pero indicaron que el caso está bajo reserva, por lo que no dieron más detalles al respecto del proceso.
En este caso, Quijivix fue beneficiado con el cambio del delito de lavado de dinero por el de conspiración para cometer lavado de dinero.
Quijivix enfrentaba un proceso penal en el cual era señalado por transacciones sospechosas de hasta Q85 millones en sus cuentas bancarias, dentro del denominado caso denominado Red Q. Tuvo una orden de captura vigente por no asistir a las audiencias, la que nunca se ejecutó y posteriormente se sometió a la Ley de Aceptación de Cargos.
Tras aceptar los cargos, Quijivix fue sentenciado a una pena reducida de dos años y ocho meses de cárcel conmutables, con lo que se dejó sin efecto la resolución que lo enviaba a prisión preventiva emitida en octubre de 2025.
Quijivix fue un personaje cercano al expresidente Alejandro Giammattei y a Miguel Martínez. Durante ese gobierno ocupó un cargo como delegado presidencial del Ministerio de Energía y Minas en el Centro de Gobierno, ganando un salario de Q20 mil 625 mensuales.
También fue coordinador de asuntos específicos del Despacho Superior de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan). En el INDE ocupó el cargo de presidente y también el de asesor del Consejo Directivo.
En noviembre de 2024, el gobierno de Bernardo Arévalo denunció a la denominada Red Q, en la que también fue señalado el expresidente Giammattei.









