A lo largo de 2025, eP Investiga documentó cómo distintas estructuras políticas y económicas continuaron utilizando al Estado guatemalteco como un espacio para la obtención de beneficios, protección y control institucional. Las investigaciones publicadas durante el año evidenciaron que, lejos de desarticularse, las redes de corrupción se reacomodaron tras el cambio de gobierno y mantuvieron influencia en áreas estratégicas como la contratación pública, los órganos de control, el Congreso, las municipalidades y las fuerzas armadas.
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