El artículo 232 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que la Contraloría General de Cuentas (CGC) tiene el mandato de fiscalizar y garantizar el uso correcto de los recursos públicos por parte de las instituciones del Estado, los gobiernos municipales y las entidades descentralizadas y autónomas.

La CGC cumple con un rol que es clave para prevenir la corrupción y garantizar que todos los fondos públicos tengan una utilización adecuada y lleve beneficios a la población guatemalteca. Sin embargo, a lo interno de la propia Contraloría se practica una conducta que en otras entidades probablemente sería objeto de hallazgos y sanciones: la contratación de familiares de funcionarios y empleados en plazas permanentes y bien remuneradas.

Por medio del uso de informes publicados por mandato de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), eP Investiga revisó el listado de personas que trabajan en la CGC y detectó al menos a 13 núcleos familiares laboran simultáneamente en la institución. 

Los hallazgos revelan un esquema sostenido de nepotismo que contradice los principios de imparcialidad, mérito y transparencia que la CGC está llamada a atender. La evidencia da cuenta de que funcionarios de alto o mediano nivel en la Contraloría facilitan el ingreso de un familiar directo a una plaza administrativa o técnica.

Padres, hijos, cónyuges y hermanos contratados

Uno de los casos más visibles es el de Emerson Alberto Monzón Sandoval, quien ocupa una plaza 011 como Asistente Profesional I, con un salario mensual de Q9 mil 260. Emerson es hijo de Juan Alberto Monzón Esquivel, actual secretario general de la CGC, quien percibe Q40 mil 200 al mes. Además, Mónica Susana Quinteros Samayoa, esposa de Emerson y nuera del secretario general, también trabaja en la institución como Técnico III, con un salario de Q8 mil 370.

Otro caso similar es el de Ana Vivian Paiz Terraza, contratada bajo el renglón 189 con ingresos por Q8 mil mensuales. Ella es hija de Leonel Leónidas Paiz Castañeda, Asistente Profesional II, con un salario de Q9 mil 695, y está casada con Mario Armando Garrido Franco, quien también labora en la CGC como Técnico II, con un salario de Q8 mil 115.

También destaca Caryl Esteban Alonso Corzantes, Asistente Profesional I con un sueldo de Q9 mil 260, hijo de Caryl Orlando Alonso Jiménez, quien presta servicios profesionales al despacho superior de la CGC por Q29 mil mensuales.

En otros casos, se trata de hermanos que trabajan juntos. Hugo Leonel Estrada Girón, Subdirector con un ingreso de Q30 mil, y trabaja junto a su hermano José Milton Estrada Girón, Auditor Gubernamental con plaza 011 y un salario de Q14 mil 350.

En la misma línea, Carlos José Choy Alvarado, Auditor Gubernamental I, quien devenga Q14 mil 350, es hijo de Edgar René Choy Guevara, jefe del Departamento de Transportes con un salario de Q18 mil 025.

Blanca Rocío Chojolán Macario, jefa de departamento con Q18 mil 25, comparte espacio laboral con su hermana Astrid Johanna Chojolán Macario, Auditora Gubernamental, quien gana Q14 mil 350.

Brandon Gabriel Turcios Marroquín, Técnico I con Q7 mil 840, es hijo de Carlos Roberto Turcios Pérez, Supervisor Nacional de Municipio Especializado, con un salario de Q24 mil 320.

José Antonio Franco Rodríguez, Profesional de Seguridad Informática con Q17 mil 375 de salario, es hijo de María del Rosario Rodríguez Hidalgo, Asistente Administrativo III, con  sueldo de Q8 mil 742 en la CGC.

Ángel Renato Morales Barrios, Técnico III con un sueldo de Q9 mil 370, es hijo de Luz Angélica Barrios Mendoza, Asistente Administrativo IV que gana Q8 mil 685.

También hay parejas laborando en la misma entidad. Laura Lisbet García Avelar, Asistente Administrativo III con Q8 mil 420, trabaja junto a su esposo Juan Pablo Mérida González, Asistente Profesional I con un salario de Q9 mil 310.

Las hermanas Perla Lissethe Castellanos Turcios, Asistente Profesional I con Q9 mil 260, y Cristina Soledad Castellanos Turcios, Asistente Administrativo Ejecutivo I con Q9 mil 845, también forman parte de la nómina institucional.

Los hermanos Henri Estuardo Balan Álvarez, Asistente Profesional I con Q9 mil 335, y Selvin Omar Balan Álvarez, Técnico III con Q8 mil 370, completan la lista de familiares contratados.

Elvia Janeth Zeceña Cruz, Cocinera Especializada I con un ingreso de Q7 mil 635, tiene a su hijo Gustavo Armando Ruano Zeceña laborando en la misma institución, con una plaza 011 como Especializado I y un salario de Q7 mil 600.

Contraloría guarda silencio

Desde el pasado 9 de junio, se envió una serie de preguntas a las autoridades de la Contraloría General de Cuentas (CGC) en busca de respuestas sobre la presencia de vínculos familiares entre empleados de la institución. Sin embargo, hasta la fecha no se ha recibido respuesta alguna por parte de la entidad fiscalizadora.

Las consultas planteadas fueron dirigidas a conocer si la CGC cuenta con mecanismos para prevenir el nepotismo, si los empleados están obligados a declarar vínculos familiares con otros trabajadores, y cuántos casos de parentesco directo existen actualmente dentro de la institución.

También se solicitó información sobre la existencia de una política formal contra el nepotismo, así como sobre auditorías internas o externas realizadas en los últimos cinco años relacionadas con los procesos de contratación.

“Este caso de corrupción que no puede pasar desapercibido»

Manfredo Marroquín, director de la organización civil Acción Ciudadana, señaló que la Contraloría General de Cuentas se ha convertido en un bolsón de nepotismo y clientelismo.

«Vale la pena preguntarnos con qué autoridad moral puede la Contraloría auditar a otras instituciones, cuando da el mal ejemplo en el ejercicio de la función pública. Este es un alarmante caso de corrupción que no puede pasar desapercibido», expresó Marroquín.

El experto en temas de transparencia también advirtió que es evidente la ausencia o debilidad de la oficina de control interno de la Contraloría, lo que ha propiciado la adopción de malas prácticas, especialmente en los procesos de contratación.

Agregó que la contratación ilegal de familiares podría constituir una violación al artículo 18 de la Ley de Probidad —que establece prohibiciones para los funcionarios públicos— así como al artículo 432 del Código Penal, que sanciona los nombramientos ilegales realizados por autoridades o empleados del Estado.

Marroquín invitó al jefe de la Contraloría a actuar de inmediato, revisar esta información y tomar las medidas administrativas necesarias para separar del cargo a todas las personas que tengan vínculos familiares dentro de la institución.

Finalmente criticó la falta de respuestas por parte de las autoridades de la Contraloría frente a preguntas clave sobre estas contrataciones y expuso que el silencio solo aumenta las sospechas de una cultura institucional que tolera o incluso promueve el nepotismo”.