Augusto Jean Carlo Castillo Hernández, conocido en el mundo del narcotráfico como “Metal” o “Joker”, salió libre pero bajo la figura de libertad supervisada en Estados Unidos después de que su condena fuera reducida al mínimo y obtuviera una condena de “tiempo cumplido”, según la sentencia dictada el 7 de noviembre pasado por la jueza Dana Sabraw del Distrito Sur de California. 

Castillo Hernández, es hijo de Ericka Ruth Hernández Herrera, hermana de la diputada del partido de Alejandro Giammattei,  Sofia Hernández Herrera, sancionada por Estados Unidos y señalada según el Departamento de Estado de “socavar el proceso democrático y las instituciones al abusar de sus poderes oficiales para intimidar a sus oponentes políticos. También solicitó sobornos y amenazó con utilizar los legítimos propósitos del Congreso de Guatemala como arma para tomar represalias contra sus enemigos en beneficio propio”.

A explicación no pedida…

Aunque en los documentos del caso no se menciona la participación de su tía ni de otros funcionarios guatemaltecos, en una carta dirigida a la jueza que siguió el caso, Castillo Hernández intentó exculparla, señalando que era falso que ella estuviera involucrada en sus actividades.

“Quiero aclarar de antemano que las sospechas de que mis actividades de narcotráfico están supuestamente relacionadas con el gobierno de mi país, son sumamente falsas. Dichas sospechas están basadas en la falsedad de que mi tía, la cual trabajó en el gobierno de mi país, estaba involucrada con mis actividades. Esos rumores son totalmente falsos. Si dichas mentiras tuvieran mérito, jamás me hubieran arrestado.”, señala Castillo Hernández en el segundo párrafo de su carta en la cual busca disculparse con la sociedad estadounidense.

“Empiezo con expresar las más profundas disculpas por haber cometido tan grandes y serios crímenes y por causar serios daños a la sociedad de los Estados Unidos de América y a sus ciudadanos”, inicia en su escrito dirigido a la jueza que siguió su caso.

Mientras que para Guatemala en donde cometió los delitos, según confesó, no hay mención de disculpas para la sociedad ni para los ciudadanos.

Como ha sucedido con decenas de casos más vinculados con narcotraficantes, no existen registros públicos de investigaciones o procesos abiertos en Guatemala en contra Castillo Hernández por los delitos de narcotráfico que confesó en Estados Unidos.

Un operador clave dentro de Los Huistas

Los documentos de la corte detallan el rol que Castillo desempeñó dentro de la estructura criminal, su relación con mandos sancionados por el Departamento del Tesoro y las operaciones de tráfico que coordinó durante años en Huehuetenango.

El memorándum de sentencia describe a Castillo Hernández como “un mando operativo de alto nivel” dentro de la organización y señala que los agentes lograron identificarlo durante una investigación de varios años encabezada por “Homeland Security”, que incluyó escuchas telefónicas, coordinación con varios distritos federales y cooperación de autoridades de múltiples países.

Según la acusación, entre 2017 y julio de 2020, Castillo coordinó la distribución de al menos 2 mil kilogramos de cocaína, equivalentes a más de dos toneladas, las cuales posteriormente cruzaron la frontera hacia México y terminaron en Estados Unidos.

Los documentos judiciales muestran que dentro de la estructura, Castillo Hernández mantenía autoridad y supervisaba a grupos encargados de la vigilancia de rutas, negociaba con proveedores, inspeccionaba la calidad de los cargamentos y, en ocasiones, daba instrucciones directas sobre cómo mover la droga o cómo evadir presencia de las autoridades en la frontera.

En un caso citado por los fiscales, Castillo Herández instruyó a uno de sus hombres identificado como “Rambután” para que se instalara cerca de un punto de cruce entre Guatemala y México y reportara movimientos de vehículos oficiales. 

En otra ocasión, pidió a un trabajador llamado “Nomas” que verificara de inmediato la calidad de un cargamento para cumplir con las exigencias del comprador del lado mexicano. Castillo insistió en que la revisión debía hacerse de inmediato, recordando que “del otro lado (en México) son muy exigentes con la calidad”.

Estas llamadas, contenidas en las comunicaciones interceptadas citadas por la fiscalía, evidencian que Castillo Hernández dirigía operaciones completas de adquisición, transporte y entrega de cocaína.

El departamento de justicia también señaló que Castillo trabajaba directamente con Axel Bladimir Montejo Sáenz, alias “Mosh”, uno de los líderes de la organización, sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y quién aún no ha sido detenido para enfrentar la acusación.

Aceptación y colaboración

Castillo fue detenido en Guatemala el 31 de agosto de 2021, luego de una orden de captura con fines de extradición. Fue entregado a Estados Unidos el 10 de febrero de 2022, menos de un mes antes de que OFAC oficializara las sanciones contra Los Huistas.

Luego de un proceso marcado por múltiples aplazamientos —reflejados en más de 80 anotaciones judiciales del docket— Castillo finalmente aceptó los cargos el 12 de diciembre de 2023.

En su acuerdo de culpabilidad reconoció no solo haber transportado cocaína, sino también su rol como coordinador, negociador y supervisor dentro del esquema. Esa admisión le permitió acogerse a reducciones por aceptación de responsabilidad.

El cálculo inicial de la sentencia, basado en las guías federales, arrojaba un rango de 235 a 293 meses de prisión, es decir, entre 19 y 24 años. 

Sin embargo, la Fiscalía recomendó un ajuste hacia abajo por su decisión de resolver el caso sin ir a juicio y probablemente por su invaluable colaboración en otros casos, lo que finalmente abrió la puerta para que la jueza impusiera una pena radicalmente menor.

El resultado fue una sentencia de “tiempo cumplido” y tres años de libertad supervisada, con la condición de que abandone Estados Unidos y no regrese sin autorización.

La conexión familiar

Los documentos del caso incluyen referencias familiares que confirman su parentesco con la diputada Sofía Hernández Herrera, una figura influyente en la política de Huehuetenango. Sin embargo, en ninguna de las piezas procesales se menciona que la congresista haya intervenido en el proceso, ni que las autoridades estadounidenses la investiguen o señalen por supuestos vínculos con la organización.

Los fiscales dejan claro que la responsabilidad penal recae exclusivamente sobre Castillo Hernández y los otros miembros de la estructura identificados en la investigación. La justicia estadounidense, además, no encontró elementos que justificaran ampliar el caso hacia familiares o terceros.

Aun así, su parentesco es relevante en términos de contexto político: Los Huistas han sido una estructura que históricamente ha tejido relaciones en distintos niveles locales, especialmente en municipios fronterizos. La sentencia de Castillo se suma a una lista creciente de operadores, miembros familiares y mandos de la organización que enfrentan procesos o sanciones en Estados Unidos.

Un caso cerrado, una estructura bajo investigación

La liberación de Castillo Hernández pone fin a su proceso penal en Estados Unidos, pero no a las investigaciones contra la organización a la que perteneció. El memorándum de sentencia presentado por la fiscalía lo ubica como parte de Los Huistas, una estructura que en los últimos años ha sido objeto de sanciones financieras, acusaciones federales y procesos de extradición.

El caso de Castillo se suma a otros expedientes abiertos contra integrantes de esa organización. Entre ellos, el proceso que enfrenta Aler Baldomero Samayoa Recinos, alias “Chicharra”, señalado por autoridades estadounidenses como uno de los operadores históricos de la red, así como el caso de Freddy Arnoldo Salazar Flores, identificado como parte de las células de apoyo logístico y transporte del grupo.

Estos procesos muestran el alcance de las investigaciones estadounidenses sobre las redes de tráfico que operan desde el occidente guatemalteco, y cómo distintos niveles de la estructura, desde operadores territoriales hasta mandos logísticos, han sido alcanzados por acusaciones y sanciones.