En octubre, el gobierno central ejecutó una maniobra presupuestaria discreta pero decisiva, pues trasladó Q225 millones desde entidades sin relación directa con infraestructura hacia el Ministerio de Comunicaciones. A primera vista, se trataba de una reorientación para “acelerar la ejecución” de cinco proyectos carreteros. Sin embargo, los documentos oficiales y el historial de adjudicaciones muestran que la operación no surgió de una urgencia técnica, sino de una estructura legal y política diseñada desde el año anterior.
La clave está en el artículo 134 del Presupuesto 2025, aprobado por el Congreso en noviembre de 2024. Ese artículo obligó al Ministerio de Finanzas a “poner a disposición los recursos necesarios” para obras específicas, blindando su financiamiento y prohibiendo que los fondos se transfirieran a otros destinos, salvo que al finalizar el segundo cuatrimestre se demostrara que no podrían ejecutarse.
La disposición dejó definidos no sólo los proyectos, sino también los montos que debía garantizar el Ejecutivo al otorgar Q200 millones para la construcción carretera a cuatro carriles. Anillo C-50. Tramo I: bifurcación CA-09 Norte–Sanarate–Sansare, El Progreso; Q200 millones para la construcción carretera a cuatro carriles. Anillo C-50. Tramo 6: Fase 2: bifurcación CA-01 Oriente–El Jocotillo–El Obrajuelo, Villa Canales, Guatemala; Q200 millones para la construcción carretera a cuatro carriles. Anillo C-50. Tramo 7: El Obrajuelo, Guatemala–Guanagazapa, Escuintla; Q150 millones para la construcción carretera, Libramiento de Sayaxché, RD-PET-11; y Q150 millones para el Diseño y Construcción Carretera a Cuatro Carriles de la ruta CA-14, Tramo: Santa Cruz Verapaz–Cobán, Alta Verapaz.
La transferencia presupuestaria se materializó el 15 de octubre, cuando el presidente Bernardo Arévalo; Jonathan Menkos, ministro de Finanzas; Miguel Ángel Bobadilla, entonces ministro de Comunicaciones; Elmer Salazar Mejía, viceministro encargado de Asuntos del Petén; y Juan Gerardo Guerrero, secretario general, firmaron el Acuerdo Gubernativo de Presupuesto 20-2025.
Con él, autorizaron que Q186 millones del MAGA pasaran al Ministerio de Comunicaciones, complementados con otros Q3 millones provenientes de la Secretaría de Inteligencia Estratégica (SIE) y Q36 millones de Servicios de la Deuda Pública.
El Dictamen 291 de la Dirección Técnica de Presupuesto, fechado el 13 de octubre, advierte en su punto 4 del análisis que el recorte al MAGA afecta directamente la ejecución de seis obras de infraestructura de riego y un centro de acopio.
Los fondos recortados al MAGA, SIE y Deuda Pública fueron dirigidos para pagar a las constructoras responsables de cinco obras heredadas del gobierno pasado. El Acuerdo Gubernativo de Transferencia asignó Q10 millones para la ampliación de la RN-19 (CA-9 Norte–Sanarate–Sansare); Q20 millones para el tramo El Jocotillo–El Obrajuelo; Q85 millones para El Obrajuelo–Guanagazapa; Q55 millones para el Libramiento de Sayaxché; y otros Q55 millones para la CA-14 entre Santa Cruz Verapaz y Cobán. Las asignaciones coinciden con un patrón de continuidad financiera hacia actores presentes desde hace años en la obra pública.
Constructores señalados
Dos de los proyectos el de la RN-19 (CA-9 Norte–Sanarate–Sansare) y la CA-14 (entre Santa Cruz Verapaz y Cobán), son ejecutados por Constructora y Transportes San Francisco, propiedad de Francisco Alejandro Córdova Molina, identificado como el patriarca del denominado clan Córdova de Alta Verapaz. La empresa ha obtenido contratos estratégicos en la región de las Verapaces durante al menos una década y recientemente se ha expandido a Quiché.
El tramo CA-01 Oriente–El Obrajuelo está a cargo de Tracser, S.A., una constructora que incrementó su presencia durante el gobierno de Giammattei. El historial de la constructora en Guatecompras revela que de 2021 a 2023, la empresa ganó 3 contratos en el Ministerio de Comunicaciones que suman Q1 mil 036 millones.
Mientras que el proyecto más costoso (la readecuación presupuestaria le asigna Q85 millones) que contempla la ampliación del tramo que comunica El Obrajuelo, Guatemala–Guanagazapa, Escuintla, está en manos de Asfaltos y Petroleos, S.A. (Aspetro), de Mauricio López Camey y Mauricio López Oliva, padre e hijo sancionados por Estados Unidos por corrupción. Pese a las sanciones, la empresa mantiene contratos vigentes y continúa ejecutando obras gubernamentales.
El Libramiento de Sayaxché, en Petén, completa el mapa. La obra fue adjudicada a Opción Técnica, S.A., que es manejada extraoficialmente por Salvador Ramírez, amigo y ex financista del expresidente Giammattei, según fuentes del sector construcción. La transferencia le sumó otros Q55 millones para avanzar durante este año.
“Los diputados imponen al Ejecutivo los negocios que quieren”
El politólogo Renzo Rosal sostiene que desde hace varios años se ha venido consolidado una descomposición estructural en la administración y ejecución del Presupuesto General de la Nación. A su criterio, el instrumento dejó de ser una guía de planificación pública para convertirse en “un mecanismo lleno de bolsones de negocios cuestionables”, diseñado para mantener compromisos heredados y asegurar el flujo de recursos hacia grupos con poder político y económico.
Subrayó que uno de los síntomas más claros es el pago constante de obras negociadas por la administración anterior, particularmente desde el Ministerio de Comunicaciones. “Es inaudito el continúo pago que hace Comunicaciones a obras negociadas y entregadas por el gobierno anterior. El actual Ejecutivo no ha tenido voluntad política para corregir malas prácticas y se ha limitado a ser un gobierno cómplice que acredita puntualmente pagos cargados de opacidad”, aseguró.
Entre los beneficiarios de esta transferencia presupuestaria, Rosal destaca que dos de las cinco obras beneficiadas están a cargo de miembros de una misma familia como lo son Los Córdova “un grupo que históricamente ha tenido presencia en la política local y nacional, con integrantes que han sido diputados y alcaldes”. A ello se suma un hecho que califica como “aún más grave” con la realización de pagos a Aspetro, “una constructora cuyos propietarios aparecen en listas restrictivas del gobierno de los Estados Unidos”.
Para el analista político, estos hechos no son aislados, sino reflejo de un sistema político que utiliza el presupuesto como herramienta de transacción y control. “Los diputados no solo condicionan el destino de los recursos, sino que también imponen al Ejecutivo los negocios que quieren concretar”, advirtió.
Rosal señala que los cinco proyectos de obra pública beneficiados en octubre son un ejemplo, pero no los únicos. Pues bajo la misma lógica se impuso mediante la inclusión de candados presupuestarios la compra de maquinaria pesada para el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y la adquisición de fertilizantes que terminaron beneficiando a redes vinculadas a la corrupción.
