Rudy Gallardo fue contratado en el TSE el pasado 4 de mayo por un monto de Q237 mil 096.77, distribuidos en un pago inicial de Q27 mil y siete desembolsos mensuales de Q30 mil, para asesorar en la Dirección General de Informática del órgano electoral.

La contratación tiene relevancia debido a que Gallardo no fue incorporado para realizar tareas administrativas o técnicas rutinarias. Un informe de actividades presentado por el propio asesor muestra que participa en la formulación de la estrategia tecnológica que el TSE pretende implementar de cara al proceso electoral de 2027.

Poner contrato

Entre las funciones asignadas al exdirector del Renap figura la elaboración del «Plan Maestro para el Sistema Nacional de Integridad y Modernización Electoral 2026-2027», un documento que busca definir la hoja de ruta tecnológica del órgano electoral.

Asimismo, reportó el desarrollo del «modelo de confianza verificable para procesos electorales», incorporando mecanismos de trazabilidad, auditoría, custodia documental, monitoreo y control institucional.

La documentación también revela que Gallardo participa en la formulación de propuestas para el «Sistema Nacional de Custodia, Trazabilidad, Auditoría y Control Electoral», la arquitectura tecnológica nacional del Tribunal, un «modelo biométrico electoral offline» y el «Sistema Nacional de Resultados Electorales AURA», destinado al procesamiento y publicación de resultados electorales.

Además, informó haber brindado asesoría en temas de ciberseguridad institucional, soberanía digital, protección de infraestructura crítica, continuidad operativa, seguridad de la información, protección de datos y gobernanza tecnológica.

Su trabajo también incluye elaborar propuestas relacionadas con interoperabilidad institucional, identidad digital, digitalización de servicios, empadronamiento ciudadano, fiscalización electoral, gestión de incidencias, publicación de resultados y mecanismos de transparencia electoral.

Los resultados reportados por Gallardo evidencian el alcance de la asesoría que presta al TSE debido a que en su informe de mayo asegura haber desarrollado una «propuesta integral de modernización electoral orientada al fortalecimiento de la confianza institucional, trazabilidad del proceso electoral y fortalecimiento de capacidades tecnológicas del Tribunal Supremo Electoral».

También reporta la generación de documentos estratégicos para la preparación tecnológica del proceso electoral de 2027, propuestas sobre gobernanza tecnológica, continuidad operativa y soberanía tecnológica electoral.

Entre los resultados consignados destaca la definición preliminar de «modelos de trazabilidad electoral, auditoría integral y custodia documental aplicables al ciclo electoral», así como el diseño de «mecanismos de transparencia, verificabilidad y protección de la integridad del proceso electoral mediante herramientas tecnológicas subordinadas al marco legal vigente».

En otras palabras, el exdirector del Renap participa actualmente en la construcción conceptual de algunos de los mecanismos que el TSE busca utilizar para fortalecer la confianza ciudadana en las elecciones.

Los documentos revisados por eP Investiga muestran que su participación va más allá de análisis simples, pues incluyen propuestas específicas para sistemas de resultados electorales, trazabilidad, auditoría, biometría y transparencia institucional, áreas sobre las que el magistrado Roberto Estuardo Morales Gómez aseguró que el consultor no diseña ni administra sistemas electorales.

Magistrado admite que conocía los antecedentes de Gallardo

El lunes de la semana pasada eP Investiga envió a Comunicación Social del TSE una serie de preguntas alrededor de la contratación de Rudy Gallardo. El magistrado vocal II, Roberto Estuardo Morales Gómez, confirmó que el exdirector del Renap presta servicios como asesor del ente electoral, según su versión en la Vocalía II.

Según explicó, la contratación fue una decisión tomada por su despacho tras valorar la experiencia profesional del consultor en registros civiles, sistemas de identidad, gestión de información, modernización institucional y registros públicos.

Morales Gómez también confirmó que conocía los antecedentes judiciales de Gallardo antes de contratarlo. «Sí. Tenía conocimiento de la situación jurídica pública del profesional», indicó el magistrado en su respuesta escrita.

Añadió que la contratación se realizó tomando en cuenta la situación jurídica vigente del consultor y que no existe impedimento legal que restrinja su ejercicio profesional ni su acceso a contrataciones de carácter técnico. Además, afirmó que el requerimiento, evaluación técnica y supervisión de la consultoría corresponden a la Vocalía II bajo su responsabilidad.

Respecto a las funciones asignadas al asesor, sostuvo que la participación de Gallardo es exclusivamente técnica y consultiva y que se limita a la elaboración de análisis, investigaciones, diagnósticos y propuestas conceptuales relacionadas con buenas prácticas internacionales, mecanismos de trazabilidad, auditoría y fortalecimiento institucional.

Según Morales Gómez, Gallardo no posee facultades de decisión, implementación o aprobación institucional, no diseña ni administra sistemas electorales y tampoco tiene acceso al padrón electoral, bases de datos institucionales, servidores o sistemas de resultados electorales.

El magistrado agregó que cualquier eventual adopción de las propuestas elaboradas por el consultor requeriría evaluaciones técnicas, revisiones jurídicas, auditorías y aprobación de las autoridades competentes del Tribunal.

Documentos contradicen a magistrado

Aunque el magistrado Roberto Estuardo Morales Gómez afirmó que Rudy Gallardo presta servicios como su asesor en la Vocalía II y que el requerimiento, evaluación técnica y supervisión de la consultoría corresponden a su despacho, la documentación interna del Tribunal Supremo Electoral muestra una participación directa de la Dirección General de Informática en la contratación y seguimiento de los servicios prestados por el exdirector del Renap.

El Contrato Administrativo CJA-70-2026 de Prestación de Servicios Profesionales, suscrito por Rudy Leonel Gallardo Rosales y Pablo René Portocarrero Marroquín, secretario general y representante legal del Tribunal Supremo Electoral, establece que el consultor brindará apoyo a la Dirección General de Informática del organismo electoral.

Además, los informes de labores presentados por Gallardo contienen el visto bueno y la firma de José Jorge Morales Ayala, funcionario de esa dependencia, quien avaló los productos reportados por el asesor. Los documentos también fueron revisados por personal del Departamento de Administración de Personal y recibieron el visto bueno de la Subdirección de Recursos Humanos.

La documentación evidencia que la consultoría no se desarrolla únicamente bajo la esfera de la Vocalía II, como afirmó Morales Gómez, sino que involucra formalmente a la Dirección General de Informática, dependencia responsable de los sistemas tecnológicos del TSE.

Un asesor con antecedentes de corrupción

La participación de Gallardo en estos proyectos tiene relevancia debido a los antecedentes judiciales que marcaron su paso por la administración pública. El 2 de junio de 2016 fue capturado por las autoridades y posteriormente ligado a proceso por asociación ilícita y cohecho pasivo dentro del caso Cooptación del Estado de Guatemala, una de las investigaciones de corrupción más importantes impulsadas por el Ministerio Público (MP) y la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Según la acusación presentada por los investigadores, cuando dirigía el Renap habría favorecido a la empresa de seguridad Súper Control 24 mediante la adjudicación de un contrato por Q53.4 millones.

Las pesquisas del MP y la CICIG sostuvieron que la contratación formaba parte de una estructura más amplia de corrupción que utilizaba instituciones públicas para beneficiar a empresas privadas y obtener recursos para una red político-criminal vinculada al extinto Partido Patriota.

Los sobres con dinero y bienes inmovilizados

Uno de los episodios más relevantes de las investigaciones surgió durante un proceso de extinción de dominio relacionado con bienes atribuidos a Gallardo. Durante una audiencia judicial celebrada en 2019, Alejandro Paiz, identificado como amigo y colaborador cercano del exdirector del Renap, declaró que Gallardo le pidió recibir sobres con dinero entregados por Miguel Ángel Martínez Solís, quien en ese momento fungía como subsecretario de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (Saas) y propietario de las empresas de seguridad Grupo Escorpión y Súper Control 24.

Según el testimonio, las primeras entregas se realizaron en un hotel y posteriormente en las instalaciones de la empresa Escorpión. La declaración fue incorporada por la Fiscalía de Extinción de Dominio dentro de las investigaciones orientadas a establecer el origen de diversos bienes vinculados al exfuncionario.

Como parte de esas pesquisas patrimoniales, las autoridades promovieron medidas cautelares sobre varias propiedades vinculadas a Gallardo. Entre los bienes inmovilizados figuraban una residencia ubicada en San Isidro, zona 16, valorada en aproximadamente US$285 mil; una casa de playa en Monterrico junto con dos terrenos valorados en alrededor de Q1.5 millones; y otra vivienda ubicada en el sector Las Cumbres, también en la zona 16 capitalina.

Las investigaciones buscaban determinar si existía relación entre esos bienes y los hechos de corrupción investigados por el MP.

Gallardo permaneció recluido en la cárcel militar Mariscal Zavala durante tres años, un mes, dos semanas y tres días. En julio de 2019 obtuvo arresto domiciliario luego de que el juez Miguel Ángel Gálvez considerara informes médicos que documentaban problemas severos de columna y atrofia muscular. La medida fue otorgada por razones humanitarias y de salud mientras el proceso judicial continuaba.

Del Congreso al TSE

Antes de llegar al TSE, Gallardo prestó servicios profesionales como asesor de la Dirección de Estudios e Investigación Legislativa del Congreso de la República, donde percibía honorarios mensuales de Q18 mil.

Según su contrato, tenía a su cargo la elaboración de análisis técnico-legislativos, informes especializados y fichas técnicas sobre iniciativas de ley, además de brindar asesoría a diputados, comisiones y órganos legislativos. Entre sus responsabilidades figuraban acompañar procesos legislativos, orientar la aplicación de criterios técnicos y jurídicos, emitir opiniones especializadas y apoyar la elaboración de instrumentos normativos requeridos por la institución.

En 2025, el ex director del Renap, se desempeñó como asesor parlamentario permanente de la Comisión de Integración Regional del Congreso, que en ese momento era presidida por el diputado Boris España, del partido Vamos. Por esos servicios recibió honorarios mensuales de Q15 mil.

En dicha sala legislativa tenía funciones relacionadas con el análisis de iniciativas de ley, la emisión de opiniones técnicas, el apoyo en la elaboración de propuestas legislativas, la asesoría en funciones de fiscalización e intermediación, el seguimiento de agendas de trabajo, la revisión de documentación, la elaboración de actas y el acompañamiento al presidente de la comisión en reuniones y diligencias oficiales.