El proceso que inició el exjefe de Centro de Gobierno, Luis Miguel Martínez, en contra de funcionarios de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) y del Departamento del Tesoro, continúa en Estados Unidos con la revelación de varios documentos oficiales que dan indicios sobre las razones por las que el exfuncionario y pareja sentimental de Alejandro Giammattei fue sancionado.

La sanción contra Martínez fue aplicada bajo la Orden Ejecutiva 13818, firmada por el presidente estadounidense Donald Trump el 20 de diciembre de 2017, durante su primer mandato, en ella se establece el “Bloqueo de la Propiedad de Personas Involucradas en Abusos Graves de Derechos Humanos o Corrupción”. 

El pasado 18 de abril, las partes demandantes y los demandados acordaron resolver los alegatos de Martínez Morales por la vía administrativa, por lo que el 23 de mayo pasado el Departamento de Estado presentó ante la justicia estadounidense varios documentos, entre ellos los Anexos A y B.

El Anexo A incluye un índice con una serie de archivos, varios de ellos aparecen tachados para que no se pueda leer su contenido y con una designación “FOUO” (siglas en inglés de «Solo para Uso Oficial»), la cual es una advertencia utilizada para identificar información que, aunque no está clasificada, es sensible y no debe divulgarse públicamente. Esta designación señala que la información requiere protección y no está destinada a ser divulgada al público.

Otros aparecen con una “clasificación general S” y se muestran tachados, lo que podría significar que la información contenida es “Secreta”, por lo que no puede hacerse pública.

Sin embargo, dentro del índice aparecen varios documentos abiertos al público, algunos de ellos se muestran debido a que es información pública que se encuentra en la red, lo cual da indicios sobre las razones por las que Martínez fue sancionado por el Departamento del Tesoro.

En total, el documento muestra un índice de 29 “pruebas” relacionadas con la denegación de excluirlo de las sanciones, que es una primera parte del documento. De estas, 11 se encuentran tachadas por lo que no se puede ver con exactitud de qué tratan, mientras que las restantes están relacionadas con las cartas enviadas por la defensa de Martínez, los cuestionarios enviados por la OFAC a su abogado, entre otros materiales.

Juramentación de Gerente EPQ

El primer archivo abierto que da un indicio de las razones por las que el exjefe del Centro de Gobierno de Giammattei fue sancionado por Estados Unidos se encuentra en la prueba número 14 del índice relacionado con la denegatoria para quitarle las sanciones a Martínez.

El índice muestra una nota de prensa del 4 de febrero de 2022 en donde se lee: “Juramentan a nuevo gerente de la Empresa Portuaria Quetzal”, la nota hace referencia a la sustitución como Gerente de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) de David Berganza Alburéz, por Francisco Anleu.

Además, el indicio 15 muestra una nota del diario La Hora titulada “En seis meses de gestión, Arévalo ha cambiado varios ministros”, en esta también se menciona la remoción de Anleu como el  primer cambio de funcionarios ordenado por el presidente Bernardo Arévalo al inicio de su gestión.

Anleu llegó a la EPQ nombrado por Alejandro Giammattei, antes de eso fungió como asesor de la Gerencia y de la Junta Directiva del Instituto de Fomento Municipal (Infom), el cual era controlado por Martínez y Giammattei, por medio de los alcaldes afines a ellos.

Anleu fue además abogado del narcotraficante Víctor Hugo Díaz Morales, alias el Rojo, extraditado a Estados Unidos, quien admitió la entrega de dinero para financiar la campaña del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. 

La portuaria fue señalada durante la administración de Giammattei en múltiples casos de corrupción, además de los indicios sobre el supuesto uso de esta para el ingreso de precursores y drogas que tenían como destino final Estados Unidos.

Sin embargo, el índice no deja conocer más a fondo las razones por las que señalaron estas dos notas de prensa como indicios.

Dentro del expediente, antes de la mención de las notas de prensa, hay una prueba más, la número 13 la cual se encuentra tachada, mientras abajo de las notas de prensa, de la prueba 16 a la 23, ocho numerales en total, aparecen ocultos para el público, al igual que la prueba 27.

La corrupción de las mineras de Izabal

Sin embargo, el indicio número 28 aparece de nuevo abierto al público, este muestra la sanción impuesta por el Departamento del Tesoro a las minas que operan en Guatemala.

Según el archivo de internet que se muestra como prueba, “la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a un individuo ruso, Dmitry Kudryakov, y una individua bielorrusa, Irina Litviniuk, por su participación en la explotación del sector minero de Guatemala, así como a tres entidades conectadas con sus esquemas de corrupción”.

El Departamento del Tesoro sancionó también a las mineras Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), Compañía Procesadora de Níquel (ProNiCo) y Mayaníquel.

Según el archivo público, “Litviniuk realizó actos de corrupción, fomentando el tráfico de influencias ruso al dar pagos en efectivo ilegalmente a oficiales públicos a cambio de apoyar los intereses mineros rusos”. 

Las mineras que operan en Izabal fueron señaladas de pagar sobornos a gente del Gobierno de Giammattei, a cambio de que pudieran operar, a pesar de las múltiples irregularidades y de los reportes periodísticos y filtraciones sobre el pago de sobornos a autoridades locales, así como el fomento de la conflictividad en el área en donde operaban.

Una filtración masiva de documentos también reveló que las minas contrataron a empresas de dos diputados al Congreso de la República, Edgar Eduardo Montepeque González, expresidente del Congreso de la República y Luis Fernando Cordón Orellana, integrante de esta comisión, en un claro conflicto de intereses.

Una de las minas de Izabal fue señalada, además, en el caso de la alfombra mágica, una trama de corrupción en la cual un testigo reveló cómo entregó dinero proveniente de los rusos a Giammattei en su casa de la zona 15.

De nuevo, el índice no revela más información sobre las razones por las que incluyó este indicio como prueba de la corrupción de Luis Miguel Martínez, sin embargo, da idea de hacia donde se dirigen los señalamientos en contra del ex funcionario. 

Ataque contra la libertad de prensa

En otro apartado del mismo índice, la OFAC incluyó 28 pruebas relacionadas a las razones por las que fue sancionado Martínez, en estos indicios de nuevo aparece un enlace a las sanciones impuestas a las empresas mineras de Izabal y sus directivos.

Sin embargo, dentro de los indicios abiertos al público y que dan una idea de las razones por las que fue sancionado el exfuncionario de Giammattei, aparecen dos enlaces a notas relacionadas a una demanda interpuesta por la familia de Alejandro Giammattei en contra de los periodistas Sonny Figueroa y Marvin del Cid, quienes publicaron varias investigaciones relacionadas a la adquisición de propiedades por parte de la familia de Martínez.

Uno de los enlaces se dirige a una nota publicada en junio de 2021 por el Comité para la Protección de Periodistas, (CPJ por sus siglas en inglés) en la que se señala que “Las autoridades de Guatemala deben retirar los cargos penales contra los periodistas Sonny Figueroa y Marvin del Cid, y garantizar que exfuncionarios públicos no abusen de las leyes del país para acosar a miembros de la prensa”.

La publicación explica que utilizando la Ley Contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer, María Luisa Morales Gatica, madre de Martínez, y Claudia Ivonne Martínez Morales, su hermana, acusaron a los periodistas y los señalaron de haberles provocado “trauma emocional y psicológico”.

Figueroa y Del Cid publicaron la nota de investigación sobre la adquisición de propiedades por parte de la familia de Morales, en donde demostraban como la familia había pasado de vivir de forma modesta, a mudarse a propiedades en un sector exclusivo cercano a Antigua Guatemala.

El otro enlace que muestra el índice, es referente a una publicación de la revista de periodismo latinoamericano de Knight Center en donde al igual que la anterior, se refiere a la denuncia interpuesta en contra de los periodistas por parte de la familia del exfuncionario.

En este apartado del índice, 24 de los 28 numerales aparecen censurados, por lo que no se puede conocer acerca de qué tratan.

En tanto en el anexo B se incluye el certificado de reproducción de registros administrativos; en este documento el director asociado interino de la oficina de Objetivos Globales del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Oficina de Control de Activos Extranjeros confirma que el índice reproducido es verídico y exacto con los registros oficiales de la OFAC, además certificó, que los documentos descritos en la lista, constituyen una copia fiel, correcta y completa de los documentos no clasificados y no privilegiados que considere directa o indirectamente en relación con la decisión de la OFAC del 10 de febrero de 2025 de denegar la solicitud del demandante Luis Miguel Martínez Morales de ser eliminado de la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas de la OFAC. 

“La OFAC redactó el expediente administrativo, así como la lista adjunta del contenido del expediente administrativo, para eliminar la información clasificada, privilegiada o protegida de otra manera antes de su presentación al demandante”, indica el documento.

El proceso de Martínez Morales continuará en los próximos meses y hasta la fecha se desconoce cuál podría ser la decisión final de la OFAC ante la demanda de Martínez que considera que ha sufrido “un enorme daño económico al no poder acceder al sistema financiero global”.