La Unidad de Conservación Vial (Covial) entidad adscrita al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) volvió a utilizar la artículo 95 de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria para otorgar un contrato obviando el proceso de licitación contemplado en la Ley de Contrataciones del Estado.
En esta ocasión benefició a la empresa CDM Vial de Guatemala, S.A. con un contrato de Q24.4 millones que contempla realizar trabajos de señalización y seguridad vial en 188.9 kilómetros de carreteras de Zacapa e Izabal. El pasado 22 de agosto, la ministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Norma Zea Osorio, firmó la resolución mediante la cual se aprobó la asignación del contrato a favor de CDM Vial de Guatemala. El proyecto contempla aplicar e instalar pintura termoplástica, vialetas, señales de tránsito, delineadores y defensas metálicas en distintos tramos de las rutas CA-09 Norte, CA-10 y CA-13.
CDM Vial de Guatemala es una empresa vinculada al exdiputado Carlos Humberto Herrera Quezada, quien enfrentó un proceso penal derivado de la investigación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) por el caso de las plazas fantasma en el Congreso de la República.
La adjudicación ocurre después de que eP Investiga ha documentado como Covial ha utilizado el artículo 95 de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria para acelerar la contratación de proyectos viales y que, mediante este mecanismo, han resultado beneficiadas constructoras con antecedentes o vínculos en investigaciones de corrupción.
Durante el proceso de invitación para el nuevo contrato, Covial convocó a CDM Vial, Servicios Vásquez, propiedad de Leonardo Vásquez Lucas, y Grupo Construyala Constructores, S.A. De las tres empresas, CDM Vial y Grupo Construyala forman parte del Consorcio H que es controlado por la familia del exdiputado Herrera.
El Consorcio H y las plazas fantasma
CDM Vial fue identificada por la CICIG como una de las empresas que integraban el llamado Consorcio H, vinculado al exdiputado Carlos Humberto Herrera Quezada, quien llegó al Congreso en 2011 y en 2015 fue electo cuarto secretario de la Junta Directiva, presidida por Luis Rabbé.
La investigación de la CICIG y el Ministerio Público estableció que Herrera solicitó la contratación de al menos 20 personas bajo el renglón 022. Siete de ellas, según la pesquisa, cobraban del Congreso pese a que trabajaban para empresas relacionadas con el Consorcio H. Entre las compañías identificadas estaban CDM Vial de Guatemala, Burgocons, Grupo Edifica, Construyala Construcciones y Dismar Constructores.
Herrera enfrentó un proceso penal por estos hechos, pero el caso no terminó con una condena en su contra. En septiembre de 2022, la jueza Claudette Domínguez dictó sobreseimiento a su favor.
Conexiones entre las empresas del Consorcio H
Las conexiones entre las empresas del Consorcio H no se limitan a los antecedentes documentados por la CICIG. Los registros empresariales y tributarios consultados por eP Investiga muestran vínculos que permanecen entre varias de las sociedades.
En noviembre de 2025, una investigación publicada por este medio documentó que CDM Vial, Grupo Construyala Constructores y Dismar Constructores tenían registrado al mismo contador, Pedro Alejandro Pineda Díaz.
Después de esa publicación, CDM Vial cambió a su contador registrado ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) e inscribió a David Simaj Benito para esa función.
El cambio no eliminó, sin embargo, otras conexiones entre las compañías como el hecho de que el actual representante legal de CDM Vial es Mariano Eduardo Gavarrete Camacho, quien también figura como representante legal de Burgocons, S.A., otra de las empresas relacionadas con el Consorcio H. Burgocons tiene a Pedro Alejandro Pineda Díaz como su contador registrado.
Pineda Díaz también continua siendo el responsable de la contabilidad de la empresa Dismar Constructores la cual es representada legalmente por Marco Vinicio Herrera Leiva, hijo del excongresista.
Otra coincidencia documentada entre estas sociedades es que CDM Vial, Grupo Construyala Constructores, Dismar Constructores y Burgocons fueron constituidas el 15 de julio de 2010, según los registros consultados por eP Investiga, y las tres fueron constituidas por la misma notaria, Sandra Elizabeth Agustín Sutuc.
El polémico artículo 95 de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria
El nuevo contrato otorgado a CDM Vial fue tramitado mediante el artículo 95 de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, incorporado por el Decreto 29-2024. Esta disposición creó la denominada “Modalidad Especial de Licitación por Emergencia”, un procedimiento que permite al CIV acelerar la contratación de obras viales cuando existe un informe técnico que justifica una situación de emergencia.
La principal diferencia con una licitación ordinaria está en quiénes pueden participar. Bajo esta modalidad, las autoridades del CIV seleccionan previamente a las empresas que serán invitadas al proceso. No se trata, por tanto, de una convocatoria abierta a todos los proveedores que cumplen los requisitos para competir por el contrato.
El mecanismo reduce considerablemente los tiempos administrativos y permite que proyectos millonarios sean adjudicados en pocos días. Sin embargo, esa rapidez también implica una participación limitada de empresas y, por tanto, una menor competencia que en los procedimientos ordinarios de contratación pública.
eP Investiga ya documentó el polémico alcance que ha tenido la implementación de este mecanismo. Entre el 4 de marzo y el 17 de abril de 2026, Covial y la Dirección General de Caminos utilizaron el artículo 95 para adjudicar 11 contratos por Q1 mil 286 millones.
Los primeros dos contratos fueron adjudicados el 4 de marzo. Proyectos Generales y Construcciones, S.A. (Progeyco) recibió Q100.5 millones y Mantenimiento Vial y Construcción, S.A. (Mavico) obtuvo Q105.7 millones. Dos días después, Covial adjudicó Q84.5 millones a Multiservicios Gran Jaguar, S.A. y el 16 de marzo otorgó Q105.2 millones a S.I.C.A.
El 19 de marzo llegaron otros dos contratos. Grupo Internacional de Proyectos, S.A. (Gipsa) recibió Q128.8 millones y Construcciones Integrales Avanzadas, S.A. (Ciansa) obtuvo Q156.6 millones. El 21 de marzo, la Dirección General de Caminos adjudicó Q83 millones a Diseño Planificación Construcción y Asesoría para trabajos de rehabilitación del puente Río Dulce.
El 26 de marzo, Covial adjudicó otros tres contratos. GSED-Alfa recibió Q104.1 millones, Tracser Q176.3 millones e Ingeniería y Proyectos Aleisa Q132.9 millones. El último contrato documentado en esa investigación fue adjudicado el 17 de abril a Grupo DHC, por Q108.6 millones.
La mayoría de esas constructoras tienen vínculos con empresarios señalados en investigaciones de corrupción, financiamiento electoral ilícito o estructuras de contratistas que habían obtenido obra pública en gobiernos anteriores. Entre los nombres relacionados aparecen Gustavo Alejos, Elfrid Josué Méndez Peláez, los hermanos Otto Vinicio y José Guillermo Samayoa Soria y Julio Alejandro Quinto Tobar.
Los contratos para CDM Vial en este gobierno
Los registros aún disponibles en el portal de Guatecompras permiten dimensionar el volumen de negocios que CDM Vial de Guatemala ha obtenido del Estado. Desde 2011 hasta la fecha, la empresa ha ganado contratos por aproximadamente Q270.3 millones.
De ese monto, Q67.1 millones corresponden a contratos adjudicados durante el actual Gobierno. Q65.5 millones, corresponden a dos contratos concedidos por el Ministerio de Comunicaciones.
El desglose muestra que en la actual administración también el Ministerio de Gobernación le otorgó dos contratos por Q1.6 millones, mientras que el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) le adjudicó Q33 mil 210.49.
