En los cuatro años de Gobierno de Alejandro Giammattei, del partido Vamos, trece empresas ligadas a una sociedad del expresidente del Congreso recibieron contratos no solo del gobierno central, sino también de fondos entregados por Codedes a distintas alcaldías del país.
Hasta la llegada de Allan Rodríguez al Congreso en 2020, este se mantuvo como socio de una empresa llamada Concha y Toro Sport Bar junto a Alma Lucrecia González Lemus, una constructora que logró que Construalma, su empresa individual, así como una docena de sociedades más formadas a su alrededor, obtuvieran una considerable cantidad de obras de infraestructura durante el Gobierno del partido Vamos, en el cual su socio y amigo era uno de los personajes claves.
En total, trece empresas que guardan relación –ya sea por los contadores que reportan, por las direcciones que despliegan o por los empleados que trabajan en estas– recibieron en los cuatro años del gobierno de Giammattei más de Q188.8 millones en contratos con el Estado.
González Lemus, una mujer de 57 años de edad, fundó junto a Rodríguez en 2010, un bar deportivo el cual estuvo ubicado en Bosques de San Nicolas, Mixco. Y aunque Rodríguez se negó a hablar en repetidas ocasiones sobre su relación con la empresaria de la construcción, los documentos públicos muestran que hubo un vínculo, además, personas cercanas a ambos confirmaron que trabajaron de la mano.
Con la llegada del Gobierno de Giammattei y Vamos, las empresas vinculadas a la socia de Rodríguez pasaron de vender menos de Q1 millón al Estado, a recibir millonarios contratos principalmente en los primeros dos años del Gobierno.
Diez de las trece empresas vinculadas a Rodríguez y su socia tienen como contadora a Verónica Yamilet Paz Pérez de Hernández, quién según reportes del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) aparece en la planilla de cuatro empresas de la red de González Lemus.
13 empresas, Q188.8 millones
Construalma, la empresa individual de Gonzalez Lemus, registró como dirección la 11 calle 6-25 zona 5, Primero de Julio y tiene actualmente como contador a William Rubén Obdulio Maldonado, quién según registros del IGSS trabajó antes para el Instituto Adolfo V Hall de Chiquimula.
Anteriormente la empresa tenía como contador a Armando Olivio Pérez Matías, quién fue representante de Construservicios Champel, S.A., otra de las empresas vinculadas con la socia del expresidente del Congreso. Pérez Matías trabajó para otras dos empresas vinculadas a la red de González Lemus. Solo en el gobierno de Giammattei Construalma recibió Q17 millones 874 mil 380.
Negocios e inversiones Keyli S.A. recibió entre 2020 y finales de 2023, Q29 millones 543 mil 688, la empresa era representada por Edgar Baldomero Pérez, quien trabajaba para Niksa, José Efraín Mateo Matías, Blanca Magali Espinoza García de González, Constructora DISA y Daniel Solís Morales, todas vinculadas entre sí.
La nueva representante legal nombrada en enero de este año es Yassmin Mayely Rodríguez Mejía, una joven de 21 años cuyo padre trabaja desde 2015 para Enrique Ponza Mejia, cuya empresa, Constructora Del Kyrios, recibió adjudicaciones por Q163 millones 745 mil 681.70
Multiservicios Carlitos es otra de las empresas vinculadas a la red de González Lemus, esta recibió adjudicaciones durante los cuatro años de Giammattei por Q32 millones 585 mil 630. La empresa es representada por Jose Efrain Mateo Matías, quien según los datos del IGSS laboró para Niksa, Samuel Solis Morales y Cesar Hernandez Granados, todos integrantes de la misma red.
Constructora Disa, S.A. recibió adjudicaciones entre 2020 y 2023 por Q15 millones 177 mil 610.90, la empresa es representada por Reyna Elizabeth González Ochoa y por Cesar Gerardo Hérnandez Machic, la primera es, además, contadora de la entidad Negocios e inversiones Keyli S.A., mientras que la contadora es Veronica Yamilet Paz Pérez de Hernández.
Proyectos Viales Yacky es una empresa individual de Cesar Augusto Hernández Granados, la cual recibió en los cuatro años del gobierno de Giammattei adjudicaciones por Q38 millones 534 mil 392.64.
La empresa tiene registrada la misma dirección que la empresa individual Construcciones y Servicios Champel en la 8a calle 5-53 zona 4, San Felipe, Retalhuleu, esta empresa propiedad de Cesar Augusto Hérnandez Granados recibió entre 2020 y 2024 Q34 millones 47 mil 141.80.
A su vez hay una Sociedad Anónima con el nombre similar: Construservicios Champel, la cual es representada por Heidy Carolina Chávez Pérez, quien trabajó para las empresas Construalma y para Construservicios Champel. Las tres tienen como contadora a Páz Pérez.
Fondos de Codedes para las empresas de la socia
Las empresas vinculadas a la socia de Rodríguez no solo se vieron beneficiadas por recursos provenientes del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), sino también de recursos entregados por los Consejos Departamentales de Desarrollo a las distintas municipalidades del país.
Por ejemplo, la Municipalidad de Puerto de San José, Escuintla recibió un aporte del Codede, el cual le serviría para mejorar una calle que comunica el aeropuerto de carga que ofreció construir Giammattei, con la autopista Puerto Quetzal.
Con estos recursos en la mano, la municipalidad realizó una licitación en la cual participaron solo dos empresas, estas tenían vínculos entre sí. Lo que significa que habrían incurrido en colusión.
González Lemus participó con su empresa Costrualma, que fue la que resultó ganadora, mientras que Jose Efrain Mateo Matias concursó con su empresa individual Multiservicios Carlitos. A ambas personas les pagaban sus cuotas patronales una tercera empresa de nombre comercial Niksa, mientras que la contadora de la segunda empresa es Veronica Yamilet Paz Pérez de Hernández, quien aparece como contadora en varias de las empresas ligadas a la socia de Rodríguez, mientras que sus cuotas patronales las pagaba González Lemus.
El socio sancionado por la Ley Magnitsky
Allan Rodríguez, que se reeligió con el partido Vamos de Alejandro Giammattei y logró que su hermano Luis Alberto Rodríguez Reyes fuera electo también como diputado por el distrito de Sololá, fue sancionado en diciembre de 2022 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, bajo Ley Global Magnitsky.
Según el Departamento del Tesoro, el parlamentario “utilizó su autoridad como Presidente del Congreso para otorgar licencias de construcción a cambio de beneficios económicos irregulares”.
Además, señaló que Rodríguez usó su influencia política para conseguir acuerdos a cambio de sobornos y facilitó el pago de sobornos a terceros, que incluyen haber, presuntamente, ofrecido sobornos a cambio de votos en relación con una ley de estado de emergencia durante una sesión del Congreso.
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