El 3 de noviembre, el director del Fondo de Desarrollo Social (Fodes), Carlos Orantes, viajó a San Marcos para inaugurar varios proyectos financiados por la entidad que dirige. Una de las obras a las que le hizo el simbólico corte de cinta se encontraba en el municipio de San Pedro Sacatepéquez y consiste en un mejoramiento del camino rural entre las aldeas Tanil y Sacuchum.

La obra tuvo un costo Q24.9 millones y fue ejecutada por la empresa Construdesa, propiedad de Jorge Daniel Baca Chiroy, un contratista que desde 2010 ha recibido más de Q131.5 millones en adjudicaciones del Estado, según consta en el portal de Guatecompras.

El acto, que se presentó como una muestra del compromiso gubernamental con el desarrollo local, reunió a varias figuras políticas de peso en la región. Además del director del Fodes, estuvieron presentes el diputado Sabino Velásquez, el exgobernador de San Marcos, Luis Carlos Velásquez, y los alcaldes hermanos Exadillas Dionel Ramos Aguilar, de Esquipulas Palo Gordo, y Roderico Eleazar Ramos Aguilar, de El Rodeo. 

La presencia de los jefes ediles llamó la atención de los vecinos no por su cargo, sino por sus antecedentes judiciales debido a que ambos son requeridos en extradición por Estados Unidos, acusados de participar en una red internacional de tráfico de cocaína.

Señalados por narcotráfico

En abril de 2024, el Ministerio Público (MP) presentó solicitudes de retiro de inmunidad contra los hermanos Ramos Aguilar, luego de que la Corte del Distrito Sur de California solicitara su extradición por conspiración para distribuir más de cinco kilogramos de cocaína.

“La investigación identificó a Roderico Eleazar Ramos Aguilar y Exadillas Dionel Ramos Aguilar, como líderes de esta organización de tráfico de drogas con sede en el departamento de San Marcos, operando cerca de la frontera con México. Compraban grandes cantidades de cocaína, la cual cortaban en laboratorios para aumentar su volumen y la vendían a traficantes de drogas mexicanos para su distribución a los Estados Unidos”, explicó en su momento el ente investigador.

El MP también dio a conocer en su momento que “los hermanos Ramos coordinaron el transporte de cientos de kilogramos de cocaína a Guatemala desde fuentes de suministro colombianas. Luego de recibirla en Guatemala, la vendían a asociados en México para transportarla a Tapachula, México”.

A pesar de la solicitud, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aún no ha resuelto en firme los procesos de antejuicio, lo que ha permitido que los dos alcaldes continúen en sus cargos y participen en actos oficiales.

“No se tiene conocimiento oficial sobre la situación legal de dichas personas”

Consultado al respecto, el director del Fodes, Carlos Orantes, defendió su presencia en el acto público en San Marcos y sostuvo que su participación respondió exclusivamente a una invitación comunitaria y al compromiso institucional de entregar obras de infraestructura.

Según Orantes, la convocatoria le fue efectuada por la “vía telefónica por el COCODE de la aldea Tanil”, sin que se le proporcionara un listado previo de asistentes. Afirmó que la actividad “fue organizada en su totalidad por los COCODES de las ocho comunidades beneficiarias” y que su presencia se limitó a  calidad de invitado. “El Gobierno Central no destinó recursos para la realización del evento”, puntualizó.

Sobre la presencia de los dos alcaldes requeridos por narcotráfico, el funcionario aseguró que “no se tiene conocimiento oficial sobre la situación legal de dichas personas” —pese a que la solicitud de extradición fue pública y ampliamente difundida— y enfatizó que ambos “ostentan cargos públicos vigentes, lo que les faculta legalmente para realizar gestiones institucionales”. Orantes reiteró que la prioridad del Fodes “es garantizar que las comunidades no vean frenados los avances o beneficios por situaciones ajenas a su responsabilidad”.

Respecto a la documentación del acto, el director del Fodes indicó que la institución no posee oficios de invitación ni listas oficiales de asistentes, pues, reiteró, “la planificación, logística e invitaciones fueron responsabilidad de las comunidades organizadoras”.

Preocupa normalización en eventos oficiales

La inauguración del tramo carretero de San Marcos ha generado preocupación debido a que temen de una normalización peligrosa de la presencia de políticos investigados por narcotráfico en eventos oficiales. 

“Que funcionarios del gobierno central compartan tarima con alcaldes requeridos por la justicia estadounidense plantea preguntas de fondo sobre la ética pública y el control de los espacios institucionales. En comunidades donde el narcotráfico tiene influencia histórica, estos gestos no pasan inadvertidos porque son percibidos como una forma de legitimación política para figuras bajo sospecha”, comentó Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana.

Marroquín agregó que “cuando funcionarios de un gobierno inauguran obras junto a autoridades reclamadas por narcotráfico, envían un mensaje de impunidad porque detrás de los cortes de cintas y fotografías oficiales se dibuja un panorama más complejo como lo es la coexistencia entre la obra pública y la impunidad, entre la política institucional y el poder del narcotráfico que, poco a poco, se vuelve parte del paisaje”, sentenció el director de Acción Ciudadana.

Un caso similar

El año pasado, un episodio parecido despertó críticas hacia el Congreso de la República. El diputado Luis Aguirre, integrante de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación, otorgó un reconocimiento a varios ganaderos de Chiquimula, entre ellos a José Manuel López Morales, conocido como “Ché Manuel”, quien fue sentenciado en Estados Unidos por cargos de narcotráfico en 2018.

Una serie de fotografías del evento muestra a López Morales sosteniendo un diploma entregado por el diputado Aguirre, del partido Cabal. El homenaje fue dirigido a “ganaderos destacados de Chiquimula” en reconocimiento por su “contribución a la dignificación del gremio y a la economía local y nacional”, según la publicación oficial del Congreso de la República. En diversas entrevistas publicadas en redes sociales Aguirre se ha autoidentificado como ganadero, lo cual acentúa la afinidad del acto con el gremio.

En la ceremonia también participaron los congresistas Byron Rodríguez, del bloque Todos, y César Fión, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Alias “Ché Manuel” enfrentó a la justicia estadounidense tras ser identificado como un cabecilla clave en el trasiego de droga en la región fronteriza entre Honduras y Guatemala, y ser uno de los vínculos directos al cártel hondureño Los Valle Valle, una estructura que controla el flujo de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos.

El hecho de que un grupo de diputados hayan reconocido públicamente a un narcotraficante condenado refleja una tendencia cada vez más evidente en la sociedad guatemalteca de normalizar los vínculos entre la política y el crimen organizado. Al igual que en el caso de San Marcos, los discursos oficiales hablan de desarrollo y progreso aunque en el fondo estos actos terminan reforzando la legitimidad de figuras vinculadas al narcotráfico.