El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) volvió a frenar la adjudicación por Q27.1 millones a favor de Grupo Construyala Constructores, S.A., una de las empresas señaladas por sus vínculos con el exdiputado Carlos Humberto Herrera Quezada y el conglomerado Consorcio H. Esta vez, la decisión provino de la nueva ministra Norma Lissette Zea Osorio, quien improbó la ratificación que la Junta de Licitación había otorgado días antes.

La resolución SADS-101-2025, firmada el 4 de diciembre, argumenta que la oferta presentada por la empresa no cumplía con los requisitos fundamentales establecidos en las bases de licitación, pese a que la Junta había defendido lo contrario.

Según el considerando central de la resolución, el administrador único y representante legal de Grupo Construyala Constructores, Juan Guillermo Chinchilla Oliva, presentó una carta en la que la empresa se comprometía a mantener al superintendente del proyecto DM-002-2025 y no cambiarlo “durante el plazo que indique el contrato”.

Sin embargo, las bases de licitación en el subnumeral 2.5, requisitos fundamentales, numeral 8, exigen una “carta de compromiso debidamente legalizada en la que se compromete a no sustituir al superintendente propuesto durante el plazo de vigencia del contrato”.

Según la ministra, la diferencia no es menor, pues la redacción utilizada por la empresa no coincide con lo requerido y, por tanto, constituye incumplimiento de un requisito fundamental. Con esa base, Zea Osorio concluyó que la Junta de Licitación actuó indebidamente al ratificar la adjudicación, por lo que decidió improbar lo actuado.

El evento queda prescindido

Tras la resolución ministerial, el evento de licitación identificado con el NOG 27489167 en Guatecompras apareció este lunes con estatus “prescindido”, lo que pone fin al proceso iniciado meses atrás para la instalación de defensas metálicas en carreteras de 11 departamentos del país.

La decisión representa un giro respecto a lo actuado por la Junta de Licitación, que el 2 de diciembre había devuelto validez a la adjudicación originalmente otorgada a Grupo Construyala Constructores. Esa ratificación intentó revertir la improbación previa firmada por el exministro Miguel Ángel Díaz Bobadilla, quien inicialmente señaló el mismo incumplimiento formal en la carta del superintendente.

El fallido contrato por Q27.1 millones formaba parte de un paquete de adjudicaciones viales otorgadas a empresas vinculadas con el Consorcio H, estructura empresarial asociada al exdiputado Carlos Herrera, procesado en el caso de plazas fantasma y favorecido históricamente con contratos en el Ministerio de Comunicaciones por su cercanía con el político Luis Rabbé.

Grupo Construyala Constructores es una de las seis empresas del Consorcio H, documentado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), conglomerado que los investigadores internacionales describieron como una red que operaba en bloque, pues compartían socios, contadores, representantes legales y abogados.

Carlos Herrera y el Consorcio H

Entre 2015 y 2016, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) documentaron que Carlos Herrera era propietario del Consorcio H, un conglomerado de constructoras integrado por CDM Vial de Guatemala, Burgocons, Grupo Edifica, Construyala Construcciones, Dismar Constructores y Desarrollos Múltiples. Para mantener el control del grupo, Herrera utilizaba a personas de confianza, como su asesora Sandra Elizabeth Agustín Sutuc, quien actuó como notaria para la constitución y movimientos legales de las compañías.

En su investigación sobre plazas fantasma, la CICIG presentó una diapositiva dedicada a Herrera Quezada, señalando que cuando fungió como cuarto secretario de la Junta Directiva del Congreso (enero 2015–enero 2016), solicitó la contratación de al menos 20 personas bajo el renglón 022, excediendo los límites legales. Siete de estos trabajadores cobraban sin asistir al Congreso, pues en realidad laboraban en las empresas privadas de Herrera: Burgocons, Dismar Constructores, Construyala, Desarrollos Múltiples, Grupo Edifica y CDM Vial de Guatemala.

La trayectoria de Herrera en el sector vial y político se remonta a su época como asesor del ministro de Comunicaciones Luis Armando Rabbé Tejada, durante el gobierno de Alfonso Portillo. En 2002, Prensa Libre reportó que la Fiscalía contra la Corrupción recibió una denuncia por cobros de comisiones de Q60 mil a cambio de adjudicar contratos en Covial, en la que Herrera era uno de los señalados.

Décadas después, los vínculos continuaron. En 2011, Herrera llegó al Congreso con la Unión del Cambio Nacionalista (UCN) y, entre 2012 y 2016, sus empresas obtuvieron contratos por Q52.5 millones con el Ministerio de Comunicaciones. En 2015, fue elegido cuarto secretario de la Junta Directiva presidida nuevamente por Rabbé, con quien sería acusado por la CICIG de crear plazas fantasma.

En 2019, el diario elPeriódico documentó que Herrera actuaba como operador de negocios de Rabbé, cuñado del empresario mexicano Ángel González, propietario de los canales 3, 7, 11 y 13. El mismo medio recordó que en 2001 Herrera fue destituido como asesor en el Ministerio de Comunicaciones tras denuncias de corrupción en contratos viales, el sector donde hoy resurgen sus empresas.

El caso judicial que vinculaba a Herrera con el fraude en el Congreso se cerró en septiembre de 2022, cuando la jueza Claudette Domínguez dictó sobreseimiento a su favor. En junio de 2025, la misma jueza resolvió a favor de Rabbé, luego de considerar que el MP no presentó correctamente la solicitud para enviarlo a juicio.

Carlos Humberto Herrera Quezada es padre de Marco Vinicio Herrera Leiva, socio fundador de la empresa Dismar Constructores y  junto a su hermano Gustavo Adolfo figuran en Guatecompras como representantes legales de la empresa. El contador de Dismar Constructores, registrado ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), es Pedro Alejandro Pineda Díaz, quien coincidentemente también lleva la contabilidad de CDM Vial de Guatemala y Construyala. Los datos del contador fueron verificados por eP Investiga en los registros de la SAT a inicios de noviembre de 2025, lo que confirma los vínculos familiares y la continuidad operativa entre las empresas del Consorcio H.