El exalcalde de Cuilapa, Santa Rosa, Esvin Fernando Marroquín Tupas, conocido como “Kaká Rala” y vinculado al partido Vamos del expresidente Alejandro Giammattei, firmó un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía de Estados Unidos tras aceptar su responsabilidad en una conspiración de narcotráfico que involucró el trasiego de al menos 450 kilogramos de cocaína con destino a ese país.

El acuerdo que permanece sellado en la Corte del Distrito Este de Texas y que fue firmado el pasado 18 de agosto, incluye la admisión expresa de Marroquín Tupas de que este se unió intencionalmente a una red de tráfico de drogas y que tenía pleno conocimiento de que el cargamento sería introducido ilegalmente a Estados Unidos.

La audiencia de cambio de declaración fue fijada para el próximo 3 de septiembre, con lo cual se formalizará su aceptación de cargos y el proceso de condena será más ágil, siempre que el juez a cargo del caso avale la negociación entre la fiscalía y el exalcalde guatemalteco.

Un proceso abierto desde 2019

El caso en contra el jefe edil se  inició en 2019 en Estados Unidos, cuando un gran jurado le imputó el delito de trasiego de más de 5 kilogramos de droga. Sin embargo, su arresto en Guatemala se produjo hasta 2023 y su extradición a Texas para enfrentar la justicia estadounidense se concretó hasta mayo del año pasado.

Desde su detención en Estados Unidos, el calendario judicial ha sufrido varios aplazamientos, particularmente de las audiencias previas al juicio y de la formalización de su declaración de culpabilidad. Este patrón sugiere que Marroquín Tupas podría estar colaborando con la fiscalía estadounidense, una práctica común en procesos de narcotráfico transnacional para obtener beneficios procesales y reducción de condena.

De acuerdo con la acusación formal, Marroquín Tupas habría conspirado desde 2015 junto a otros actores en Colombia, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Guatemala y México para traficar cocaína hacia Estados Unidos. Además, los documentos establecen que el exalcalde deberá perder cualquier propiedad o bien obtenido como producto del narcotráfico o utilizado para facilitarlo.

Política y narcotráfico en Guatemala

Tras su captura en 2023, según dio a conocer Prensa Comunitaria, el Ministerio Público  señaló que Marroquín Tupac “… usaba su poder e influencia política para facilitar las operaciones de la organización en la región, inclusive para facilitar el paso de aviones y embarcaciones marítimas cargadas de cocaína”.

Su carrera política refleja la fluidez con que operadores locales del narcotráfico se mueven entre partidos.  En 2015 fue electo con el Partido Patriota; en 2019 participó con Podemos; y en 2023 su planilla corrió con Vamos, agrupación de Giammattei y Miguel Martínez. 

Aunque no fue inscrito en las elecciones de 2023 por la acusación y solicitud de extradición en su contra, su planilla ganó con Vamos y, tras un corrimiento en puestos, su pareja Maryflor Morales Contreras asumió el cargo municipal.

Durante un acto público en Cuilapa, el propio Marroquín justificó su cercanía con Vamos al declarar: “Uno tiene que estar en la teta que tiene leche, y aquí la que tiene leche es la del señor presidente”, en referencia a Giammattei.

Su caso se suma a una larga lista de políticos guatemaltecos con vínculos con el narcotráfico: el exdiputado José Ubico, los hermanos Gehlert Coronado, el exdiputado del Parlacen Freddy Arnoldo Salazar Flores, o el exalcalde de Ayutla Erik Suñiga e Isel Anelí Suñiga Morfín, hija del ex jefe edil entre otros.

Narcotráfico y geopolítica

Estados Unidos ha señalado de manera reiterada que Guatemala es un punto de tránsito clave para la droga con destino a su país. 

El más reciente informe “International Narcotics Control Strategy Report” del Departamento de Estado advierte que, pese a ciertos avances, el país sigue teniendo instituciones débiles, controles arcaicos de precursores químicos y fronteras porosas. 

El documento reconoce los esfuerzos del gobierno de Bernardo Arévalo, en funciones desde enero de 2024, incluyendo la triplicación de incautaciones respecto al último año de Giammattei, así como la creación de un viceministerio para coordinar seguridad fronteriza y antinarcóticos. Sin embargo, enfatiza que la corrupción endémica continúa limitando la capacidad estatal para contener a las redes criminales.

El informe también recuerda que durante el gobierno de Giammattei se había suspendido la cooperación de Guatemala en el plan conjunto con Colombia y Estados Unidos, cooperación que fue reactivada en abril de 2024 bajo la administración Arévalo.

Implicaciones del caso

La admisión de culpabilidad de Marroquín Tupas refuerza la narrativa de que el narcotráfico está presente en todos los ámbitos del país, además, reitera que las élites políticas son participantes activos en el trasiego de drogas a Estados Unidos. 

La cooperación de Marroquín Tupas con las autoridades estadounidenses podría aportar información sobre redes más amplias, con eventuales repercusiones en investigaciones futuras y dilucidar si políticos arriba del alcalde, también fueron parte del trasiego de drogas a Estados Unidos.

Mientras tanto, en Guatemala, el Ministerio Público dirigido por Consuelo Porras sigue sin abrir investigaciones contra políticos señalados por vínculos con el narcotráfico. Así, muchos permanecen activos en la política hasta que Estados Unidos los pone en la mira.