El Congreso de la República atraviesa una profunda crisis de gobernabilidad marcada por divisiones internas en el oficialismo, bloqueos sistemáticos de la oposición, disputas judiciales y crecientes tensiones entre el Legislativo y el Ejecutivo. Esta situación ha complicado la implementación de la agenda del Movimiento Semilla y amenaza con paralizar decisiones clave como la aprobación de la nueva ley contra el lavado de dinero y eventualmente el presupuesto 2026.

Un informe elaborado por la alianza ciudadana Congreso Eficiente evidenció que, durante el primer período de sesiones ordinarias —del 14 de enero al 15 de mayo—, el Congreso celebró un total de 21 sesiones plenarias, tres menos que en el mismo período de 2024, cuando se realizaron 24.

Según el informe, durante esos meses se registró una obstrucción institucional sostenida que se intensificó a partir de abril, a raíz del aumento salarial que los diputados se recetaron y de la expulsión de Karina Paz del bloque VOS, lo que implicó su salida de la Junta Directiva.

La falta de gobernabilidad ha afectado la capacidad legislativa para aprobar decretos. Hasta la fecha, el Congreso solo ha aprobado cuatro leyes: una ampliación al Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 2025; una reforma al Código Penal para corregir un error técnico en la aprobación de la Ley de Tarjetas de Crédito; una reforma a la Ley del Sistema Penitenciario para proteger a la niñez y adolescencia; y la ley que declara el 19 de mayo como Día Nacional de la Comadrona Guatemalteca.

A continuación eP Investiga presenta un desglose de los actores y factores implicados que explican por qué el Congreso se encuentra en una crisis de gobernabilidad:

Arévalo ajeno al Congreso

Por tradición, Guatemala es un país presidencialista, acostumbrado a que el mandatario de turno lleve la batuta en las decisiones políticas. Sin embargo, el presidente Bernardo Arévalo ha evitado asumir ese rol, lo que ha generado una relación distante con el Congreso.

A criterio del politólogo Renzo Rosal, el gobernante ha optado conscientemente por no involucrarse en el «pantano» del Congreso, evitando, según él, “ensuciarse las manos”, aunque esto también evidencia que carece de las habilidades políticas que tuvieron sus antecesores.

“El presidente es un actor indirecto, porque no forma parte del Legislativo, pero su ausencia se siente y genera un vacío de poder. Resulta extraño que un político que fue diputado y jefe de bancada no comprenda la importancia de mantener una relación fluida con el Congreso para impulsar una agenda de país”, señaló Rosal.

El analista también lamentó que Arévalo no cuente con operadores políticos eficaces. Agregó que, en la práctica, algunos ministros y diputados oficialistas han intentado asumir ese rol, pero no cumplen con las expectativas ni con los ofrecimientos hechos.

Ramos perdió peso político

El presidente del Congreso, Nery Ramos, también ha perdido protagonismo y ha generado un vacío del poder en el Legislativo. Gustavo Berganza, director de Asociación Desarrollo, Organización, Servicios y Estudios Socioculturales (DOSES) comentó que el debilitamiento político de Ramos se debe en buena medida a la remoción de Karina Paz como primera secretaria de la Junta Directiva, y más recientemente debido a una resolución de la Corte de Constitucionalidad que ordenó la destitución de Jorge Castro, otro miembro de la directiva, tras ser expulsado del partido Viva.

“Esas resoluciones judiciales le restaron peso político a Ramos, y eso no le ha permitido que alcance consensos ni pueda promover una agenda legislativa, como si la hubo el año pasado”, expresó Berganza.

El analista agregó que el manejo político del presidente del Congreso también se ha visto afectado porque no ha podido despegarse de su padrino político, Luis Aguirre y porque tiene una relación conflictiva con Allan Rodríguez.

Ramos también ha enfrentado este año cuestionamientos por el uso de una camioneta blindada proveída por Jorge David Reyes Recinos, su asesor, quien ha sido denunciado por estafas bancarias. Reyes, además, es primo de los hermanos Gerson Steven y Marco Antonio Recinos Méndez, propietarios de la empresa Class Equipos y Construcciones de Guatemala, S.A., beneficiada recientemente con millonarios contratos para proveer de maquinaria pesada al Cuerpo de Ingenieros del Ejército.

División interna Semilla

Desde el inicio de la nueva legislatura en enero de 2024, el Movimiento Semilla enfrentó obstáculos para consolidar su influencia en el poder legislativo. Las altas cortes del país, particularmente la Corte de Constitucionalidad, impidieron que su partido se constituyera como bloque legislativo, lo que le impidió ocupar puestos en la Junta Directiva y presidir comisiones clave dentro del Congreso. A este debilitamiento institucional se suma la reciente fractura interna en el oficialismo.

Actualmente, los diputados de Semilla están divididos en dos grupos. Uno está liderado por Samuel Pérez, quien impulsa la creación de un nuevo partido político llamado Raíces. Mientras que el otro sector está encabezado por José Carlos Sanabria, cercano al presidente Arévalo y exasesor suyo cuando el mandatario fue diputado.

Desde su experiencia como exdiputado oficialista, Roberto Alejos considera que la situación del oficialismo en el Congreso es complicada, ya que en la práctica el presidente Bernardo Arévalo solo cuenta con el respaldo firme de ocho legisladores, mientras que los 15 diputados alineados con Pérez deben considerarse únicamente como aliados.

“La realidad es que dentro de los partidos no hay diálogo ni búsqueda de consensos, y eso se refleja en el Pleno. Yo espero que el nuevo operador político del presidente, José Carlos Sanabria, pueda sentarse con todas las facciones del Congreso y ponga en práctica lo que tanto ha estudiado y ejercido como politólogo, para que a través del diálogo se pueda avanzar en una verdadera agenda de país”, afirmó Alejos.

Supuestos aliados del oficialismo

En medio de la fragmentación legislativa, el diputado Luis Aguirre, de Cabal, ha actuado como una especie de líder entre los parlamentarios considerados aliados del Ejecutivo. Sin embargo, no ha logrado consolidar una mayoría que permita impulsar la agenda oficialista.

Según el analista político Renzo Rosal, esto se debe a que Aguirre “es un actor oportunista que solo juega para sí mismo”. “Aguirre es el típico político que atrae a otros diputados con dinero y discursos populistas, pero eso no es suficiente para dominar un escenario tan complejo como el Congreso de la República. El gran error del oficialismo, especialmente de Samuel Pérez, fue acercarse demasiado a este personaje, que ahora, ante el desgaste del gobierno, ha empezado a actuar como un opositor moderado”, afirmó Rosal.

Por otra parte, los diputados independientes —muchos de ellos expulsados de sus bancadas tras conflictos con los secretarios generales de sus partidos— han adquirido un peso estratégico. Actualmente, se estima que cerca de 50 legisladores condicionan su respaldo al oficialismo a cambio de una reforma a la Ley Orgánica del Organismo Legislativo. Su objetivo es recuperar privilegios como contar con asesores, presidir comisiones e integrar la Junta Directiva.

La oposición

La oposición del Congreso también ha jugado un papel clave en la crisis legislativa. Berganza, identifica a dos grupos de opositores: uno liderado por Allan Rodríguez y Felipe Alejos, y otro por la UNE, encabezado por Sandra Torres e Inés Castillo.

“Aunque tienen una imagen negativa ante la opinión pública, hemos visto cómo Rodríguez y Alejos junto a sus facciones han sido efectivos para bloquear la construcción de mayorías. Saben sabotear el quórum y paralizan la emisión de dictámenes en comisiones, lo que impide el avance de una agenda legislativa”, aseguró el director de DOSES.

En el caso de la UNE, Berganza señala que también actúa como fuerza opositora, aunque lo hace de forma distinta. A diferencia de Rodríguez y Alejos, que utilizan herramientas parlamentarias, Sandra Torres recurre a mecanismos extraparlamentarios para reforzar su posición, como ocurrió recientemente cuando convocaron al Congreso al Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) para que el líder magisterial Joviel Acevedo pudiera lanzar una iniciativa de diálogo nacional.

Negocios frustrados

Los diputados también se encuentran desesperados por razones económicas. Hasta la fecha, no han logrado ejecutar más de Q12 mil millones incluidos en unas cuestionadas asignaciones extraordinarias que los parlamentarios aprobaron para los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede). A pesar de que estos fondos fueron aprobados en 2023 para ser utilizados como plataforma de clientelismo político y obra pública controlada por legisladores, los procesos de ejecución están paralizados o sin avance físico.

A esto se suma la tensión con el Ministerio de Finanzas, ya que, aunque Covial ha adjudicado contratos de mantenimiento de carreteras a empresas vinculadas con diputados o sus aliados, la cartera de Comunicaciones aún no ha recibido disponibilidad financiera para pagar las estimaciones a las constructoras. Este retraso ha incrementado el malestar entre diputados oficialistas e independientes que esperan beneficios políticos y económicos de esos contratos.

En un intento por destrabar la ejecución de obras, los diputados oficialistas José Carlos Sanabria y Victoria Godoy Palala presentaron una polémica iniciativa de ley que busca agilizar la implementación de proyectos tanto en la administración central como en los Codede. Sin embargo, la propuesta genera preocupación, ya que flexibiliza los requisitos para contratar sin licitación y debilita los mecanismos de control y fiscalización del gasto público.

Lo que se viene

La parálisis legislativa afecta directamente temas estratégicos. En primer lugar, los diputados deben elegir a un sustituto para la diputada Karina Paz como primera secretaria de la Junta Directiva. También deberán ponerse de acuerdo para reemplazar a Jorge Castro como primer vicepresidente.

El Congreso envía un mal mensaje en términos de certeza jurídica, ya que ha incumplido con los plazos que los propios legisladores establecieron en la Ley de Competencia para elegir a un director titular y un suplente en la nueva Superintendencia de Competencia.

El presidente Arévalo envió hace unos días una iniciativa para reforzar las acciones contra el lavado de dinero y otros activos. La propuesta recibió recientemente elogios por parte de Tobin Bradley, embajador de los Estados Unidos, quien la calificó como un paso importante en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. 

A principios de septiembre, el Ministerio de Finanzas debe presentar el anteproyecto del Presupuesto General de la Nación 2026 y desde la segunda quincena de octubre, los diputados podrían elegir a la Junta Directiva que estará en funciones en 2026, una decisión clave debido a que el año entrante, el Congreso debe nombrar a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), designar a un magistrado titular y a uno suplente para la Corte de Constitucionalidad, y elegir al nuevo contralor general de Cuentas. Todas estas decisiones requieren mayorías calificadas que, hasta el momento, parecen políticamente inalcanzables.

Queda por verse si en los próximos meses el oficialismo logra construir una agenda legislativa de país o si, por el contrario, la relación entre el Ejecutivo y el Congreso continúa deteriorándose y los diputados legislan motivados por intereses propios y de negocios.