Mediante dos procesos de licitación pública el Organismo Judicial (OJ) adjudicó entre el 29 de agosto y el 1 de septiembre dos compras millonarias de camionetas de lujo de la marca Toyota. El primer evento de licitación consistió en la adquisición de 20 vehículos y tuvo un costo de Q9.7 millones.

Según las especificaciones técnicas de las bases de licitación contenidas en el NOG 26113678 de Guatecompras, las camionetas (con valor de Q487 mil) deben contar con motor turbodiésel de al menos 140 caballos de fuerza, 2,700 cc, transmisión automática, capacidad para seis pasajeros y tracción 4×4. Estas características son similares a modelos como el Toyota Hilux o la Toyota Fortuner.

La otra licitación identificada en Guatecompras con el NOG 27007790 estipula la compra de 15 camionetas por un monto de Q13.4 millones. Cada vehículo, está valorado en Q894 mil, debe contar con un motor twin turbo de 380 caballos de fuerza, 3,000 cc, transmisión automática secuencial y tanque de combustible de 28 galones. Estas especificaciones coinciden con la Toyota Land Cruiser.

En el caso de las 20 camionetas, el OJ fundamentó la compra en dos providencias internas de febrero de 2025 que ordenaban renovar parte del parque vehicular institucional. Según la justificación, los nuevos vehículos se adquirieron para reemplazar unidades con más de diez años de antigüedad que ya no resultan funcionales y para atender requerimientos de dependencias administrativas y órganos jurisdiccionales.

Por su parte, en el evento de licitación para la compra de las 15 camionetas, la solicitud de pedido planteó que los vehículos se destinarían “para el traslado de diferentes funcionarios públicos que laboran para la institución, quienes tienen que ser trasladados en vehículos funcionales para evitar cualquier contingencia y mantener su seguridad e integridad física”.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) está conformada por 13 magistrados titulares. La adquisición de 15 camionetas de alta gama se autorizó sin que el OJ detalle hasta ahora a qué dependencias o funcionarios serán asignadas, lo que deja abierta la posibilidad de que los vehículos se destinen a los 13 magistrados.

El presupuesto vigente del OJ para 2025 asciende a Q4 mil 865 millones. Sin embargo, según un reporte de la Coalición por la Seguridad Ciudadana, al 30 de junio la ejecución alcanzaba únicamente el 35.3 por ciento. Mientras el avance en el uso de los recursos ha sido bajo, el OJ destinó en tres días más de Q23 millones para renovar su flotilla vehicular.

Críticas a las adquisiciones

La exdiputada Nineth Montenegro cuestionó la millonaria inversión en camionetas de lujo en un contexto de carencias en el sistema de justicia.

“Me preocupa que no se ejecute en inversión social y solo se gaste en aspectos de funcionamiento. En aras de la transparencia los ciudadanos tenemos derecho a saber para qué funcionarios se van a utilizar estos vehículos”, señaló.

Montenegro pidió a la Contraloría General de Cuentas auditar los procesos de compra. “El dinero público debe priorizarse en inversión social y en agilizar procesos judiciales. Hoy los juzgados de niñez y los casos emblemáticos son demasiado lentos, mientras el Estado destina casi Q900 mil por vehículo de último modelo. No me parece lo más adecuado, creo que habría que evaluar si esta compra es válida y si responde a la situación de un país que tiene altos índices de desnutrición infantil, desempleo y falta de aplicación de justicia. Hay que ponerse la mano en la conciencia”, advirtió.

Desde el martes pasado, eP Investiga planteó estas dudas a Fredy Calderón, de Comunicación Social del OJ: ¿qué estudios técnicos o evaluaciones de necesidad respaldan la compra de 35 camionetas por Q23.1 millones; quiénes serán los usuarios finales de los vehículos; cuántas unidades estarán destinadas a altos cargos, incluyendo magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Además, se cuestionó si las camionetas cuentan con blindaje o si el OJ prevé contratar un servicio adicional.

Hasta el cierre de esta nota, la institución no había dado respuesta, lo que deja abiertas dudas sobre la transparencia y el destino final de los vehículos.