El Departamento del Tesoro de Estados Unidos solicitó al juez federal del Distrito de Columbia, quien sigue el caso de Luis Miguel Martínez Morales en contra de altos funcionarios de esa cartera, que rechace la demanda presentada por este y que mantenga vigentes las sanciones impuestas en su contra por corrupción, al sostener que se trata de una decisión discrecional del Poder Ejecutivo, vinculada a la política exterior y la seguridad nacional, y no de un asunto que deba ser reexaminado por los tribunales.

La postura del Gobierno estadounidense quedó plasmada en un memorando de 32 páginas, presentado el pasado 22 de diciembre como respuesta a la demanda de Martínez, contra los funcionarios de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) y del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Martínez contrató desde septiembre de 2024 al abogado Alexei Schacht, un defensor de narcotraficantes de alto perfil que ofrece sus servicios en su página web como un experto en ayudar con problemas de extradición.

“No es un juicio penal”

La respuesta de la defensa de los funcionarios estadounidenses al juez se dio luego de que Martínez y su abogado presentaran una Moción de Sentencia Sumaria a la cual los demandados se oponen y presentaron una contramoción y una oposición al documento presentado por el ex jefe del Centro de Gobierno de Alejandro Giammattei, también su pareja sentimental.

En esta, los demandados argumentan ante el juez que el proceso de sanciones no equivale a un juicio penal, ni exige una condena previa en Guatemala o en Estados Unidos. 

Según el memorando, las sanciones impuestas a Martínez son una herramienta de política exterior basada en la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA), que otorga al Presidente amplias facultades para actuar frente a amenazas que tengan su origen fuera del territorio estadounidense .

El Departamento del Tesoro señala que el juez debe aplicar un estándar de revisión “altamente deferente”, limitado a verificar si la decisión fue razonable, sin sustituir el criterio del Ejecutivo ni evaluar nuevamente la evidencia recopilada por las agencias federales.

Permitir una revisión de fondo, sostiene el Gobierno, implicaría que el Poder Judicial interfiera en decisiones reservadas constitucionalmente al Presidente en materia de política exterior y seguridad nacional.

“Martínez no niega la corrupción”

Uno de los elementos relevantes del documento es que, de acuerdo con el Gobierno estadounidense, Martínez no desmiente las acusaciones de corrupción que dieron origen a su designación.

Según OFAC, la defensa del exfuncionario no se centra en demostrar que no incurrió en actos corruptos, sino en argumentar que esos hechos, incluida la supuesta colusión para adjudicar contratos y la supuesta solicitud de sobornos, no representan una amenaza para Estados Unidos, por tratarse, según él, de actos “locales” ocurridos en Guatemala .

“El demandante no disputa que haya incurrido en corrupción. En cambio, argumenta que su conducta alegada no constituye una ‘amenaza inusual y extraordinaria’ para la seguridad nacional, la política exterior o la economía de Estados Unidos”, señala el documento.

El Tesoro rechaza ese planteamiento y recuerda que la Orden Ejecutiva 13818 no distingue entre corrupción local o internacional, ya que el Presidente declaró una emergencia nacional frente a la corrupción “alrededor del mundo”, por su impacto en la estabilidad política, la gobernabilidad democrática, el Estado de derecho y los flujos migratorios.

En otra parte del documento se señala que Martínez manifestó que los funcionarios demandados actuaron de manera “arbitraria y caprichosa”, al identificarlo como corrupto, “basándose únicamente en artículos periodísticos difamatorios”. 

Sin embargo, señala el documento que “al solicitar la reconsideración, el demandante nunca afirmó que no había incurrido en corrupción; y en cualquier caso, el expediente administrativo está repleto de información clasificada y/o sensible de las fuerzas del orden que confirma la conclusión de la OFAC de que el demandante no ha sido sincero con la OFAC y ha participado en un patrón de corrupción pública en Guatemala», indican los funcionarios estadounidenses.

El caso Sputnik V y otros señalamientos

Entre los hechos que sustentan la sanción, el Departamento del Tesoro menciona la supuesta solicitud de sobornos vinculados a la compra de 16 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V durante la pandemia de Covid-19, así como la colusión con otros funcionarios para adjudicar contratos públicos fuera del sistema oficial de compras del Estado guatemalteco.

Aunque Martínez ha argumentado que no fue procesado penalmente en Guatemala por estos hechos, la OFAC indica que las decisiones de fiscales o jueces locales “no son determinantes” para la imposición de sanciones bajo la legislación estadounidense.

Además, ratifica que existen otros elementos de corrupción, anteriores y posteriores a su designación, que refuerzan la decisión de mantenerlo en la lista de sancionados.

“La designación del demandante se basa en pruebas creíbles y sustanciales”, señala el documento de la defensa de la OFAC y el Departamento del Tesoro.

Y agrega que “el expediente administrativo deja claro que el demandante, un ciudadano extranjero, se desempeñó como jefe de una «poderosa agencia de nivel casi ministerial creada por el presidente guatemalteco Alejandro Giammattei; influyó en el proceso de contratación pública para beneficiarse a sí mismo y a sus allegados; se coludió con otros funcionarios del gobierno guatemalteco para adjudicar contratos ilegalmente a licitadores favorecidos fuera de Guatecompras, el sistema formal de adquisiciones del gobierno guatemalteco; utilizó una ley de adquisiciones anticuada para renunciar al proceso de licitación y obtener contratos gubernamentales para empresas en las que tiene un interés financiero; y solicitó grandes sobornos para facilitar la compra de las vacunas rusas Sputnik V por parte del Gobierno de Guatemala”, se lee en el documento.

El expediente completo, sólo para el juez

Martínez también alegó que no ha podido ejercer una defensa adecuada debido a las tachaduras en el expediente administrativo. Ante esto, el Tesoro reconoce que parte de la información está clasificada o protegida por razones de seguridad nacional.

Sin embargo, aclara que el juez sí podrá revisar el expediente completo, sin tachaduras, de manera confidencial (“ex parte” e “in camera”), una práctica autorizada por la ley en este tipo de casos.

“…los demandados tienen la intención de presentar ante el Tribunal, al finalizar la sesión informativa, el expediente administrativo, incluida cualquier información clasificada o protegida”, indica el memorándum.

Según el Gobierno, los documentos no clasificados entregados a Martínez, incluidas cartas formales y comunicados públicos, le proporcionan al exjefe del Centro de Gobierno información suficiente para conocer las razones de su sanción.

Discrecionalidad del Ejecutivo y amenaza a EE. UU.

El memorando también se centra en explicar la discrecionalidad de la que goza el poder Ejecutivo para decidir quién representa una amenaza a los intereses de Estados Unidos. El Gobierno enfatiza que el Congreso no estableció criterios rígidos ni exigió demostrar un daño concreto para aplicar sanciones bajo la IEEPA (International Emergency Economic Powers Act) ley que se utilizó para nombrarlo.

Esto significa que el Ejecutivo estadounidense puede sancionar a personas que, a su juicio, contribuyen a entornos de corrupción que debilitan instituciones democráticas y generan inestabilidad regional, incluso si los hechos no han sido juzgados penalmente ni ocurrieron en territorio estadounidense.

Al cierre del memorándum, el Departamento del Tesoro advierte que retirar las sanciones contra Martínez sentaría un precedente que permitiría a los tribunales interferir en una de las herramientas centrales de la política exterior estadounidense.

Una figura central del gobierno de Giammattei

Luis Miguel Martínez Morales fue uno de los funcionarios con mayor poder político durante el gobierno de Alejandro Giammattei. Aunque no ocupó un cargo de elección, dirigió el Centro de Gobierno, una instancia creada por Giammattei para su pareja sentimental, que operó como un ente de coordinación con influencia directa sobre ministerios, dependencias y procesos de contratación pública.

Desde esa posición, Martínez fue señalado en múltiples investigaciones periodísticas y denuncias públicas por ejercer control político y administrativo sobre decisiones clave del Ejecutivo, lo que le valió ser considerado uno de los hombres más influyentes durante el gobierno del entonces presidente Giammattei.

En diciembre de 2023, el Departamento del Tesoro lo sancionó bajo la Orden Ejecutiva 13818, que permite imponer medidas económicas contra personas involucradas en corrupción grave o violaciones a derechos humanos a nivel global.

Esta es la segunda vez dentro del proceso en la que el Departamento del Tesoro le dice a Martínez que la decisión de sancionarlo es la correcta y decide no eliminarlo de la lista Nacionales Especialmente Designados (SDN List por sus siglas en inglés).

Ahora, el juez deberá resolver si acepta el planteamiento del Departamento del Tesoro y desestima la demanda, o si considera que debe revisar con mayor profundidad la decisión del Ejecutivo estadounidense. 

Para esto, el juez puede optar por revisar el expediente completo, incluida la información clasificada que no ha sido entregada a Martínez, en un proceso confidencial o solicitar más información a las partes. 

Mientras se define la decisión del juez, las sanciones en contra de Luis Miguel Martínez continúan vigentes.