La fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP), Maria Consuelo Porras Argueta, deja el cargo este 16 de mayo tras ocho años al frente de la entidad. Su gestión será recordada por la persecución que desató en contra de jueces, fiscales, activistas de derechos humanos y periodistas. Además, se encuentra sancionada por más de 40 países por sus intenciones de “socavar la democracia”.

eP Investiga presenta un recuento de las compras realizadas por el Ministerio Público, mismo que fue elaborado por medio de la revisión de portales de datos abiertos durante 2018-2026.

Durante el tiempo en que Porras presidió el MP, esa entidad adjudicó Q1,343 millones distribuidos entre 1,284 proveedores. Sin embargo, de esa cantidad fueron 10 empresas las que concentraron el 49.5 por ciento del gasto total, que equivale a Q664 millones.

La más beneficiada, empresa cuestionada

La empresa que más dinero facturó al MP fue Constructora R y P Limitada, con Q303 millones en concepto de un único contrato firmado en abril de 2025 para la ampliación del edificio sede central de Gerona, según el NOG 23716347. La compañía es representada por Mario René Razuleu Guzmán.

Ese contrato equivale al 22.6 por ciento del total de lo que la institución gastó en ocho años, y fue adjudicado bajo la figura de convenio de financiamiento por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), una modalidad que excluye el proceso competitivo ordinario establecido en la Ley de Contrataciones del Estado.

eP Investiga reveló en mayo de 2025 que el MP incumplió con este préstamo, ya que la obra se empezó a licitar desde cuatro años atrás (2021), pero se atrasó en su ejecución. La misma debía realizarse por medio de una licitación internacional, pero finalmente se otorgó a la empresa local Constructora R y P Limitada. Su consorcio, MPO Constructores, S.A. de C.V. México (al cual pertenecía) fue señalado de corrupción por posible “sobrecosto” en la remodelación del edificio del Congreso de Puebla. También se le cuestionó por adjudicación de supuestas obras fantasma otorgadas por la Secretaría de Obras Públicas de Quintana Roo. 

La obra en el MP consiste en construir una tercera torre a la par de las dos ya existentes en el edificio Gerona, zona 1. Para ello se utilizan 24 mil 510 metros cuadrados de construcción donde antes funcionaba el parqueo.

Hasta el domingo, 10 de mayo, solamente se había ejecutado el 30 por ciento de la meta anual de trabajos establecida para este año. Mientras que en la parte financiera se habían desembolsado Q45 millones, es decir, un 14.8 por ciento del monto total del contrato.

El proyecto ha sido cuestionado por la escasa transparencia. El diputado de VOS, José Chic, citó a los representantes del MP en marzo pasado para que explicaran sobre los avances de este proyecto. El legislador se encontraba acompañado de auditores de la Contraloría General de Cuentas, sin embargo, nadie de la fiscalía general se presentó.

Pocos contratos, montos altos

La lista de proveedores más favorecidos sigue con Motores Panamericanos, S.A. que recibió Q82.4 millones en adjudicaciones de la fiscalía general en solo dos contratos, ambos para la adquisición de vehículos tipo pick-up. El primero, firmado en julio de 2019, fue por Q21.5 millones. El segundo, adjudicado apenas 15 meses después, en octubre de 2020, casi triplicó al anterior: Q60.8 millones.

En conjunto, la empresa se convirtió en el segundo proveedor más beneficiado por el MP en ocho años, detrás únicamente de la constructora que levantó el edificio sede.

El tercer lugar del ranking lo ocupa Uno Guatemala, S.A., fue la cadena de gasolineras a cargo de proveer combustible a la institución. Lo hizo mediante la venta de cupones canjeables. La empresa acumuló Q54 millones en tres contratos a lo largo del período: Q8 millones en 2019, Q22 millones en 2020 y Q24 millones en 2026. El gasto en combustible se triplicó entre el primer y el último contrato.

Cofiño Stahl y Compañía S.A, ocupa el cuarto lugar entre los proveedores más beneficiados por la administración de Porras, con Q45.5 millones distribuidos en siete contratos a lo largo del período. Su negocio con el MP fue prácticamente uno solo: vehículos. Seis de sus siete contratos fueron para la adquisición de pick-ups, paneles y unidades para uso de distintas dependencias de la institución, incluida la División de Investigación Criminal (DICRI). Solo uno de sus contratos, por Q27 mil 190, correspondió a un servicio de mantenimiento vehicular.

A diferencia de Motores Panamericanos, que concentró todo su monto en dos grandes licitaciones, Cofiño Stahl mantuvo una relación más continua con el MP: vendió vehículos en 2018, 2019, 2023, 2024 y 2025. Su contrato más grande fue en enero de 2024, por Q19 millones para la compra de pick-ups doble cabina destinados a varias dependencias. Casi todos sus contratos pasaron por licitación pública, con excepción de uno por cotización en 2024.

El quinto lugar lo ocupa Telecomunicaciones de Guatemala S.A.(Claro) con Q34.5 millones distribuidos en 14 contratos.  Los dos contratos más grandes fueron por licitación pública: Q14 millones en 2021 para telefonía celular e internet móvil a nivel nacional, y Q10.2 millones en 2024 para enlaces de datos. Luego figuran diez contratos más con cifras menores bajo los mismos conceptos.

Alquileres, construcción y gasolina

Tres categorías de compra explican el 73 por ciento del gasto total del período de Porras registrado en Guatecompras: construcción y remodelación (Q388 millones, 28.9 por ciento), arrendamiento de inmuebles (Q372 millones, 27.7 por ciento) y vehículos con combustible (Q223 millones, 16.6 por ciento).

Explicado de una forma más simple, de cada Q100 que gastó el MP entre 2018 y 2026, Q73 se destinaron a funcionamiento, ya sea a través alquileres o construyendo edificios propios; y a movilizar su flota vehicular. El gasto operativo del día a día para las fiscalías y sedes, pasó a segundo plano pues ocupó el 27 por ciento restante. Se compró tecnología, uniformes, insumos de laboratorio forense.

El rubro de arrendamiento es el que más destaca por su volumen y por la forma en que se ejecutó. El MP firmó 1 mil 798 contratos de alquiler de inmuebles durante el período, de los cuales el 85 por ciento se otorgaron a empresas y personas individuales, no con sociedades anónimas. Esos contratos suman Q236 millones. Entre los mayores beneficiarios individuales figuran Dora Graciela Vielman Flores (Q7.5 millones), Mayra Emilia Ascencio González (Q4.3 millones) y María Sujeiry Guzmán Duarte (Q4.1 millones).

La modalidad de arrendamiento de bienes inmuebles está amparada en el artículo 43, inciso e, de la Ley de Contrataciones, por esa razón no requiere proceso de concurso público, lo que limita la posibilidad de comparar precios y condiciones de otras ofertas.

¿Posible fraccionamiento?

La revisión de contratos adjudicados entre 2018 y 2026 identificó un patrón que la Ley de Contrataciones expresamente prohíbe en su artículo 81: el fraccionamiento. Esto consiste en realizar compras para mantenerse bajo el techo de Q90 mil que implicaría realizar procesos competitivos

El caso más destacado es el de Jorge Luis García Recinos, propietario de Gasolinera Super Servicio Shell Bonanza. Este proveedor, entre octubre y diciembre de 2018, adquirió 22 adjudicaciones del Ministerio Público, todas por exactamente Q90 mil. Este es el límite máximo permitido para compra directa sin necesidad de una cotización. El monto total acumulado fue de un millón 980 mil quetzales.