El 11 de octubre de 2021, el MP informó por medio de una nota de prensa que había hecho cambios en 11 fiscalías. Porras justificó los traslados bajo el argumento de que respondían a atender la mora fiscal y para “afianzar la continuidad de la efectividad del trabajo” que realiza el MP. En esa ocasión se nombró a Tomás Ramiérez López como fiscal de sección de la fiscalía de Derechos Humanos y se trasladó a Hilda Elizabeth Pineda García a la fiscalía de delitos contra turistas extranjeros.
El cambio fue sorpresivo porque Pineda García tenía una trayectoria de más de 10 años al frente de la fiscalía de Derechos Humanos, en la que había liderado casos importantes como el conocido como Genocidio contra el pueblo Maya Ixil, en el que coordinó al equipo que logró llevar a los tribunales al expresidente de facto José Efraín Ríos Montt y el general José Mauricio Rodríguez Sánchez, ambos ya fallecidos.
Otro de los casos emblemáticos que también fueron investigados por Pineda García es el denominado Creompaz, en el que se señalaron a militares por desapariciones forzadas. Durante las diligencias se localizaron 565 osamentas, pero todo lo actuado fue anulado el 5 de noviembre de 2024 por la Sala Segunda de Mayor Riesgo. También resaltan los casos Sepur Zarco, Molina Theissen y Diario Militar. Durante varias ocasiones, la fiscal Pineda fue denunciada por la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), una organización vinculada a grupos militares.
Menos de un año después de ser trasladada a la fiscalía de delitos contra turistas, Hilda Pineda fue destituida. Esto ocurrió el 30 de junio de 2022, casualmente el día que se conmemora al Ejército. Junto a Pineda también se removió a otras cuatro fiscales mujeres que tenían trayectorias relacionadas a derechos humanos: Sara Romero, Wendy Ordóñez, Nohemí Castillo y Elka Huitz.
El tiempo pasó, pero los cambios no cesaron: en noviembre de 2024 se destituyó a Erick de León, quien integró la fiscalía de Derechos Humanos y participó en las investigaciones del caso del Genocidio Ixil. Un mes después, el 3 de diciembre de ese año, se conoció de la destitución del jefe de sección de la Fiscalía de Derechos Humanos, Tomas Ramírez López.
Para Nery Rodenas, director ejecutivo de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, los cambios abruptos afectaron los procesos de personas que llevaban muchos años esperando por justicia, porque los nuevos fiscales han tenido que empezar de cero.
“Cuando más se necesita aportar en la persecución penal existen estos cambios que definitivamente han debilitado los procesos (…) Nosotros estábamos tramitando el caso del genocidio Ixil y previo a que se llegaran a las conclusiones se dieron ese tipo de cambios muy sorpresivos y parecería que es una forma de castigar a quienes han hecho bien el trabajo”, comentó Rodenas a eP Investiga.
Castigo por una sentencia histórica
El 12 agosto de 2025 se logró la sentencia por el caso Hogar Seguro en contra de seis exfuncionarios del gobierno de Jimmy Morales. Dos meses después de la sentencia, el fiscal Metropolitano, Dimas Jiménez y el Secretario General del MP, Ángel Pineda, firmaron la destitución de Edgar Oswaldo Gómez Pérez, el fiscal que había logrado la sentencia por el crimen contra las 41 niñas que murieron quemadas en 2017. Ese mismo fiscal también había trabajado en los casos contra Kevin Malouf, acusado por la muerte de Floridalma Roque.
Estas reestructuraciones internas se dieron en un contexto general de destituciones y cambios en el personal del MP, muchos sin procesos disciplinarios claros ni explicaciones públicas transparentes. El último informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) reveló que entre el 17 de mayo de 2018 y febrero de 2025, el MP registró un total de 97 remociones de fiscales de carrera, 30 destituciones, 374 traslados y 918 renuncias.
La postura del MP para la CIDH ante la salida de más de mil fiscales durante la gestión de Consuelo Porras fue que las destituciones se basan en la Ley Orgánica del MP, Pacto Colectivo y reglamento interno.
“No obstante, fiscales y exfiscales han resaltado que las decisiones se amparan en una interpretación discrecional del pacto colectivo y de la normativa interna. Del mismo modo, los mecanismos de impugnación resultan inefectivos en la práctica ya que los tribunales no gozan de independencia”, indica el informe de la CIDH.
Fiscal de Derechos Humanos en la lista Engel
Luego de la destitución de Tomas Ramírez López en diciembre de 2024, Porras optó porque una persona de su mayor confianza liderara la fiscalía de Derechos Humanos y decidió nombrar Noé Nehemías Rivera Vásquez.
Rivera Vasquez había sido hasta ese entonces jefe de la Fiscalía de Asuntos Internos. Logró crecer en el MP al investigar casos contra operadores de justicia y exfiscales como Juan Francisco Sandoval, Siomara Sosa, Claudia González, Paola Escobar, Erika Aifán y Virginia Laparra.
En diciembre de 2023, en medio de un período de transición de gobierno convulso en el que se señalaba Porras de fraguar un golpe de Estado, Rivera Vásquez fue incluído en la lista Engel de los Estados Unidos para actores corruptos. Junto a él fueron sancionados la fiscal Leonor Morales y Pedro Otto Hernández.
Según el Departamento de Estado de EE. UU. los tres fueron incluídos en esa lista por su participación “en acciones que socavan los procesos o las instituciones democráticas, en corrupción significativa y en obstrucción de investigaciones sobre actos de corrupción relacionada con contratos gubernamentales, soborno y extorsión, la facilitación o transferencia del producto de la corrupción», entre otros.
Alarmas por criminalización
Originalmente la Fiscalía de Derechos Humanos tenía como prioridad la investigación de delitos graves y la protección de quienes defienden las libertades fundamentales pero diversos estudios han documentado un cambio profundo en su práctica institucional.
Un informe del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y de Alianza por las reformas de sobre la gestión del MP durante el período 2018-2025, asegura que el sistema de justicia penal ha sido utilizado como un instrumento de criminalización.
“Más de 100 personas han salido al exilio, más de 60 están siendo procesadas en el país y seis personas se encuentran en prisión. Además, se han girado órdenes de captura contra exoperadores de justicia que cuentan con asilo político en otros países, y contra el personal de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que goza de inmunidad procesal, incluyendo el excomisionado Iván Velásquez”, detalla una de las conclusiones del estudio.
El año pasado, la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite visito Guatemala de nuevo y en su informe preliminar, concluyó que existe una sensación de devastación del Estado de derecho, por los casos documentados de persecución sistemática contra jueces, fiscales independientes, periodistas y activistas.
La Organización Mundial Contra la Tortura(OMCT) hizo un pronunciamiento en 2023, en el que señala a Porras de estigmatizar a organizaciones de derechos humanos por ejercer su derecho a la libertad de expresión.
La Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua), ha documentado miles de casos sobre agresiones a personas que ejercen la defensa de derechos humanos. En su informe más reciente se registra un crecimiento exponencial en el 2023 de 9 mil 496 agresiones versus 3 mil 617 registrados en 2022.
En 2023, organizaciones indígenas y de la sociedad civil protestaron en las calles para exigir el respeto de los resultados electorales. Hoy, cuatro exlíderes indígenas de los 48 Cantones de Totonicapán y de la Alcaldía Indígena de Sololá, han sido capturados y ligados a proceso penal por delitos como asociación ilícita, obstaculización a la acción penal, sedición y obstrucción a la justicia, pero la fiscalía ha intentado que también sean procesados por terrorismo.
