Durante su estadía, sostuvo reuniones con actores clave del sistema judicial, incluyendo jueces, fiscales, defensores públicos, abogados, legisladores, pueblos indígenas, representantes de la sociedad civil y funcionarios de los tres poderes del Estado. Además, visitó Alta Verapaz y Quetzaltenango para recabar información de actores locales.
En su informe preliminar, Satterthwaite identificó deficiencias estructurales que comprometen la independencia judicial en Guatemala.
Puntualmente, la relatora expresó preocupaciones sobre el proceso de selección de autoridades, la carrera judicial, la formación de profesionales del Derecho, la situación del Ministerio Público (MP), el fenómeno de la criminalización y las barreras al acceso a la justicia.
Estás son las 12 recomendaciones más relevantes emitidas por la Relatora que fueron publicadas por el Observatorio de Independencia Judicial:
- Reforma escalonada del poder judicial: impulsar reformas legales con participación ciudadana para establecer un proceso escalonado de renovación de magistrados y magistradas.
- Transparencia en la selección de autoridades: establecer criterios previos, entrevistas públicas y evaluaciones independientes para los procesos de selección. Excluir a aspirantes con vínculos con corrupción o crimen organizado.
- Evaluaciones de honorabilidad más rigurosas: incluir mecanismos de participación ciudadana en la evaluación de candidatos y garantizar que todas las decisiones de nombramiento sean transparentes y debidamente fundamentadas.
- Autonomía del Consejo de la Carrera Judicial: restablecerlo como un ente independiente, con recursos y procedimientos basados en mérito y transparencia.
- Prohibición de traslados arbitrarios: cualquier cambio de lugar o función de jueces debe contar con su consentimiento y justificación legal.
- Mejora de la formación jurídica: fortalecer la calidad educativa y garantizar la autonomía universitaria mediante acreditaciones independientes y evaluaciones periódicas.
- Reforma del CANG: el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) debe priorizar la ética profesional, garantizar procesos disciplinarios transparentes y recuperar la confianza pública.
- Gestión del personal del Ministerio Público: la fiscal general debe cesar las destituciones y traslados arbitrarios. Además, se deben publicar datos actualizados y resolver los reclamos laborales.
- Revisión de la Ley Orgánica del MP: adecuarla a estándares internacionales para proteger la independencia del ente investigador.
- Evaluación independiente del MP: crear un mecanismo externo para evaluar su funcionamiento, conforme a lo recomendado por la CIDH.
- Fin a la criminalización: el Ministerio Público debe cesar estas prácticas y el Poder Judicial revisar con urgencia los casos penales relacionados.
- Asignación aleatoria de casos: garantizar un sistema de distribución de casos judiciales libre de injerencias.
Finalmente, la relatora también instó al Congreso de la República a avanzar en reformas que aseguren la separación efectiva entre las funciones administrativas y jurisdiccionales de la Corte Suprema de Justicia.
Porras rechaza informe
Ayer, María Consuelo Porras, fiscal general y jefa del MP, rechazó el informe preliminar presentado por la relatora y aseguró que este no refleja los datos que se compartieron durante la visita, asegurando que lidera una institución “comprometida con la legalidad y la objetividad en cada investigación”.
“Actuamos conforme a la ley, sin políticas de criminalización, y nuestro trabajo se centra en garantizar justicia para todos los guatemaltecos”, afirmó.
Según Porras, el MP es una entidad de “puertas abiertas” e invitó a la población a solicitar información a través de la Unidad de Información Pública.
