El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, declaró procedente un recurso presentado por eP Investiga contra la negativa de información sobre investigaciones y procedimientos disciplinarios relacionados con las compras de alimentos para los comedores de la Policía. La resolución ministerial también reconoce que la respuesta original incluyó información ajena al caso y ordena que, si existen documentos que mezclan información pública con datos legalmente protegidos, estos últimos sean separados para permitir la entrega de la información.
Guatemala compra reconocimiento facial y videovigilancia con IA sin control ni ley de datos, lo que expone una serie de riesgos para la ciudadanía y el cumplimiento de derechos humanos. Pero además, el Estado gasta millones de quetzales en compras troceadas, mediante procedimientos que no son todo lo transparentes que la normativa internacional demanda. Varias de estas contrataciones se han hecho a empresas señaladas y con vínculos cuestionables.
En los últimos cuatro años, instituciones públicas en Guatemala adjudicaron al menos Q69 millones en servicios relacionados con Inteligencia Artificial para videovigilancia, la mayoría por municipalidades y casi siempre por compra directa, sin licitación pública. Algunas fueron a parar a empresas cuestionadas. Aunque su propósito es la seguridad ciudadana, esta tecnología —que en varios casos incluye reconocimiento facial— también implica riesgos para la privacidad y el derecho a la protesta, sobre todo en un país como Guatemala, que carece de ley de protección de datos personales.
La adjudicación más grande otorgada este año por el gobierno de Bernardo Arévalo a un contratista privado terminó en manos de Construcciones Integrales Avanzadas, S.A. (Ciansa). La Dirección General de Caminos (DGC) le adjudicó Q599.5 millones para pavimentar 35 kilómetros que conectan San Marcos y Huehuetenango en una licitación que únicamente recibió una oferta. La constructora que este año acumula más de Q756 millones en contratos públicos y cuyos vínculos empresariales con el operador político Gustavo Alejos continúan generando preguntas que, hasta ahora, permanecen sin respuesta.
La mitad de Q1,343 millones en compras adjudicadas durante la gestión de Porras favoreció a un grupo de diez empresas.
La red que obtuvo numerosos contratos estatales y evadió millones en el pago de impuestos mantiene activo un esquema de extracción de fondos públicos en la Policía Nacional Civil, basado en compras fragmentadas menores a Q25 mil. Bajo la empresa Grupo Empresarial Global, la estructura replicó el modelo que antes operó con Grupo Basado y solo en 2025 captó más de Q80 millones, mientras que en lo que va de 2026 ya suma otros Q23.4 millones.
La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) ha adjudicado algunos contratos para mantenimiento y reparaciones menores en el Estadio Doroteo Guamuch Flores. Sin embargo, no se reportan avances en intervenciones más críticas, como la gramilla y la pista de atletismo de ese recinto deportivo, tras el fallido contrato que fue prescindido en 2025.
El año pasado, la contratación pública del Estado movió miles de millones de quetzales concentrados en un número reducido de proveedores. Un análisis de los datos de Guatecompras revela cuáles fueron las empresas, personas individuales y organismos internacionales que captaron los mayores montos de contratos del gobierno central, las entidades descentralizadas, las municipalidades y las empresas públicas, así como los patrones de concentración que marcaron el uso del dinero público.
La Policía Nacional Civil otorgó un contrato millonario a uno de los nuevos constructores que ganó una fortuna durante la administración de Alejandro Giammattei.
El presidente Bernardo Arévalo afirmó en conferencia de prensa que a finales de año se estará presentando una nueva ley de compras y contrataciones, la cual indicó que será una “ley moderna” para acelerar y transparentar los procesos públicos.
