El pasado 17 de abril, la Dirección General de Caminos (DGC), entidad adscrita al Ministerio de Comunicaciones, adjudicó a la empresa Construcciones Integrales Avanzadas, S.A. (Ciansa) el proyecto de mejoramiento de la Ruta Departamental San Marcos 52, en el tramo comprendido entre Concepción Tutuapa, San Marcos, y la bifurcación de la Ruta Nacional 7-W en la aldea Islam, municipio de Cuilco, Huehuetenango.
La obra, identificada en Guatecompras con el NOG 28872061, contempla la intervención de aproximadamente 35 kilómetros de carretera y constituye la adjudicación más grande realizada en lo que va de este año por parte de la administración de Bernardo Arévalo a un contratista privado.
Las especificaciones técnicas describen que el tramo atraviesa principalmente zonas montañosas donde las pendientes superan el 19 por ciento. Actualmente la ruta cuenta con una superficie de rodadura de terracería que evidencia trabajos de mantenimiento en buena parte del recorrido y posee un ancho promedio de siete metros.
En caso de requerirse áreas adicionales de derecho de vía, estas deberán justificarse mediante planos firmados por el diseñador y el superintendente del proyecto, con visto bueno del supervisor y autorización previa de la división correspondiente.
La licitación que solo atrajo a una constructora
Aunque se trata de una inversión pública cercana a los Q600 millones, los registros de Guatecompras muestran que únicamente una constructora presentó oferta. Ciansa fue la única participante en el concurso convocado por las autoridades de Caminos.
El expediente también evidencia que durante el proceso no se registraron inconformidades, observaciones, impugnaciones ni cuestionamientos a las bases de licitación. La ausencia de competencia resulta llamativa debido al tamaño del proyecto.
Usualmente en concursos de esta magnitud suele existir interés de varias constructoras, ya sea para competir por el contrato o para plantear observaciones sobre los requisitos técnicos, financieros o administrativos establecidos por la entidad contratante. En este caso, la licitación avanzó sin oposición hasta concluir con la evaluación de una única oferta.
La afortunada constructora
Ciansa, la empresa beneficiada pertenece al constructor Elfrid Josué Méndez Peláez y fue constituida en febrero de 2008. Desde entonces, la constructora ha acumulado más de Q2 mil 500 millones en adjudicaciones estatales, lo que la convierte en uno de los contratistas gubernamentales con mayor presencia en el negocio de la obra pública.
La adjudicación de Q599.5 millones también marca el regreso de la empresa a los grandes contratos estatales. Los registros en Guatecompras muestran que la constructora de Méndez Peláez no había obtenido adjudicaciones desde 2022.
La situación cambió este año debido a que solo en lo que va de este año, la constructora acumula Q756.1 millones en contratos de obra pública. Además del proyecto adjudicado por Caminos, recibió otro contrato por Q156.6 millones mediante el mecanismo especial de emergencia contemplado en el artículo 95 de la Ley de Infraestructura Vial, el cual permite a las autoridades del Ministerio de Comunicaciones asignar contratos a dedo eludiendo los controles establecidos por la Ley de Contrataciones del Estado.
Esa obra en específico corresponde a trabajos en 20.5 kilómetros de la carretera CA-02 Occidente, entre Escuintla y el desvío hacia Siquinalá. La intervención contempla recuperación de la estructura vial, bacheo profundo, mejoras en drenajes y colocación de una nueva carpeta asfáltica.
Contratista en cinco gobiernos
Guatecompras también evidencia que Ciansa ha mantenido una presencia constante en la contratación pública durante distintas administraciones. Durante el gobierno de Álvaro Colom, entre 2008 y 2011, período en el que Gustavo Alejos fungió como secretario privado de la Presidencia, la empresa acumuló adjudicaciones y publicaciones por Q281.1 millones.
Durante la administración de Otto Pérez Molina obtuvo contratos por Q98.5 millones. Durante el gobierno de Jimmy Morales incrementó significativamente su participación en la obra pública. Entre 2017 y 2019 acumuló Q534.3 millones en adjudicaciones, incluyendo cuatro contratos que sumaron Q297.8 millones únicamente en 2019.
Con Alejandro Giammattei recibió una adjudicación por Q895 mil 666 en 2021 y tres contratos por Q830.5 millones en 2022, la cifra anual más alta obtenida por la empresa hasta entonces. Después de tres años sin nuevas adjudicaciones, la constructora reapareció en 2026 con contratos que ya suman Q756.1 millones.
La trayectoria muestra que Ciansa ha logrado captar contratos relevantes bajo los gobiernos de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), el Partido Patriota (PP), FCN-Nación, Vamos y Movimiento Semilla.
Las conexiones con Gustavo Alejos
La constructora también ha sido objeto de múltiples investigaciones periodísticas relacionadas con su estructura accionaria. Una publicación de Con Criterio reveló que dos sociedades offshore constituidas en las Islas Vírgenes Británicas a través de la firma Mossack Fonseca figuraban como propietarias de Ciansa. Según esa investigación, una de ellas, Lashmar, S.A., pertenecía al empresario y operador político Gustavo Alejos.
Alejos fue sancionado por Estados Unidos en abril de 2021 bajo la Ley Global Magnitsky, mecanismo utilizado para imponer sanciones económicas y restricciones a personas señaladas por actos significativos de corrupción.
Elfrid Josué Méndez, propietario de Ciansa, ha rechazado que Alejos haya sido socio de la constructora y en una carta de aclaración enviada a Plaza Pública afirmó ser el accionista mayoritario de la empresa y aseguró que Alejos no tenía participación dentro de Ciansa.
Recientemente el abogado Alfredo Brito, quien fue secretario de Comunicación Social de la Presidencia durante el gobierno de Jimmy Morales, solicitó a eP Investiga una reunión para que Méndez expusiera su versión y pidiera que no se le continuara vinculando con Alejos.
Durante la reunión virtual realizada el 2 de junio, Méndez reconoció que mantiene amistad con Alejos, aunque afirmó que la participación del empresario y operador político dentro de Ciansa ocurrió únicamente entre 2014 y 2015. Según su versión, esa relación empresarial terminó debido a un incumplimiento de Alejos.
eP Investiga solicitó documentación que respaldara esas afirmaciones y permitiera verificar que la participación de Gustavo Alejos en la constructora había concluido. Sin embargo, al cierre de esta nota, ni Elfrid Josué Méndez ni Alfredo Brito habían entregado la documentación requerida para sustentar esa afirmación.
La otra empresa de Méndez
La presencia de Méndez en la contratación de obra pública no se limita a Ciansa y el constructor también reconoció ser propietario de Tracser, S.A., una empresa que recientemente obtuvo un contrato por Q176.3 millones mediante el mecanismo especial previsto en el artículo 95 de la Ley de Infraestructura Vial.
La adjudicación corresponde a trabajos de mantenimiento vial en 39.2 kilómetros de la ruta CA-02 Occidente, en Quetzaltenango, entre el kilómetro 198 y el 237+200, incluyendo sectores como San Miguelito, Flores Costa Cuca y Coatepeque.
Una investigación publicada recientemente por eP Investiga documentó que Tracser fue constituida el 12 de abril de 2000 por Jaime Alfredo de León Rizo y Arnoldo Monroy Arrecis. Posteriormente, el 20 de junio de 2015, la empresa modificó su estructura societaria, amplió su capital social autorizado a Q100 millones y fijó el capital suscrito y pagado en Q2 millones.
Los nuevos accionistas capitalizaron un estudio de prefactibilidad relacionado con el proyecto “Dragado y Protección II, fase Boca Barra Chapetón y canales aledaños Santa Rosa del municipio de Chiquimulilla”. Como resultado de esa operación, Antonio Eliceo Suruy Velásquez y Edgar Senel Méndez Lara recibieron cada uno 4 mil 250 acciones equivalentes al 50 por ciento del proyecto aportado. Además, Edgar Senel Méndez Lara suscribió otras 4 mil 250 acciones mediante aporte industrial.
La estructura societaria permitió identificar conexiones empresariales alrededor de Tracser. Suruy Velásquez ha fungido como superintendente de 4 Carriles, S.A., empresa en la que Elfrid Josué Méndez Peláez también figura como accionista mayoritario.
CIV sin pronunciarse
Desde el jueves pasado, eP Investiga consultó al Ministerio de Comunicaciones sobre las razones por las que una licitación de Q599.5 millones recibió una sola oferta, si la institución analizó la ausencia de otros competidores, si considera que las bases promovieron una competencia efectiva y cuáles fueron los fundamentos técnicos y legales para adjudicar el contrato a un único participante.
También se solicitaron detalles sobre los beneficios esperados de la obra y las razones para priorizar el proyecto dentro de la planificación vial. Al cierre de esta nota, la oficina de comunicación informó que aún no contaba con las respuestas de las autoridades.
