Más allá del discurso de cambio, el manejo de la obra pública expone los límites reales del gobierno de Bernardo Arévalo. Investigaciones periodísticas revelan que diputados, redes de constructores señalados y financistas continúan influyendo en la asignación de contratos de infraestructura, obligando al Ejecutivo a administrar un sistema de contratación diseñado para resistir cualquier intento de transformación.